Aunque Jalisco se encuentra en el antepenúltimo lugar nacional en derivar sus procedimientos penales a la justicia alternativa, con sólo 3.8 casos de cada 100, la Entidad se ubica en último lugar en resolver esos conflictos con métodos alternos, pues apenas en la tercera parte se logra llegar a un acuerdo, indica el estudio Hallazgos 2018 de la organización México Evalúa.

La justicia alternativa es uno de los mecanismos más eficaces para concluir una investigación, no sólo por su utilidad para descongestionar el sistema de justicia sino también porque, al lograr acuerdos entre ofensores y ofendidos, contribuye al restablecimiento del tejido social.

“Los Estados que presentaron el mayor porcentaje de procedimientos derivados a la justicia alternativa (resueltos) fueron Veracruz, Sinaloa y Querétaro… mientras que Jalisco, Puebla y Tabasco son los que tuvieron la tasa de resolución más baja”, menciona el diagnóstico presentado ayer.

El fin de la justicia alternativa es celebrar acuerdos entre las dos partes involucradas en la comisión de un delito, con la intención de que se repare el daño. Por ejemplo, los bienes de una víctima de robo.

Sin embargo, los métodos alternos son desaprovechados en la mayor parte de las Entidades, insistió María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. “En términos de lo que se canaliza a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sólo 6.1% del total de las investigaciones en el país se canaliza a mecanismos alternativos. Aquí vemos un porcentaje a nivel nacional muy bajo”.

En algunos Estados, indicó, se alcanzó hasta 30%, como es el caso de Tlaxcala, pero esto puede “explotarse” más para reducir la carga de las investigaciones en rezago. “A nivel estatal, prácticamente 60% de los ingresos (presos) podría salir por mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pero lo que nos llama la atención es que muchos están en trámite; es decir, que tampoco se están resolviendo… tenemos un problema grave (de saturación)”.

Esto deriva en el congestionamiento del sistema de justicia.

PANORAMA

Rezago

Se estima que 94 de cada 100 juicios se resuelven por la vía ministerial, en el promedio nacional. No se aprovechan los medios alternativos.

Implementación

• A poco más de tres años de la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional, todos los Estados se mantienen rezagados en su consolidación.
• Aunque Querétaro fue la Entidad con el mayor avance, alcanzó un puntaje de 625 sobre 800. Le siguieron Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Yucatán.
• Los peores fueron Guerrero, Nayarit y Quintana Roo.
• En el documento se destaca que prevalece una perspectiva de seguridad que no se ve articulada con una de justicia, mientras la inversión destinada al fortalecimiento de las instituciones no se ha traducido en un cambio de prácticas.
• En el caso de Jalisco, se ubica 2.7% por arriba de la media nacional en materia de impunidad, que es de 96.1 por ciento.
• A pesar de que se ha presumido el uso de la justicia alternativa, Jalisco también se ubica entre los Estados con la tasa de resolución más baja, junto con Puebla y Tabasco.
• De acuerdo con el Modelo de Evaluación y Seguimiento (MES), 88.5% de las investigaciones iniciadas durante 2018 se hizo sin detenido, y Jalisco se encuentra entre las 19 Entidades en las que esta circunstancia se dio en más de 90% de los casos.

Escalafón nacional 

Consolidación del nuevo sistema de justicia penal (800 es la máxima calificación).

1-. Querétaro: 625
2.- Guanajuato: 584
3.- Chihuahua: 563
4.- Baja California: 538
5.- Yucatán: 513
6.- Nuevo León: 494
7.- Coahuila: 473
8.-  Zacatecas: 458
9.- Tabasco: 443
10.- Oaxaca: 431
…
15.- Jalisco: 371

Fuente: Hallazgos 2018.

A media tabla…

El pasado 24 de julio fue detenido por robo violento Juan Raymundo “N”, señalado de cometer numerosos atracos a tiendas de conveniencia, cuyos botines han sumado más de medio millón de pesos. El caso destaca porque, un mes antes, el sujeto había sido detenido por robar en una de éstas y seguía libre, lo que exhibió fallas en la aplicación del sistema de justicia.

