Tenía siete tatuajes. Entre ellos un cristo en el hombro izquierdo y la palabra mamá en el pecho. También las imágenes de dos mujeres con sombrero. 

Su cuerpo llegó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) el pasado 2 de enero. Tenía entre 66 y 70 años. Aunque fue registrado bajo el nombre de Valentín Solís, hasta la fecha nadie lo ha buscado.

Valentín fue el primero de los 722 cadáveres que ingresaron al IJCF del 1 de enero al 7 de julio de este año, los cuales no han sido reclamados por sus familiares y permanecen al resguardo de la institución, de acuerdo con el registro de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI). 

Sin embargo, sólo se han inhumado 146 en alguno de los panteones destinados para este fin en Jalisco: dos de cada 10. 

Ese promedio es menor que en 2019, cuando se documentaron 759 cuerpos sin identificar y fueron enterrados 231 (tres de cada 10).

De acuerdo con el director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Luis Octavio Cotero, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, debe darse prioridad a la inhumación de los cadáveres que cuenten con todos los datos necesarios para su posterior identificación.

Si bien la baja podría corresponder a los retrasos que provocó la pandemia por el nuevo coronavirus, Cotero añadió que esto perjudica porque expone las fallas dentro del instituto para la toma de huellas dactilares, de ADN, pero también de la información requerida para que sean identificados. 

Se solicitó al IJCF información sobre la ubicación de los cuerpos y si los espacios refrigerantes de los que dispone son suficientes para su resguardo, pero no respondió a una entrevista.

Incompleto, el registro de cuerpos sin identificar en Ciencias Forenses

Como parte de las recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, a partir de la crisis del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que se evidenció en septiembre de 2018,  en octubre del año pasado fue presentado por las autoridades el registro de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI).  Hoy reporta, a través de su plataforma, que resguarda los cuerpos de mil 806 cadáveres, pero la cifra corresponde sólo a los cuerpos registrados a partir de septiembre de 2018, mes en el cual se dio el escándalo internacional por los tráileres refrigerantes en los cuales se almacenaban los cadáveres de las personas no identificadas.  

Lo anterior representa que, por lo menos de manera pública, no hay información sobre los cadáveres ingresados en años previos, mediante la cual se pueda realizar la identificación de las personas fallecidas “de forma accesible a las personas que acuden en busca de sus familiares o seres queridos”, tal como lo solicitó la CEDHJ en la recomendación 10/2019, emitida en mayo de 2019. Y pese a que durante el anuncio de su presentación, hace casi un año y medio, se dijo que los registros serían actualizados con la información anterior. 

El 22 de octubre de 2019, este medio de comunicación dio a conocer que el instituto no tenía certeza de la existencia de documentos o información correspondiente a 2017 y principios de 2018, “debido a que no se llevó a cabo algún acto de entrega-recepción por parte de la administración anterior”.  Y que “luego de concluir un proceso de investigación por parte del órgano de control del instituto, así como la revisión y la captura de las evidencias documentales que se han localizado en los archivos”, se daría a conocer la información relacionada con los mismos. 

Aunque se cuestionó al organismo sobre el paradero y la información de los cuerpos ingresados al IJCF antes de septiembre de 2018 y sobre el avance de dichas indagatorias internas, hasta anoche no hubo respuesta.  

Para el director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Luis Octavio Cotero, el hecho de que los registros no sean actualizados afecta a las familias que buscan a sus desaparecidos, pues no cuentan con la información necesaria para localizarlos. “Por lo menos deberían compartir  los datos de ADN de estas personas para que las familias puedan cotejarlos con sus familiares,  pero esto ni siquiera se hace. Eso perjudica de manera grave porque quienes padecemos esta situación, porque no encontramos a nuestros desaparecidos, es una tortura saber cuál fue su destino. No sólo se trata de resguardar los cuerpos, sino de atender toda la problemática que hay detrás, dónde se resguardan, cómo lo hacen”.

