A tres años de la aprobación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la fiscalización aún tiene pendientes para prevenir y combatir este problema de fondo en Jalisco.

En agosto pasado, el Observatorio Permanente del SEA urgió a que se activara el Sistema Estatal de Fiscalización para coordinar a todos sus integrantes, principalmente la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría de Jalisco y los Órganos de Control Interno. 

Sin embargo, en la página del Sistema se informa que, a la fecha, “no ha sido instalado”. Se aclara que lo anterior obedece a un amparo pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por otra parte, algunos entes no han integrado sus Órganos de Control Interno. El caso más grave es el rezago en el Poder Judicial del Estado.

El titular de la Auditoría Superior, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, declaró que realizan un “intercambio de información” con la Fiscalía Anticorrupción y la Controlaría de Jalisco para colaborar en las investigaciones. 

Aseguró que “hay resultados”, pero no los detalló. Cuestionado sobre los señalamientos de que su actuación es “muy tibia”, se limitó a responder: “Respeto todas las opiniones”.

Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, acentuó que “un avance” es que cada vez hay menos uso político de la fiscalización, pero podría haber un retroceso si no se modifica una iniciativa que pretende fortalecer a la Unidad de Vigilancia del Congreso de Jalisco para darle atribuciones similares a las de la Auditoría Superior del Estado.

También falta aprobar la reforma anticorrupción 2.0, que continúa en promesa desde febrero pasado en el Congreso del Estado.

Sin auditoría externa, niegan casos de corrupción en ASEJ

A mediados del año pasado, la diputada Mirza Flores Gómez denunció presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). En respuesta, el auditor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez aseguró que se creó un área para investigar estos señalamientos, pero no se detectaron actos irregulares. “No se detectó ninguno, pero se hicieron varios estudios y varios análisis al respecto al interior de la institución. Detectamos algunas áreas de mejoras y se mejoraron”. 

Entre las presuntas anomalías se denunció que el personal de la Auditoría realizaba cobros por la elaboración de “informes a modo”, el pago de “aviadores” y que algunos auditores trabajan también en despachos privados. “Todos están laborando. Todos los que cobran en la institución laboran y estamos bien al respecto de esos asuntos”, contestó el auditor superior del Estado. 

Durante la primera quincena de 2018, cuando Ortiz Ramírez entró en funciones, en la Auditoría laboraban 316 personas. En ese año, la nómina  tuvo  un costo de 273.6  millones, de acuerdo con el presupuesto. Actualmente hay 322 empleados y se tienen etiquetados 280.7 millones de pesos para el pago de los servicios personales. 

Sin una denuncia formal de por medio, en junio del año pasado la legisladora dijo tener conocimiento de los presuntos actos de corrupción, pero que no podían investigarlos por la falta de personal en la Unidad de Vigilancia, que depende del Congreso del Estado. Ésta es auxiliar en las tareas de fiscalización y funge como un órgano interno de control de la ASEJ; es decir, es responsable de investigar el trabajo de la Auditoría. 

En agosto del año pasado, en su último informe, el Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) advirtió que esta unidad no contaba con la estructura “para realizar esta encomienda”. Incluso, durante los primeros meses de la actual legislatura, el organismo interno estuvo acéfalo. En marzo del año pasado se nombró a un titular, pero renunció y personal del área pidió su cambio. Actualmente se realiza el proceso para elegir al nuevo titular. 

El auditor superior enfatizó que han robustecido los mecanismos para vigilar el actuar  y  el trabajo de todo el personal para evitar problemas de corrupción. “No hemos detectado alguna anomalía”. Pero no hay auditorías externas.

CLAVES

Hay riesgos

Reunión. El Comité de Participación Social del SAE se reuniría con la diputada Mirza Flores y su equipo, para revisar la iniciativa que presentó la legisladora, en la que se propone una reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para fortalecer a la Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado.

Modificaciones. Jesús Ibarra, integrante del Comité, destacó que están de acuerdo en que se fortalezca, pero en desacuerdo con algunos cambios que se proponen. “Lo que está planteando es que la Unidad de Vigilancia sea una instancia intermedia en el proceso de fiscalización. Antes era una instancia final”.

