Carlos tiene cinco años en una empresa que lo registró ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un salario más bajo del que percibe, lo que le afecta también en su prestación del Infonavit. Firma varios contratos al año y no recibe ni aguinaldo.Del millón 919 mil 289 trabajadores ocupados en formalidad en Jalisco, 357 mil 165 (19%) laboran bajo el esquema de outsourcing (subcontratados); es decir, uno de cada cinco, según los censos económicos 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).De acuerdo con la cifra más actualizada al tercer trimestre del año pasado, Jalisco rebasa el promedio nacional de 17%, equivalente a cuatro millones 536 mil 580 mexicanos en formalidad igualmente subcontratados.La subcontratación está contemplada en la Ley Federal del Trabajo y se define como un servicio que pueden proveer ciertas empresas para dotar de trabajadores especializados en actividades que el contratante no lleva a cabo. Sin embargo, el esquema se ha prestado a actos de simulación que afectan los derechos de los trabajadores de México y al fisco federal mediante la evasión del pago de prestaciones e impuestos.Hace unas semanas, el senador Napoleón Gómez Urrutia propuso una iniciativa con la que pretende que estas empresas operen estrictamente bajo los parámetros de la ley.En el dictamen, que fue aprobado en comisiones de la Cámara alta (aunque actualmente se encuentra frenado), se propone que “los actos simulados puedan ser investigados, juzgados y sentenciados”.También hay otros dictámenes en esta materia en la Cámara de Diputados, pero ninguno de ellos ha avanzado.Representantes de la Iniciativa Privada coinciden en que la subcontratación legalmente aplicada es un elemento fundamental para la competitividad del Estado y que la autoridad debe avocarse en sancionar a las compañías que hacen mal uso de la figura.Sofía Pérez Gasque, del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), destaca que debe haber vigilancia y transparencia en las empresas; Rubén Masayi González Uyeda, del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), se dice de acuerdo en que se sancione a empresas que abusen del outsorcing y Mauro Garza Marín, de Coparmex Jalisco, sugiere que se elimine la etiqueta de trabajador temporal.El trabajador es el más afectado con las empresas ilegales de outsourcing, coinciden especialistas en la materia, pues es el que se encuentra en condiciones más difíciles y termina aceptando perder sus derechos para conservar su empleo.Entre las prácticas ilegales más dañinas de la figura está la simulación de contratar temporalmente a trabajadores, aunque estos estén ya permanentemente en el puesto.Ignacio Román Morales, académico del departamento de Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), refiere que esta modalidad se convierte en una lógica de contratación que lamentablemente afecta a los trabajadores de los niveles más ‘amolados’.Explica que por eso urge “suprimir aquel trabajo subcontratado asociado a actividades de carácter permanente que es irregular. Que el trabajo de carácter regular no sea efectuado a partir de trabajadores subcontratados donde la subcontratación implique la pérdida de sus derechos”.“Que se pague un salario equitativo con las actividades que están realizando los trabajadores, debido a que, si una persona está subcontratada y otra no, la primera recibe un sueldo más bajo por hacer lo mismo. Que no se genere una situación de discriminación en trabajos similares”.Añade que lo anterior implica “que no genera antigüedad y esto le creará problemas enormes para su jubilación”, además de que no hay un pago regular y permanente de la seguridad social.Por su parte, Moisés Alarcón, coordinador de la licenciatura en Economía en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), concuerda en que las agencias que subcontratan tienen la intención de condicionar el contrato para que se renueve constantemente. Le parece injusto porque genera condiciones indignas de trabajo.Asegura que “el objetivo principal de la regulación es que no se puedan evadir o eludir impuestos por parte de las empresas”.De realizarse la reforma, las compañías sí incrementarán los costos laborales a corto plazo porque es algo “que han estado evitando”.El punto positivo de la iniciativa, opina José Antonio Gutiérrez, académico de la Universidad Panamericana (UP) “es alentar la contratación legal, que los