Arturo Salazar sufrió el robo de su vehículo en 2019. A las 16:00 horas lo estacionó en la Colonia Prados Tepeyac en Zapopan y lo dejó con un bastón en el volante, pero fue insuficiente. A la media hora que regresó ya no estaba. Era un Tsuru modelo 2011.Primero realizó el reporte al 911. Luego llegaron policías de Zapopan. Un día después acudió a la Fiscalía de Jalisco para presentar la denuncia. “Ya pasaron tres años y jamás recibí una comunicación. Faltan más investigadores para que resuelvan los casos”.La saturación en la Fiscalía estatal provoca que estas historias se multipliquen y que suba la impunidad. Según un estudio del Inegi, los agentes del Ministerio Público (MP) de Jalisco tienen una carga de 481 carpetas de investigación al año cada uno, colocando al Estado en la sexta posición nacional. En otras palabras, les asignan 1.3 investigaciones de delitos del fuero común al día (homicidios, robos, fraudes y violaciones, entre otros).¿Cuánto tarda en concluirse una carpeta de investigación? Jorge Tejada, académico del ITESO, explica: “Cuando hay una investigación sin detenido, se tardan entre uno y tres meses en promedio solamente en los trámites de recepción de denuncias, escritos… en recibir acreditaciones de abogados”.Alfonso Partida Caballero, académico de la UdeG, añade que si un delito es de uno a dos años de pena, “la investigación tendrá que durar dos meses como máximo. Si es mayor de seis años (la pena), entonces serán seis meses, como máximo”. Tanto el MP como el abogado pueden solicitar más tiempo.Para dimensionar la carga laboral en Jalisco, en Michoacán o Chihuahua el promedio de casos que se asignan a los agentes es cuatro veces menor: 107 y 114 carpetas de investigación para cada uno al año.Para auxiliar a los agentes del MP, se cuenta con los servicios periciales. En promedio, en el país hay cinco peritos por cada 10 agentes del MP, pero la Fiscalía estatal no proporcionó datos porque estas funciones “no se encontraban” a su cargo. El argumento es que esa información la tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.Entre enero de 2019 y agosto pasado, la Fiscalía estatal envió 338 mil carpetas de investigación al archivo.Jalisco es de los Estados en donde los agentes del Ministerio Público enfrentan una mayor carga laboral, ante la incidencia delictiva.El 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Ministerio Público, pero hay poco para celebrar. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal, así como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, los agentes o fiscales del Ministerio Público de Jalisco tienen una carga de 481 carpetas de investigación al año cada uno, colocando al Estado en la sexta posición nacional, sólo superado por Nuevo León, Colima, Querétaro, Aguascalientes y Baja California Sur. Por ejemplo, en Nuevo León el promedio por cada agente es de 763 carpetas de investigación al año.Sin embargo, hay otros Estados que tienen mejores condiciones laborales para desahogar los expedientes por todo tipo de delitos, principalmente los robos en todas sus modalidades, extorsiones, fraudes y homicidios. Los fiscales o agentes de Chiapas y Nayarit tienen una carga de trabajo de sólo 45 y 57 casos en todo el año, respectivamente, una carga de trabajo similar a la que enfrentan los agentes del ámbito federal (52).La saturación es una de las explicaciones del por qué entre enero de 2019 y agosto pasado, la Fiscalía de Jalisco envió 338 mil 864 carpetas de investigación al archivo temporal; es decir, al día, se dio carpetazo a 348 denuncias presentadas por la ciudadanía que fue víctima de diversos delitos, según información otorgada vía Transparencia.El estudio Hallazgos 2020 de la organización México Evalúa, confirma que en Jalisco se resuelven sólo 5.5% de los casos que se denuncian; es decir, el nivel de impunidad es aún “muy alto”.En los resultados del estudio se destaca que Jalisco se encuentra por arriba de la media nacional y ocupa el primer lugar en el número de carpetas de investigación que son enviadas al archivo temporal (94.4%). “Si bien el archivo temporal es una determinación regulada y establecida por la Comisión Nacional de Procedimientos Penales, esa altísima proporción invita a reflexionar si los casos en que es usado efectivamente son aquellos en los que no se encuentren