DATO

En la mayoría de las inhumaciones no fue posible determinar la edad

• De las mil 073 inhumaciones de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI) hechas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) desde enero de 2017 hasta el pasado 7 de julio, en 493 casos no pudieron establecer la edad de las víctimas, debido a las condiciones en las que se encontraban.
• De acuerdo con la Unidad de Transparencia del IJCF, el grupo de aquellos cadáveres en los cuales sí se pudo establecer la edad fue el de 31 a 40 años, en el cual se encontraban 162 víctimas, seguido por el grupo de 20 a 30 años, que reportó 124 cadáveres inhumados, y de 41 a 50 años, con 114 cuerpos sepultados.
• En el rango de las personas menores de 20 años se reportaron 21 víctimas sepultadas; sin embargo, no se especificó si en este grupo había niños o personas menores de edad.

GUÍA

Panteón forense, con más de dos años de retraso 

• De las mil 073 inhumaciones de Personas Fallecidas Sin identificar (PFSI) realizadas de enero de 2017 al 7 de julio de este año, 207 fueron hechas en el Panteón de Coyula en Tonalá, 380 en el Panteón Guadalajara y 486 en el Panteón de El Salto, de acuerdo con información compartida a través de Transparencia. 
• Aunque se preguntó cuál es el número de espacios con los que cuenta el IJCF para la inhumación de PFSI, cuántos están disponibles y en qué panteones o predios se encuentran, la petición no fue respondida. 
• Hasta el momento, sólo se conoce que hasta mayo de 2019,  el instituto había adquirido  900  gavetas para la sepultura de PFSI en panteones de Guadalajara y El Salto, según información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos compartida a través de la recomendación 10/2019, publicada el 20 de mayo de ese año; sin embargo, tampoco se especificaba  el número de espacios disponibles en cada panteón. 
• La adquisición de espacios comenzó luego de que en noviembre de  2018, el titular del IJCF, Carlos Barba Rodríguez, señalara que se había decidido que no se construiría un panteón forense, tras las protestas de vecinos de Tonalá, que impidieron la construcción del panteón en El Vado,  donde se había previsto una inversión de 7.5 millones de pesos. 
• La construcción del panteón forense es una de las recomendaciones solicitadas por la CEDHJ desde la crisis de 2018,  pero hasta la fecha no ha sido concretada, al igual que la construcción de espacios refrigerantes en los cuales se puedan resguardar los cuerpos de las PFSI que ingresan al instituto, según informó la Comisión el pasado 17 de septiembre.

¿QUÉ DICE LA LEY?

Código de Procedimientos Penales

• El Artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público es responsable de los cadáveres considerados como evidencia de la comisión de un ilícito. 
• Sin embargo, con la finalidad de su conservación, los cuerpos deben permanecer bajo resguardo de los Servicios Médicos Forenses hasta que éstos determinen su disposición final (a excepción de la incineración, pues está prohibida por el mismo artículo). 
• No es estrictamente necesario que permanezcan dentro del IJCF para su resguardo, pues de acuerdo con los protocolos y estándares internacionales, es suficiente con que se cumplan las primeras 72 horas posteriores a su ingreso a los servicios forenses para que puedan ser inhumados, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios para su identificación, como contar con el perfil genético de la víctima, huellas dactilares, identificación de señas particulares, fotografías, información sobre la ropa que llevaban, así como cualquier dato que permita su identificación. 
• Las autoridades que tengan a su cargo los servicios forenses deben tener el registro del lugar donde sean colocados los cadáveres o los restos de las personas cuya identidad se desconozca o no sean reclamados. 
• La información completa deberá ser ingresada al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, para que la información pueda ser consultada en una misma plataforma desde cualquier parte del país.

Incineran 930 cadáveres en cinco años en Jalisco

Además de los mil 806 cuerpos de Personas Fallecidas sin Identificar, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó de 930 personas que fueron cremadas entre el 1 de enero de 2010 y el 15 de diciembre de 2015, aunque esta práctica fue prohibida en 2013 por la Ley General de Víctimas, pues podría interferir en las averiguaciones previas del Ministerio Público. Solamente es posible hacerlo una vez que se esclarezca si la muerte de la persona estuvo relacionada con algún crimen o delito. Y se dicte una sentencia por ello. 