patrones paguen el reparto de utilidades y que se den garantías de seguridad social a los trabajadores”.El datoEl senador Napoleón Gómez Urrutia señala que la evasión fiscal por los abusos en esta figura representa un monto de 500 mil millones de pesos, de los cuales, 50 mil millones de pesos corresponden a recursos que no ingresaron al IMSS. Pretende reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social para garantizar los derechos laborales del trabajador subcontratado. Señala que las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la de Economía (SE) deben implementar un sistema de gestión de empresas de outsourcing y la creación de un Registro Nacional de empresas de este tipo.Prevé multas y otras sanciones a aquellas compañías que simulen la subcontratación, considerándola un delito en perjuicio de los trabajadores, del fisco federal o del IMSS. Plantea inmunidad penal a quienes cooperen para recopilar información que permita combatir los abusos en esta figura. También tiene como objetivo que se paguen a los trabajadores las prestaciones que se les adeudan y la mitad de las contribuciones fiscales que evadieron.Fue avalada el 3 de diciembre por unanimidad por los senadores de Morena, PES y PT, integrantes de las Comisiones Unidas del Trabajo y Estudios Legislativos Segunda. Aún falta que la vote el pleno.Representantes de la Iniciativa Privada (IP) solicitan que se realicen foros mediante parlamento abierto para analizar los puntos que serán aprobados en la reforma de ley para regular el outsourcing y que se les escuche. Con ello quieren evitar que los cambios sean una “cacería de brujas” que dañen la inversión y el desarrollo empresarial.“Estamos pidiendo un proceso de parlamento abierto donde se den estas discusiones. Que se regulen y las podamos seguir utilizando”, señala Mauro Garza Marín, presidente de la Coparmex Jalisco.Dice que, si no se revisan con cuidado los cambios, “lejos de abonar al crecimiento del país y a la formalización, lo que va a abonar es a una reducción muy significativa de fuentes de empleo porque muchas de las empresas utilizan este mecanismo de manera formal y que al verse restringido buscan otros destinos para inversión y no nuestro país”.Comparte que la figura ayuda a hacer eficientes los procesos de selección y capacitación de la plantilla laboral de las empresas: “Se encuentra normado y por lo tanto abona a la formalización, 50% de la economía del país está en la informalidad. Aquí por lo menos estamos abonando y tienen derechos (los trabajadores) en la parte de la formalización”. Añade que se debe usar “como un proceso de introducción, no para dejar a los empleados de manera permanente en ese esquema”.Sofía Pérez Gasque, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), comparte que el 75% de las empresas de las mujeres son de servicios y no tienen la capacidad técnica o de personas especializadas en ciertas áreas. Debido a ello, subcontratan a un contador, a un ingeniero o a alguien que ayude en el manejo de tus nóminas.“A veces no tienen ciertos puestos o perfiles que pudieran cubrir esa función y en muchas ocasiones tampoco da el capital o recurso monetario de las Mipymes para poderlo hacer”.Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del CCIJ, explica que la subcontratación les da flexibilidad porque les evita la problemática de tener gente en espera de que venga un nuevo trabajo para reconfigurar sus líneas de producción.“Es ahí donde radica la estrategia para ser competitivos a nivel global. Si ahorita nosotros estuviéramos contratando a alguien te aseguro que te tardas un mes. Ellos tienen toda una visión de necesidades de toda la industria en Jalisco y en México”.Sin embargo, González Uyeda advierte que esto no lo ve como un tema recaudatorio, “más bien parece que quieren quitarle competitividad a la industria. Yo atribuyo esto a exigencias del extranjero, si vamos a cuidar nuestra economía, a darle al país certidumbre para la inversión pues no tenemos que caer en estas cosas”.Marco jurídico, con lagunas y falta de supervisiónAunque la Ley Federal del Trabajo prevé desde el año 2012 (Artículos 15-A al 15-D) lo que está permitido en materia de subcontratación, hay lagunas y falta de supervisión que permiten abusos.“Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”.La norma también señala que el outsourcing “no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo”.