antecedentes, los datos suficientes o los elementos de los que se puedan establecer las líneas de investigación, que permitan realizar diligencias tendientes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación”, se puntualiza en el estudio.El académico del ITESO, Jorge Tejada, precisa que el aumento de las denuncias archivadas puede obedecer al rezago heredado por la pasada administración, a la corrección del subregistro de las investigaciones y al aumento de las denuncias. Acentúa que en los últimos años se incrementó la incidencia delictiva de los homicidios, los feminicidios, el narcomenudeo y los delitos del orden federal, “lo patrimonial más o menos se ha mantenido”.México Evalúa señala que las Procuradurías y Fiscalías estatales han logrado disminuir el número de investigaciones gracias al archivo temporal, “una medida que no resuelve de fondo los casos y que simula la efectividad en el sistema penal acusatorio”.Por su parte, Anuar García, presidente de la organización México SOS en el Capítulo Jalisco, agrega que las investigaciones se quedan atoradas en una agencia de asuntos no judicializables que tiene la Fiscalía del Estado, a donde se destinan las denuncias que acuden a presentar los ciudadanos, pero que difícilmente se abren carpetas de investigación. SABER MÁSFuente: Inegi.PANORAMAEn 2019, México contaba con 10 agentes o fiscales del Ministerio Público del fuero estatal y con dos fiscales federales por cada 100 mil habitantes. Una cifra baja que afecta a las víctimas del delito, según expertos.En ese año se abrieron dos millones 076 mil 607 carpetas de investigación en las Procuradurías y Fiscalías estatales, lo que representó una carga de trabajo de 290 expedientes anuales por cada agente o fiscal. La procuración de justicia en México es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las Procuradurías y Fiscalías de Justicia de cada Entidad, según se trate de los delitos del fuero federal o común. A través del Ministerio Público (MP), estas instituciones se encargan de investigar la existencia de un delito y también de determinar la responsabilidad de quién o quiénes lo cometieron o participaron en su comisión. Para ello, el MP tiene la facultad de coordinar a las Policías ministeriales y de investigación, así como a los servicios periciales, resolver sobre el ejercicio de la acción penal y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes para demostrar la ocurrencia del delito. Debido a la importancia que tiene esta institución para la justicia penal en el país, el Estado mexicano estableció el 22 de octubre como el Día Nacional del Ministerio Público. Por eso el Inegi presenta datos sobre las agencias y fiscalías del Ministerio Público del país, información sobre los recursos con los que cuentan, la confianza que la población tiene en estas instituciones, así como la cantidad de expedientes penales que se inician en un año para dar cuenta de la carga de trabajo que enfrentan. La información proviene del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, programas estadísticos a cargo del Inegi.En 2019, el país contó con tres mil 944 agencias y fiscalías del Ministerio Público, de las cuales 189 eran del fuero federal y tres mil 755 del estatal, cantidad que se ha mantenido estable desde 2016. De las Agencias o Fiscalías estatales, 40% están Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, Entidades que en 2019 tuvieron más de 200 agencias cada una, superando por casi 10 veces el número en Michoacán y Quintana Roo. Cabe mencionar que 47.8% de las Agencias a nivel estatal fueron especializadas para atender problemáticas particulares como delitos sexuales, violencia intrafamiliar, robos y delitos contra las mujeres, atención de adolescentes, entre otras.Según la investigación de la organización México Evalúa “Segunda edición de Fallas de Origen”, Jalisco se ubica en el lugar 18 en el Índice de confiabilidad de la estadística criminal 2020.El diagnóstico mide la confiabilidad de las estadísticas delictivas en el país e identifica casos de subregistro, reclasificación o posible manipulación de estos datos. “La hipótesis fundamental es que existen Entidades federativas que pueden estar clasificando algunos homicidios dolosos o intencionales como si hubiesen sido homicidios accidentales o culposos”.En éste se reporta