El uso excesivo de la fuerza aplicada por policías de Tulum a la migrante Victoria Salazar durante su detención, provocó que perdiera la vida en medio de hechos violatorios de derechos humanos. Su reciente muerte exhibe de nuevo la falta de capacitación de las Policías.La Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial de 2017 reveló que casi tres de cada 10 elementos municipales ingresaron sin recibir al menos un curso de formación inicial. A cuatro años de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública pusiera en marcha el Modelo Óptimo de la Función Policial, los cuerpos de seguridad presentan una serie de retrasos. En capacitación, de los seis protocolos mínimos de actuación, el avance promedio de todas las Policías del país es de 29.5% de cumplimiento. Están reprobadas en los indicadores de prevención y reacción, violencia de género, uso legítimo de la fuerza, primer respondiente, cadena de custodia y para la atención a víctimas o grupos vulnerables. Jalisco está por debajo de la media nacional, con un promedio de 20%, según el Modelo. El rezago obedece a que, de los cuatro mil 315 policías estatales, ninguno fue capacitado en el protocolo de actuación en materia de género, ni en atención a víctimas o grupos vulnerables.La meta para alcanzar el 100% de la capacitación se estableció para 2019; es decir, superan un año de incumplimiento.Las consecuencias son que, según la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, entre 2010 y 2021 se han presentado mil 961 quejas por detenciones arbitrarias. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela Que, en los últimos 20 años, suman 14 mil denuncias por detenciones ilegales.Al respecto, la Secretaría de Seguridad de Jalisco respondió que “trabaja bajo la premisa de una mejora constante. Desde la Academia se ha puesto mayor énfasis en las materias y cursos relacionados con los derechos humanos, perspectiva de género y estándares internacionales de protección de las personas privadas de la libertad y derechos de las personas indígenas, tortura y malos tratos, así como uso racional de la fuerza”.Agrega que tiene “como máxima prioridad” el cumplimiento a los componentes de Formación Inicial y Competencias Básicas de la Función Policial para la emisión del Certificado Único Policial, “cuyas metas están por cumplirse, pese a los nuevos retos que implicó la pandemia”.También afirmó que reforzó una quincena de programas para diversas capacitaciones.PUNTEODe acuerdo con el Modelo Óptimo de la Función Policial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de fuerza de las Policías preventivas estatales es de 130 mil 136 agentes, que dan una cobertura de 1.02 elementos por cada mil habitantes.De ese total, 127 mil 840 han sido evaluados en las pruebas de control y confianza. Y de éstos, siete mil 066 obtuvieron un resultado no aprobatorio (con corte a diciembre del año pasado). Al restar los elementos no aprobados, el estado de fuerza real operativo es menor. “Por lo que las Entidades requieren formar 101 mil 458 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes”.En 2006, la Organización de las Naciones Unidas publicó los resultados de las encuestas que realiza en materia de seguridad y justicia. Entre éstas, un rubro es el número de policías por cada mil habitantes de los países miembros, registrando entonces un estado de fuerza internacional de 2.8 agentes por cada mil habitantes, según se destaca en el documento del Modelo Óptimo de la Función Policial.Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de México subraya que es fundamental que las Entidades federativas avancen en la especialización operativa y el fortalecimiento de la capacidad de prevención y reacción de sus corporaciones policiales preventivas, por medio de la creación de tres unidades especiales: Unidades de Policía Procesal, Cibernética y de Operaciones Especiales.Aunque el mes pasado se debió cumplir con la certificación de todas las policías del país, aún se tiene un rezago importante en la materia. En Jalisco, tres de cada 10 policías preventivos estatales no han aprobado las evaluaciones de control y confianza.De acuerdo con el Informe del Modelo Óptimo de la Función Policial, de los cuatro mil 315 oficiales de la Entidad, sólo dos mil 904 cuentan con el Certificado Único Policial (con corte al cierre de 2020).Los oficiales deben aprobar los exámenes de control y confianza, la formación inicial o equivalente, la evaluación de competencias básicas o profesionales, así como el desempeño.