Jalisco se encuentra en el sitio 15 a nivel nacional en el ranking de la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, al sumar sólo 371 puntos de un máximo de 800, según el estudio Hallazgos 2018 de México Evalúa.

El trabajo reveló que prácticamente todas las Entidades del país se encuentran rezagadas.

La organización civil tomó en cuenta en la evaluación siete condicionantes: coordinación nacional, coordinación local, un proceso de planeación integral continuo y público, la existencia de sistemas de registro de información, proyección y uso eficiente de recursos financieros, adecuada y progresiva publicidad, transparencia y participación ciudadana.

“En 2018 se observa un rezago a nivel nacional en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, ya que ninguna de las Entidades logró el estándar mínimo”, indica el reporte.

Querétaro fue el Estado que logró el mayor puntaje en el ranking, al alcanzar 625 puntos de los 800.

Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Yucatán le siguen como las Entidades que más han avanzado, mientras que Guerrero se encuentra en el último lugar, con sólo 211 puntos. Y Nayarit, Quintana Roo, Veracruz, Sonora y Campeche son las otras Entidades que completan las cinco con menos avances.

María Novoa explicó que Jalisco necesita aumentar las capacidades de los operadores del sistema, pues aunque reconoció que puede haber alguna institución que funcione de una manera más o menos óptima, lo que se debe buscar es que todas tengan las mismas capacidades.

“En Jalisco no han logrado implementar un mecanismo efectivo de coordinación institucional, básicamente tenemos unas asimetrías entre la Fiscalía, el Poder Judicial y la defensoría… y  tenemos deficiencias en el registro y flujo de la información para lograr la interoperabilidad necesaria”.

En su opinión, el contexto actual de violencia y de inseguridad elevada que se vive en la Entidad puede afectar el funcionamiento ordinario de las instituciones, lo que también se refleja en el poco avance de Jalisco en la consolidación del nuevo sistema de justicia.

“No es que esté entre los peores, pero tiene todavía algunas áreas de oportunidad que debería aprovechar, principalmente en lograr estas acciones coordinadas. Y tenemos algunas deficiencias  a nivel de la Fiscalía y de las Policías para mejorar”.

Enfrenta la encrucijada

Durante la presentación del informe, Edna Jaime, directora de México Evalúa, destacó que el país se encuentra en una encrucijada. Por un lado, está el camino que lleva a la consolidación de la reforma al sistema, mientras que el otro conduce a un proceso de contrarreforma: “Un regreso al pasado”. Lo mejor, dijo, es consolidar el nuevo sistema y, para lograrlo, se deben fortalecer las capacidades de investigación, invertir en instituciones en el ámbito estatal, legislar con evidencia y aprovechar la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación.

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia, comentó que el principal escollo que se tiene es en la toma de decisiones de las autoridades, pues en muchos momentos del proceso se convierte en una “caja negra”.

Durante 2018, se pasó de dos millones 085 mil investigaciones iniciadas a 81 mil 080 asuntos vinculados (3.9%) sin criterios y lineamientos definidos, de acuerdo con datos del Inegi.

Persiste la impunidad 

El reporte Hallazgos 2018, que da seguimiento y evalúa la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, arrojó que éste todavía contiene niveles importantes de impunidad, en el que Jalisco rebasa la media nacional.

El promedio a nivel país es de 96.1%, mientras que en Jalisco se ubica en 98.8%; es decir, se encuentra dentro del top 10, junto con Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, Tlaxcala y Morelos.

Los Estados que tienen los menores niveles de impunidad son Guanajuato, Querétaro, Puebla, Campeche y Baja California.

“En suma, el Índice de Impunidad 2018 demuestra que no se ha presentado una mejoría en las condiciones de eficiencia y eficacia de las instituciones del sistema de justicia penal para proporcionar justicia a los ciudadanos”, se señala en el informe.