Los restos, estableció el instituto a través de su Unidad de Transparencia, se encuentran resguardados en las instalaciones de la calle Belén, en el Centro de Guadalajara, pero no señaló si éstos cuentan con la información necesaria para su identificación, en caso de que así se requiera. 

Sin embargo, adicional a estos cadáveres que reportó el instituto, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo tiene documentado que, desde 2006 y hasta el 31 de octubre de 2015, habían sido incinerados mil 581 cuerpos. 

En febrero de 2019, el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, informó que se había abierto una investigación para conocer qué había ocurrido con estas víctimas y bajo qué circunstancias se autorizó la incineración, ya que de acuerdo con la Ley General de Salud, son los Ministerios Públicos los responsables del resguardo de los cuerpos, mismos que en Jalisco se ponen a cargo del IJCF.  

Aunque señaló en ese entonces que en dos semanas se podría conocer si la totalidad de los cadáveres contaban con la información disponible para su posterior identificación, hasta el momento no hay datos al respecto. 

Por su parte, el fiscal especializado en combate a la corrupción, Gerardo de la Cruz, explicó que no se investiga este tema, aunque suman seis carpetas de investigación por el caso de los tráileres refrigerantes que resguardaron los más de 300 cuerpos sin identificar en 2018. La investigación continúa. Además, hay una carpeta de investigación abierta por la renta de dichos frigoríficos y por la cual se cuenta con una persona vinculada a proceso, cuya audiencia intermedia no se ha concretado por las suspensiones que tuvo el Poder Judicial ante la contingencia ocasionada por el nuevo coronavirus. 

“El número de cuerpos que se manejan en dichas carpetas dista mucho de los señalados como incinerados... estaríamos hablando de 71 cuerpos. El tema de los cuerpos incinerados no está siendo llevado en este momento por esta Fiscalía (Anticorrupción). La Fiscalía General nos dio vista de algunas carpetas para la elaboración de unas fichas que deben cumplir con una serie de estudios para cumplir con la incineración de los cuerpos, pero únicamente como acompañamiento. Si la investigación se inició desde la Fiscalía General, la deben de tener ellos”, añadió Gerardo de la Cruz.

En tres años y medio, inhuman a mil 073 personas sin identificar

Desde enero de 2017, año en el cual comenzaron las inhumaciones por parte del el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), y hasta el pasado 7 de julio, se han inhumado los cuerpos de mil 073 Personas Fallecidas sin Identificar (PFSI), de las cuales 92 eran mujeres. Sólo en uno de los cuerpos no se pudo identificar el sexo; los demás eran hombres. 

Según información compartida a través de la Unidad de Transparencia del instituto, las inhumaciones corresponden a cadáveres que tenían desde 2014 al resguardo del IJCF, aunque en su mayoría habían ingresado en 2018 (316 cuerpos), 2019 (256 cadáveres) y 2017 (226).  

El año con más inhumaciones, de acuerdo con el instituto, fue 2018, con 596 cuerpos sepultados, luego de que en septiembre de ese año se diera a conocer la existencia de dos tráileres en los que se resguardaban los cuerpos de 322 personas sin identificar y de los cuales uno, con el mayor número de cadáveres, deambuló por distintos municipios de la metrópoli, situación que expuso la crisis forense que enfrentaba el Estado. 

De los 596 cuerpos sepultados ese año, 380 corresponden al mismo número de víctimas que se inhumaron tras el establecimiento de la Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación, instaurada por diversas autoridades estatales, con la finalidad de resolver la situación de los cadáveres almacenados en los tráileres. 

En 2019 fueron 256 los cuerpos sepultados en alguno de los espacios disponibles en los distintos panteones del Área Metropolitana de Guadalajara, adquiridos por las autoridades estatales, mientras que en 2017 se contabilizaron 226 sepulturas.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina del trabajo del Gobierno del Estado en materia forense?

Participa en Twitter en el debate del día @informador

El Informador