A pesar de ser un delito recurrente y que este año ha cobrado cinco vidas en San Gabriel, en Jalisco las denuncias por tala clandestina son mínimas.En 2018, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibió apenas seis reportes sobre este ilícito, y entre enero y marzo de este año, ninguno.Sin embargo, de diciembre a la fecha se han logrado aseguramientos importantes y al menos 10 arrestos de traficantes de madera en localidades serranas como Talpa y Mascota.Gerardo González, académico del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), destacó que esta es otra herencia de la impunidad que ha imperado en el país durante años.“La gente evidentemente no denuncia, incluso sabiendo quién es (el delincuente), porque aquello podría terminar no sólo en la impunidad del delito, sino en represalia”.Comentó que la Profepa no cuenta con personal suficiente para vigilar y sancionar los delitos ambientales. “Justo en este sexenio parece que la política es no tener inspectores en diferentes áreas y eso incluye a la Procuraduría”.A principios de junio, un deslave prácticamente sepultó en lodo la zona Centro del municipio de San Gabriel y dejó tres mil damnificados. El hecho ocurrió tras desbordarse el Río Salsipuedes, un fenómeno que se atribuyó a la deforestación provocada por los incendios registrados durante el estiaje. Cinco personas murieron como consecuencia de este evento.El gobernador, Enrique Alfaro, reconoció que “los procesos de tala clandestina” reblandecieron el suelo. Por su parte, Sergio Graf, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), añadió que el Estado hará lo propio para dar con los responsables y aplicarles la ley.“La Federación (Profepa y Fiscalía General de la República) es quien tiene las atribuciones legales para actuar”, acotó al referirse a las áreas operativas que deben dar seguimiento a la denuncia.San Gabriel fue declarado zona de desastre el pasado 13 de junio. Aún hay una persona de la tercera edad desaparecida. Las autoridades han reconocido que, debido a la tala clandestina, no es posible descartar que otro hecho similar ocurra durante el temporal.Ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que, según su propia misión, es la institución encargada de “combatir los focos rojos que atentan contra las riquezas naturales de nuestro país, como la tala clandestina”, sabe cuántas hectáreas han sido afectadas en Jalisco por ese delito.De acuerdo con información obtenida vía Transparencia, entre 2010 y hasta marzo de 2019 la Procuraduría ambiental tuvo injerencia en 198 denuncias. Y de ellas, en 144 (siete de cada 10) no recibió información sobre las hectáreas de arbolado que resultaron afectadas por la devastación deliberada y clandestina en zonas forestales.El Artículo 175 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable dice que “cuando la Procuraduría detecte la posible comisión de infracciones a la Ley o el presente Reglamento en flagrancia, levantará un acta circunstanciada”, que incluye el área afectada. Eso no ocurrió en siete de cada 10 casos en la década.Para aclarar la información, este medio buscó entrevista con la delegación estatal de la Profepa. No se obtuvo respuesta.En Jalisco, la tala ilícita se convirtió en un delito prácticamente impune, pues en los seis meses que lleva la administración, la Secretaría de Seguridad del Estado (SS) reporta a 10 personas detenidas y 12 vehículos asegurados en Zapotlán el Grande, Valle de Juárez, Talpa de Allende, Mascota, Cuautitlán de García Barragán, Cocula, Autlán de Navarro, Atenguillo y Puerto Vallarta. Pero esto es sólo como resultado de los patrullajes que realiza la Policía estatal por las vías carreteras y zonas rurales de Jalisco, ya que las denuncias de la ciudadanía prácticamente no existen. Según expertos, esto ocurre porque los testigos de la tala ilegal temen represalias por parte del crimen organizado.El proceso que siguen los uniformados al ver un vehículo cargado con madera es verificar que los conductores cumplan con los requisitos de ley. Es decir, que cuenten con la documentación necesaria para acreditar la legalidad de su carga. Después, con la Profepa, validan los documentos que se les presentan. Y si no ocurre así, la madera es asegurada y tanto el conductor como el vehículo son puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.No sólo los huertos de aguacate han crecido en cantidad y dimensión, en detrimento de la vegetación forestal nativa de Jalisco. El estudio “Mapa de frontera forestal del Complejo Volcánico de Colima y cobertura de vegetación de la Sierra del Tigre” revela que también los duraznos y las