Una de las primeras acciones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue iniciar en 2019 con una estrategia para frenar el robo de combustible en el país, con el cierre de ductos y cambios en la distribución del hidrocarburo, provocando un desabasto de gasolina en Estados como Jalisco. Pese a la estrategia, que incluyó la vigilancia del Ejército en la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), la “ordeña” de combustible aumentó respecto al sexenio anterior: más de 62 mil perforaciones fueron detectadas entre diciembre de 2018 y octubre de 2023, cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 28 mil tomas irregulares. El constante hallazgo de “ordeñas” de hidrocarburo fue evidenciado el pasado viernes, cuando más de dos mil 100 personas fueron desalojadas de sus domicilios en Tonalá, tras detectarse una fuga provocada por una toma clandestina en el poliducto Salamanca-Guadalajara.Jalisco quedó el año pasado en segundo lugar en este delito, sólo superado por Hidalgo, Estado en donde murieron 137 personas en el año de 2019, luego de la explosión de un oleoducto en la ciudad de Tlahuelilpan, donde se detectó una fuga de gasolina como la ocurrida el pasado viernes en Tonalá.En Jalisco, mientras en 2019 se registraron 202 tomas clandestinas, el último informe del año pasado documentó dos mil 230 “ordeñas”.Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, acentúa que el “huachicoleo” es un negocio lucrativo en donde están involucrados distintos actores. “Deja mucho dinero a unos cuantos. Operan con la complacencia de las autoridades”.GUARDIA NACIONALTonalá es una de las zonas favoritas de los “huachicoleros”, al grado que los vecinos ven sin sorpresa las fugas que generan las tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos, como la sucedida el pasado viernes, que provocó la evacuación de dos mil 100 vecinos. La propia Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto varias carpetas de investigación por la detección de tomas clandestinas y diversos aseguramientos de hidrocarburo robado.“Siempre veo que pasan las patrullas de la Guardia Nacional hacia los ductos, pero de a gratis, porque luego ves a las pipas pasar cargadas de gasolina por estas calles. Son muy seguidas las fugas, van unas cuatro veces en los últimos meses”, explicó la señora Laura, vecina de Tololotlán.El 7 de junio del año pasado, por ejemplo, la Guardia Nacional reportó a la FGR la detección de una toma clandestina en la colonia de Puente Grande, la cual tenía una manguera conectada a un ducto de Pemex, en la calle.A espaldas de dicha toma había una finca con diversos tanques que contenían 13 mil litros de la gasolina robada. “Ya habíamos presenciado dos o tres veces este tipo de fugas en años atrás, no sé a qué se deba, pero ya ha sucedido”, explicó Ricardo, de la colonia Puente Grande.Por otra parte, el 15 de agosto de 2023, la FGR reportó el aseguramiento de 34 mil litros de hidrocarburo robado en Tonalá, escondidos en un estacionamiento de la colonia Rancho de la Cruz.Mientras que en el fraccionamiento Prados de la Cañada, también en Tonalá, elementos de la FGR catearon un inmueble en donde almacenaban 870 litros de combustible robado.Fuente: Pemex.Fuente: Pemex.Las ordeñas clandestinas repuntaron durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente en sus últimos años. En el caso de Jalisco, la situación se replicó al pasar de 97 tomas ilegales de hidrocarburo en 2020 a más de 2 mil en 2023 con corte hasta el pasado noviembre. Para Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en materia de seguridad, el repunte se debe a que se trata de un negocio lucrativo que permitió el crecimiento de grupos criminales que operan en la entidad desde hace años.“Altamente lucrativa y deja mucho dinero a unos cuantos. Muchas personas participan en esa actividad, no nada más los “huachicoleros”, por supuesto que no, y operan con la complacencia de autoridades”, dijo Jiménez.El académico señaló que hay complacencia de las autoridades, tanto estatales como municipales, quienes permiten las tomas clandestinas en los poliductos a lo largo del país; además, comentó que hay tres entes involucrados: quienes extraen el hidrocarburo de los ductos, quienes lo compran y obtienen el recurso de su venta, más barato del que ofrece Pemex, así como la misma autoridad. “Con la complacencia de autoridades del Estado: municipales y estatales. Cuando menos hay la participación de tres entes: los ejecutores que son los que lo extraen; los que lo compran para ofrecerlo precio más barato del que se vende en Pemex y ellos venderlo a un precio corriente, y hay otra tajada por corrupción a las autoridades”. José Pérez, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Jalisco, cuestionó: “La autoridad no se alcanza a percatar por los manejos internos del personal, en este caso de Pemex. Lo que podemos atribuir a las autoridades es que no han puesto inversión para la búsqueda, localización y aseguramiento de estas tomas clandestinas. Estas tomas clandestinas no se pueden dar sin un ducto del que puedan trabajar”. Comentó que los “huachicoleros” suelen tener complicidad con trabajadores de la paraestatal para reducir el nivel de presión de los ductos para poder extraer el combustible sin daños. TELÓN DE FONDOAl asumir el cargo de Presidente de la República en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia para combatir el robo de hidrocarburo en el país y reducir que representaba el “huachicol” para Petróleos Mexicanos (PEMEX). Dependencias e instituciones del Gobierno federal se sumaron al plan conjunto para combatir el robo de hidrocarburos en PEMEX, por lo que intervinieron el sistema de monitoreo y control de los ductos. Si bien el Presidente reconoció que uno de los puntos importantes de la estrategia era la vigilancia de los ductos de hidrocarburo, el mandatario afirmó en diciembre de 2018 que las tomas clandestinas representaban apenas el 20% de las pérdidas de la paraestatal y acusó que buena parte era robado en los centros de distribución. Se desplegaron más de cuatro mil elementos del Ejército para vigilar instalaciones de PEMEX y desde la Federación se aseguró que había surtido efecto, al despedir a funcionarios e iniciar investigaciones.Sin embargo, el desabasto se acrecentó y 10 Estados tuvieron problemas de combustible: Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Michoacán y Ciudad de México tras el cierre de los ductos. El caos permeó y hubo largas filas y demandas en el país: en Jalisco, el gobernador informó que hubo paro total de servicios públicos en Tapalpa; en Zacoalco de Torres y Lagos de Moreno hubo desabasto generalizado; en Tequila, Tala y Ameca hubo conflictos sociales y reducción de actividad económica, mientras que en Tonalá, hubo días con menos del 15% de abasto de combustible, similar a otros 17 municipios de la Entidad.