“El Certificado es una agenda pendiente, todavía no se ha podido cumplir con las metas que ha fijado el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, destacó Arturo Villarreal Palos, integrante del Observatorio de Justicia y Seguridad de la Universidad de Guadalajara (UdeG).En 2019, el Consejo Nacional de Seguridad Pública autorizó una nueva prórroga de 18 meses para cumplir con la certificación, luego que se incumpliera un primer plazo de tres años. La ampliación venció el mes pasado.Arturo Villarreal Palos acentuó que los esfuerzos se están centrando en la obtención del Certificado, “porque depende mucho de éste para que la Federación autorice recursos adicionales. Eso provocó que se descuiden otros protocolos”.Puntualizó que muchos de los recursos correspondientes a los distintos fondos en materia de seguridad no se liberan por la falta de las certificaciones. “No pueden acceder a ellos (los Estados), por eso también hay subejercicios. Es un tema complejo”.Subrayó que se debería contar con más fondos federales para construir un nuevo modelo. En una actualización, ayer la Secretaría de Seguridad de Jalisco respondió que: “Respecto al perfil de policía preventivo se tienen certificados mil 805, quedando pendientes 254”. Sobre el cumplimiento del Certificado Único Policial (CUP), contestó que: “Considerando que habrá personal de nuevo ingreso cursando la formación inicial, la cual tiene una duración de cuatro a seis meses, es necesario esperar a que concluyan satisfactoriamente. Por lo que resulta cronológica y matemáticamente complicado que 100 por ciento de los policías cuenten con el CUP vigente en una fecha específica”.LA VOZ DEL EXPERTOArturo Villarreal Palos, integrante del Observatorio de Justicia y Seguridad de la UdeG.El caso de la migrante salvadoreña, Victoria Salazar, quien falleció durante el proceso de detención por el uso excesivo de la fuerza aplicada por policías municipales de Tulum, evidencia el rezago en la capacitación que presentan las corporaciones policiales del país, afirmó Arturo Villarreal.“Lo que estamos observando es que no se están cumpliendo los protocolos de actuación de la Ley Nacional de Uso de Fuerza. Esta ley es relativamente nueva, hay que recordar que vino con la reforma constitucional de 2019, donde ya se marcaron varios protocolos para el uso de la fuerza y la gradualidad de la fuerza”.Explicó que no se está capacitando debidamente a las fuerzas policiales. “Todo parece indicar que estaba en un estado alterado (Victoria). Y se demostró que no saben cómo manejar ese tipo de casos. La fuerza aplicada fue totalmente desproporcionada, al grado que le rompieron las vértebras primera y segunda”.El académico consideró que este rezago obedece también a los recortes que se han presentado en los últimos años a fondos importantes en materia de seguridad.“El actual Gobierno federal, desafortunadamente, apostó por la militarización de la seguridad pública en todo el país. En el Gobierno no lo aceptan de esa manera, pero el dinero o todos los recursos se están yendo a la Secretaría de la Defensa, Marina o la Guardia Nacional”.TELÓN DE FONDOLa encuesta “Qué piensa la Policía”, de la organización Causa en Común, reveló que por instrucciones “de arriba”, al menos uno de cada 10 policías de la Secretaría de Seguridad del Estado fue obligado a aplicar tortura en algún detenido.De acuerdo con los resultados, tres de cada 10 policías encuestados revelaron también que deben pagar cuotas por “privilegios”, como tener menos trabajo o incluso mejores puestos.En el estudio se entrevistaron a cuatro mil 422 agentes de seguridad de 28 Entidades.“Estas carencias son reveladoras y preocupantes. Cuando un policía abusa de un ciudadano, debe observarse qué hay detrás”, expresó la presidenta de la organización, María Elena Morera.En el caso de Jalisco, pese a que el Gobierno del Estado incrementó el salario de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, los uniformados reconocieron que no se sienten suficientemente capacitados para hacer su labor.En la encuesta, la mitad de los policías en la Entidad aceptó que no tienen la capacitación necesaria para recibir una denuncia. Además, tres de cada 10 dijeron no estar suficientemente preparados respecto al uso de la fuerza y los derechos humanos.GUÍAEl 30 de agosto de 2017, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó la creación del Modelo Óptimo de Función Policial para el fortalecimiento de las Policías preventivas estatales. Se conforma de 10 indicadores:ProtocolosDe acuerdo con el Modelo Óptimo de la Función Policial, los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán operar conforme a los protocolos mínimos que les permitan desempeñarse de manera adecuada en sus funciones. Y las Entidades deben acreditar la existencia de seis protocolos entre sus elementos:La meta era que, para 2017, el avance de la capacitación fuese del 20%, en 2018 alcanzar el 50%, mientras en 2019 lograr el 100 por ciento.Sigue #DebateInformador¿Qué opina de la capacitación de los policías?Participa en Twitter en el debate del día @informador