Agrega que aún y cuando algunos Estados han logrado avances para dar una salida satisfactoria a los asuntos que conocen, el porcentaje de casos no resueltos es muy alto. “Y de manera preocupante, a veces corresponde casi a la totalidad de los asuntos”.

Durante el año pasado, el índice de impunidad a nivel federal (que es la proporción de casos que son conocidos, pero no son satisfactoriamente resueltos por la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal) fue de 94.6%. “Se observa un nivel de impunidad en las instituciones federales realmente preocupante, consistente con los índices reportados en el ámbito estatal”.

María Novoa acentuó que, a nivel federal, se tiene una efectividad del proceso penal de 5.4%. “Es aquí donde vemos que decisiones sin lineamientos, decisiones sin supervisión, es igual a impunidad institucionalizada”.

Señaló que algunas de las fallas en el sistema son precisamente las decisiones arbitrarias. “Toda decisión dentro del proceso penal afecta tanto a víctimas como a los imputados. Es aquí donde tendremos que decir bajo qué criterios determinan los fiscales las salidas alternas y la terminación anticipada del proceso. No sabemos cuáles son los criterios que tienen los operadores para tomar estas decisiones o no tomarlas”.

Remarcó que actualmente se tiene un 40% de congestión ministerial a nivel nacional. “Esto significa, en promedio, que cada fiscal está a cargo de 159 investigaciones. Ahí tenemos un problema de sobrecarga del Ministerio Público”.

El problema es que esas 159 carpetas de investigación van desde un robo de bicicleta hasta un homicidio. “Es ahí donde tenemos problemas en la toma de decisiones”.

Además, cada juez tiene un promedio de 104 casos. “Tenemos un estándar en América Latina, donde hay 10 jueces por cada 100 mil habitantes, pero en México tenemos sólo 0.9. Otra vez tenemos un déficit importante y sobrecarga”.

Destacan “autonomía”, pero cuestionan opacidad

El tránsito de las procuradurías de justicia hacia fiscalías “autónomas” estatales es necesario para erradicar la subordinación de estas dependencias a los Poderes Ejecutivos de sus respectivas Entidades y así evitar toda posibilidad de manipulación de las investigaciones.

Hasta mediados de este año suman 22 Entidades que cuentan con una fiscalía “autónoma”, expone el reporte Hallazgos 2018 de México Evalúa. Y Jalisco está entre éstas.

Según el reporte, una fiscalía es “autónoma” cuando la Constitución Política de su Estado o la Ley Orgánica prevén dotar a la institución de independencia técnica, de gestión y financiera, “lo que implica que no existe una subordinación al Poder Ejecutivo”.

También existe la “autonomía relativa”, cuando la fiscalía no cuenta con presupuesto; mientras que las fiscalías sin autonomía no cumplen con ninguno de los criterios anteriores.

Cuatro Estados suponen un proceso de transformación hacia una fiscalía “autónoma”; sin embargo, en tres casos no se cumple ningún criterio de autonomía (Chihuahua, Durango y Campeche) y en uno solamente se acata con un criterio (Yucatán).

La Ciudad de México y Tamaulipas se hallan actualmente en proceso de transición.

Las otras cuatro Entidades: Baja California, Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala, aún operan con esquemas de procuradurías.

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, lamentó que muchas de las fiscalías estatales y la federal comenzaron a aprovecharse de la “autonomía” para cerrarse y ser más opacas, lo cual se evidenció al tratar de obtener información de estas dependencias para el análisis.

“La autonomía no nos tiene que llevar a cerrar las instituciones, más bien es transparentarlas y lograr rendir cuentas de lo que está sucediendo adentro. Ya tenemos prácticamente 80% del país con autonomías a nivel de las fiscalías”.

Este cierre de las dependencias también incide en la falta de disposición para coordinarse con las otras instituciones que participan en el nuevo sistema de justicia penal, lo que impacta de manera negativa en el avance de su implementación.