berries, entre otras, poco a poco han cambiado el ecosistema forestal del Estado.Tan solo para el área del Volcán de Colima, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) señala que se han perdido poco más de 18 mil hectáreas de bosque templado y selvas por deforestación, de las cuales casi 15 mil podrían deberse a cambios por agricultura. En general, la deforestación afectó casi 11% de la cobertura vegetal natural en la zona.Además, de acuerdo con este estudio, los huertos en la Sierra del Tigre causaron una pérdida de 27 mil 623 hectáreas en cuatro años en los bosques, pues pasaron de mil 260 en 2003 a 28 mil 883 en 2017.El último individuo que ha sido detenido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en lo que va de este año transportaba 141 trozos de madera de origen irregular y fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), donde se encuentra bajo investigación.El hombre, identificado como Amos “N”, de 59 años, fue arrestado sobre la vía Guadalajara-Morelia, manejaba un tráiler azul que remolcaba una plataforma con los trozos de madera y no contaba con la documentación necesaria para acreditar que ésta era legal.Sobre este hecho, los oficiales se comunicaron con el agente ministerial de la FGR, el cual ordenó que le remitieran al sospechoso junto con el vehículo para indagar el origen del material.Desde que inició la administración estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha registrado los siguientes resultados:Estos resultados se han registrado sólo en ocho de los 125 municipios del Estado.De acuerdo con el Código Penal del Estado, en su Artículo 290, quien se involucre en la cadena del delito de tala clandestina recibirá una pena de entre uno y tres años de prisión, y de 300 a tres mil días de salario mínimo como reparación del daño. Esto para quien “realice actividades de producción, almacenamiento, transporte, abandono, desecho, descarga, lo ordene o autorice o realice cualquier otra actividad” similar relacionada con actos que contaminen o alteren el suelo. Esa, como se demostró en San Gabriel, es una de las secuelas de la tala clandestina.Gerardo González Cuevas (académico del CUCBA) Como tal, la tala clandestina es el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales. Y en muchas ocasiones se comete incluso en detrimento de propietarios de reservas privadas.La incidencia en ese delito es tan alta que, según el académico, existe un mercado negro de madera del que no se lleva un registro, pero “se estima que pudiera ser la mitad de la madera detectada a nivel nacional, y hay académicos que piensan que puede ser hasta más. Desgraciadamente no puede ser comprobado por la sencilla razón de que no hay un registro”.Para González, el crimen organizado y la impunidad, además de la falta de cultura de la mayoría de los habitantes, provocan que la tala ilícita no se denuncie ni cause una movilización tan grande como la que causaría, por ejemplo, que alguien maltrate a un perro.“Los animales son más próximos a nosotros porque se adaptan al comportamiento humano, hay una empatía mayor. Y las plantas, al ser humano le cuesta integrarlas con ese mundo”, indicó.Esa educación, concluyó, inicia desde el hogar e incluso se refleja en el sistema educativo nacional, el cual “es omiso en ese sentido porque no nos pone al mundo vegetal en perspectiva, con la importancia que realmente tiene, porque la vida del planeta se basa en la producción vegetal. Es una falta de educación generalizada”.El sábado 25 de junio de 2011, una tromba que se registró en el Sur de la metrópoli provocó el deslave del Cerro Viejo. Esto ocurrió antes de las 21:00 horas.El río de lodo alcanzó cuatro manzanas del poblado de San Miguel Cuyutlán; los carros parecían lanchas. Para el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, los incendios registrados durante el estiaje en ese lugar contribuyeron al desastre. La ausencia de vegetación en la zona contribuyó a que las corrientes de agua generadas por el aguacero cobraran mayor fuerza, arrastrando todo a su paso.Ismael del Toro, quien entonces era secretario general del municipio, afirmó que esa situación no se había presentado desde hace 60 años, por lo que áreas como Protección Civil, Ecología y Obras Públicas sumaron esfuerzos para evitar que el evento ocurriera después. En esa ocasión, aproximadamente 100 personas contribuyeron a los trabajos. Y tras el desastre, 13 viviendas tuvieron daños estructurales; además, 20 vehículos fueron alcanzados por el lodazal. También se reportaron 12 heridos, aunque sólo dos de ellos con lesiones de consideración; el resto no requirió hospitalización.