Retroceso. Explicó que, con esa propuesta, los entes auditables en lugar de llevar directamente su cuenta pública a la ASEJ, ahora entregarán esa información a la Unidad de Vigilancia, teniendo tiempo para hacer ajustes. “Creemos que eso puede partidizar la fiscalización. Y eso será un control político”.

Tiempos. En la iniciativa, tampoco se específica el momento en que se remitirán las cuentas públicas a la Auditoría. “Puede abrirse la posibilidad a una mala práctica que tiene que ver con congelar la cuenta pública, no enviarla a la Auditoría o enviarla con lo que se ajuste o se arregle con la información que le falta. No ocurre sólo porque la iniciativa se presenta, sino que abre la puerta a estas malas prácticas”. Lo que queda, insistió, es discutir con la diputada y su equipo las preocupaciones que tiene el Comité para que la iniciativa avance sólo en fortalecer la unidad de vigilancia.

Advierten retrasos en la revisión de cuentas públicas

La vigilancia realizada por la ASEJ al gasto del Gobierno estatal por el COVID-19 no es vinculante; es decir, la autoridad no está obligada a realizar ajustes en respuesta a las recomendaciones emitidas por la Auditoría y tampoco emitirán sanciones durante el periodo de fiscalización en tiempo real. 

Las sanciones por un mal manejo deberán esperar a la revisión de la cuenta pública de 2020, la cual podría retrasarse por la crisis sanitaria. 

Por la pandemia, los diputados ampliaron el plazo para la entrega de las cuentas públicas de 2019 de los entes auditables (vencía en abril pasado), y dejaron abierta la posibilidad para que aplique a las del actual ejercicio.  El auditor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez admitió que esto retrasó los procesos, sobre todo en abril y mayo pasados, pero se analizan modificaciones en los procesos. “Estamos teniendo reuniones para establecer las nuevas dinámicas y logística para también afrontar esto… hay que recordar que sí estamos en tiempos que no son usuales”. 

Debido a las nuevas atribuciones que tiene la Auditoría, tras la puesta en marcha del Sistema Anticorrupción del Estado, ésta podrá presentar denuncias por irregularidades detectadas en la evaluación del gasto, pero será a partir de la revisión de la cuenta pública 2018, que se encuentra en curso. “Lo que se tenga que ir conforme a la Ley General de Responsabilidades al Tribunal Administrativo o a la Fiscalía, se tendrá que ir”.

Con relación a la revisión del gasto por el COVID-19, reconoció que las observaciones no son vinculantes, pero cumplen con un trabajo preventivo. Ya se han emitido dos informes. “Hemos emitido los documentos y estamos esperando a que atiendan las recomendaciones”. 

Asegura que el Ejecutivo estatal ya les remitió documentación, pero no quiso responder si modificaron algún esquema en atención a las observaciones de la ASEJ. 

“Los requerimientos de información los han cumplido en tiempo y forma. Esta etapa es preventiva”.

¿Quiénes integran el sistema estatal de fiscalización?

Auditoría Superior del Estado.

Contraloría del Estado.

Órganos internos de control de los organismos estatales, Poder Legislativo y Poder Judicial.

• Este  sistema tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, “para lo cual promoverán el intercambio de la información, las ideas y las experiencias encaminadas para avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos”, se destaca en el portal del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
• En el portal se aclara que existe incertidumbre en lo que respecta al sistema, pues se tiene pendiente la resolución que habrá de emitir la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el amparo interpuesto por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, atraído por los ministros a solicitud de los quejosos.
• Esta demanda interpuesta en contra de los Sistemas Locales Anticorrupción tiene entre sus objetivos que se ordene corregir (entre otras irregularidades) en materia de Sistemas Locales de Fiscalización, a los Estados que omitieron regular en sus respectivas leyes locales, cómo se enlazarán con el Sistema Nacional de Fiscalización, entre los cuales se encuentra el caso de Jalisco.

Análisis de desempeño

De acuerdo con el último “Análisis de riesgos de desempeño en los programas de apoyo para atender los efectos de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 (COVID-19)”, la Auditoría Superior identificó 10 áreas de riesgo en el diseño, operación y rendición de cuentas de los programas a los que se han destinado recursos para hacer frente a la contingencia. Por cada una de ésta se emitió una recomendación.