Resaltó que mientras no exista disposición de las fiscalías a ser más transparentes, la sociedad debe exigir a estas dependencias más información para forzar su apertura.

“La autonomía no te quita la obligación de rendir cuentas y de transparentar… estamos en riesgo de que la autonomía sea mal usada. No tienes que estar en la oscuridad; por el contrario, debes rendir más cuentas”.

La más ineficaz

• Bajo el modelo que sostuvo durante casi seis años, en los que concentró la seguridad pública y la procuración de justicia, la Fiscalía General de Jalisco se mantuvo con malos resultados, al registrar indicadores bajos tanto en su estructura como en su operación.
• De acuerdo con los resultados del Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, la dependencia de Jalisco se ubicó en el último lugar de efectividad en la investigación de delitos en ambos sistemas: el tradicional y acusatorio, con apenas 4.5 por ciento.
• En la probabilidad del esclarecimiento de éstos se localizó en los últimos tres lugares, con apenas 0.37 por ciento.
• Según el estudio de la organización Impunidad Cero, en la medida en que se mejore la efectividad de las investigaciones crecerá la motivación por denunciar. Por eso las políticas de investigación criminal y persecución del delito deben ir encaminadas a lograrlo.
• Otro de los indicadores en los que la Entidad se ubicó en los últimos lugares fue en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, con una efectividad de 40.6%. Aunque este indicador es fundamental en la eficacia de la persecución penal, se ubicó en el lugar 27 a nivel nacional.

Falta más capacidad de investigación

Al llegar a su casa, Sergio encontró los cuerpos de su esposa e hijos sin vida. A la llegada de los agentes del Ministerio Público y los peritos, se acordonó el área y se recabaron indicios; entre éstos, un pedazo de guante con una mancha de sangre con rastros que arrojaron el perfil de una mujer llamada Laura, vinculada sentimentalmente con Sergio.

Al obtener una orden de cateo, los genetistas encontraron muestras similares de ADN en el cepillo dental de la mujer, lo que se tomó como prueba ante el juez para hallarla culpable de los homicidios.

La organización México Evalúa expuso este caso como ejemplo de una investigación que debería ser ordinaria, pero que es la excepción. Esto ocurre porque las capacidades de investigación de las fiscalías son deficientes. Por eso debe incrementarse la investigación.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Estado fallido”

Jorge Volpi (coordinación de Difusión Cultural en la UNAM)

Para el autor de “Una novela criminal”, que habla sobre cómo funcionó el sistema de justicia mexicano en el caso de la francesa Florence Cassez, la reforma de 2008 y las sucesivas que han dado vida al nuevo sistema de justicia penal, son la única buena noticia en los últimos años en estos temas. “Pero ha sido un sistema de muy lenta implementación, con una enorme cantidad de resistencias internas dentro del aparato de justicia y dentro del propio Ejecutivo federal y los Ejecutivos locales, constantemente frenado, que no ha permitido que los posibles avances lleguen”.

Sin embargo, coincidió en que éste se debe consolidar y no dar paso a una contrarreforma. “Tratar de revertirlo sería el regreso a una situación infinitamente peor a la que ya estamos viviendo. Sí vemos avances en algunos Estados”.

Recordó que durante el periodo de presentación de su novela, constantemente era cuestionado con relación a si México era un Estado fallido. Aunque le costaba trabajo reconocerlo, dijo, si esto se ve en términos de justicia, “por supuesto que esta cifra entre 94% y 96% de impunidad habla de que México, en términos de justicia, por supuesto que es en Estado fallido”.

Reconoció que la situación actual parece más alarmante, pues “lo terrible” que ha ocurrido en este Gobierno es que se consideraba que la reforma al sistema sería una de las prioridades, “pero ya en funciones parece haberse olvidado en buena medida de esto”.

Insistió en que la prioridad debe ir hacia la consolidación de la reforma.

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