que la sociedad civil aporta evidencia de que el Gobierno no cuenta con datos precisos y veraces sobre las amenazas a la seguridad de sus habitantes, lo cual constituye un problema mayúsculo. “Un Gobierno que trabaja con datos imperfectos no será capaz de generar un diagnóstico acertado y soluciones precisas para contrarrestar la ola de violencia que azota al país. Las fallas, los sesgos o la manipulación de los datos afectan la toma de decisiones, la implementación de las políticas públicas y la posibilidad de hacer justicia a las víctimas y a sus familiares”, subraya el estudio.Explica que la clasificación errónea, el subreporte y la reclasificación intencional de datos delictivos (el maquillaje de cifras), son reflejos indiscutibles de la debilidad institucional que vive el país.Se puntualiza que desde hace varios años, el indicador principal de la efectividad de las diversas estrategias de seguridad federales, estatales y municipales, son los homicidios dolosos.Tras hacer una comparación a nivel estatal de las series estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (Inegi) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre los homicidios dolosos reportados entre 2015 y 2019, se encontraron “divergencias importantes en las Entidades federativas”.En Jalisco hay una diferencia de 199 homicidios en ese mismo periodo; es decir, el Inegi reportó más defunciones por homicidios que el Sistema Nacional de Seguridad Pública.A nivel nacional, el instituto reporta 6.1% (nueve mil 138) más defunciones por homicidio que las víctimas reportadas por el Secretariado. Además, ocho Entidades presentaron una relación significativa entre homicidios culposos y dolosos: Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.En Jalisco y Chihuahua se observó una correlación negativa. “Implica la existencia de una suerte de mecanismo: cuando los homicidios dolosos aumentan, los homicidios culposos se reducen (o si los primeros disminuyen, los segundos aumentan). Una posible explicación de este comportamiento apuntaría, en el mejor de los casos, a errores humanos. En el peor, a una reclasificación intencional de los homicidios”, concluye el diagnóstico.GUÍAEl estudio del Inegi revela que, para auxiliar al agente del Ministerio Público en la búsqueda, preservación y obtención de indicios o pruebas para el esclarecimiento de los hechos delictivos, se cuenta con los servicios periciales. Se trata de órganos técnicos y especializados que actúan bajo la autoridad, conducción y mando de los agentes y fiscales.Para tales funciones, en 2019 se tuvieron solamente mil 727 peritos en los servicios periciales federales, lo que representó una razón de seis peritos por cada 10 agentes del Ministerio Público, siendo menor a la observada en 2014.Por su parte, las Fiscalías y Procuradurías estatales tuvieron seis mil 242 peritos, que se traduce en cinco por cada 10 agentes del MP, en promedio.Las diferencias entre las Entidades son importantes: mientras que en las Fiscalías de Nuevo León y Tamaulipas y en la Procuraduría de Baja California Sur hubo más peritos que agentes del Ministerio Público, en otras se encontró una razón de menos de tres peritos por cada 10 agentes ministeriales.Nuevo León tiene 22.8 peritos por cada 10 agentes ministeriales, mientras Tamaulipas cuenta con 14 y Baja California con 11.4, respectivamente.ENCUESTAS DEL INEGIEn este año, encuestas del Inegi revelan que 57.7% de las personas de 18 años y más en el país confían en las instituciones estatales de procuración de justicia, siendo mayor la confianza que se tiene en la Fiscalía General de la República (FGR). La confianza de la ciudadanía en estas instituciones aumentó en los últimos años, pues entre 2016 y 2021, la confianza en la FGR se incrementó 8.4 puntos porcentuales, mientras en las Fiscalías y Procuradurías estatales aumentó 7.7 puntos.A nivel estatal, las Agencias ministeriales de Yucatán, Sinaloa, Zacatecas y Tamaulipas fueron las que gozaron de los mayores niveles de confianza por parte de su población, mientras que lo contrario se observó en la Ciudad de México y el Estado de México, con 38% y 44.9%, respectivamente. En Jalisco, 61% de la población confía en su Fiscalía.Sigue #DebateInformador¿Qué opina del trabajo del Ministerio Público?Participa en Twitter en el debate del día @informador