La fiscalización se concentró en siete programas, entre los que se encuentran “Protección al Empleo Formal” y “Protección al Ingreso”. La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco reportó gastos por mil 453.75 millones de pesos en éstos, aunque al momento de la entrega se habían ejercido sólo 866.8 millones.

En materia de enfoque de género, se concluyó que seis de los siete programas no cuentan con un diagnóstico que identifique si hay o no brechas entre los géneros en el problema público que se busca atender.

Con relación a los padrones de beneficiarios, se señala que hay omisión de la publicación de información que, por ley, se debe incluir. Se recomienda que los padrones cuenten con el nombre o razón social, edad, sexo, monto del apoyo otorgado y unidad territorial de los beneficiarios.

También se tienen deficiencias en la difusión de los programas, para que la población potencial a beneficiar conozca de éstos. La mayoría no cuenta con mecanismos de participación ciudadana. Hay falta de indicadores de desempeño, por lo que solicita a las dependencias definirlos para demostrar los resultados alcanzados. “Se estima un riesgo de desempeño en promedio de 60% en los programas evaluados”.

“Sepultan” mil millones en irregularidades

Del total de observaciones realizadas por la ASEJ a las cuentas públicas del Congreso del Estado en la última década, se han acumulado mil 096 millones de pesos (MDP) en gastos sin aclarar, pero por intervención de tribunales o de los propios diputados, esa cifra ha sido prácticamente “sepultada”. 

En noviembre pasado, este medio reportó que todavía no hay responsables de los presuntos malos manejos de los presupuestos ejercidos entre 2009 y 2018, que involucran a funcionarios de las últimas cuatro Legislaturas.

Entre las revisiones del gasto que se encuentran detenidas por suspensiones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa, se encuentran los ejercicios de 2009 y 2010. La Auditoría advirtió irregularidades por 281.3 millones y 113.9 millones, respectivamente.

En marzo de 2018, los diputados locales votaron en contra de hacer observaciones a los informes finales de las auditorías correspondientes a los años 2011 y 2012. 

Con esa decisión se libró de responsabilidad a los exfuncionarios del Legislativo que estuvieron involucrados en las omisiones: José Manuel Correa, Ernesto Díaz Márquez y Enrique Carlos Trejo Orozco, quienes fungieron como secretario general, director de Control Presupuestal y director de Administración durante la LIX Legislatura de Jalisco.

Además, la Comisión de Vigilancia ha demorado en la revisión de los gastos 2013, 2014 y 2016. Éstos suman observaciones por 68.7 millones de pesos. El único ejercicio “limpio” es del año 2017, aunque también deberá esperar en la fila. El correspondiente a 2018 todavía está en tiempo de fiscalización.

TELÓN DE FONDO

En la congeladora, la reforma 2.0

Aunque se preveía que en julio pasado finalmente el Congreso de Jalisco sacara de la congeladora la reforma anticorrupción 2.0, a la fecha no se ha presentado el dictamen correspondiente. 

Las reformas promovidas desde la sociedad civil y la iniciativa privada, están encaminadas a mejorar los procesos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Por ejemplo, en el tema de fiscalización se propone  modificar el esquema de la Ley de Compras para hacer más transparente y abierto el proceso; en otras palabras, que se pueda conocer, en tiempo real, quién y cómo está comprando. 

Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social del SEA, puntualizó que se pretende que no prevalezcan las adjudicaciones directas  y  se utilicen sólo en situaciones de emergencias.

Se busca también que se cuente con protocolos anti-sobornos. “Que las empresas no puedan obtener contratos si no están dadas de alta en un padrón por integridad”. 

Recordó que los diputados les informaron que la reforma saldría a principios de este año. “Nos habían prometido que estaría para febrero de este año. En febrero todavía no había contingencia y pues ya estamos en septiembre y todavía no avanza”. 

Señaló que les preocupa que los diputados dejen fuera los cambios importantes. “Hay cosas tan relevantes, como que el fiscal Anticorrupción cuente con instrumentos para seguir los recursos de la corrupción...  para seguir la huella del dinero”.

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