Diputados y académicos ven riesgos con la propuesta de reforma electoral que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al considerar que de fondo lo que se busca es controlar las elecciones y centralizar las decisiones que se toman al respecto.Mauro Garza Marín, diputado federal por Jalisco, remarca su oposición a la iniciativa. “Se dice que buscan un organismo más austero, pero es una falacia, lo que quieren es un organismo a modo. Estamos completamente en contra, como en el tema de la reforma eléctrica”, dice el emecista.Horacio Fernández, legislador federal por el Distrito 10, coincide en que el ahorro no es el verdadero sentido de la propuesta. “Creemos que es una aberración del Gobierno federal porque realmente atenta contra la democracia y contra una institución que es ciudadana, que se está queriendo convertir en un instrumento de poder para un partido. Está en riesgo el Instituto Nacional Electoral, pero en juego está la democracia”.Por otro lado, Mónica Montaño, investigadora del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), indica que la iniciativa representa un retroceso en varios puntos, como la desaparición de diputados elegidos por voto popular.Marcos del Rosario, coordinador de Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y especialista en Derecho electoral, comenta que si la reforma resultara aprobada en su totalidad, costaría más. “Es un falso debate. Si el tema es que cuestan mucho, hay que buscar una forma de que se reduzca la estructura”.Mientras que Javier Hurtado, del Colegio de Jalisco, añade que es extraña la propuesta de elegir a las autoridades electorales mediante el voto popular. “Es muy riesgoso. En primer lugar, ¿quién va a realizar la campaña, con cuáles recursos?”.Académicos y especialistas analizan los principales aspectos de la reforma electoral, en los cuales detectan más riesgos para el sistema democrático. Después de las cuestionadas elecciones de 1988, que significaron un parteaguas en la vida política nacional, se aprobaron cuatro reformas que incidieron en que el Gobierno se fuera retirando de la organización de los comicios. La académica Mónica Montaño recuerda que “las reformas las promovieron los que habían perdido, los movimientos sociales, pero esta vez la reforma viene desde el poder, y pareciera que lo hace para tener el control del Instituto Electoral, me parece una regresión”.Marcos del Rosario, coordinador de Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y especialista en Derecho electoral, destaca que si lo que se busca es ahorrar dinero, se debería optar por otra forma de hacerlo, y en el caso de la eficacia, se pueden proponer alternativas para mejorar.“Pero no va por allí, es una desaparición lisa y llana. No veo una defensa por parte de los que integran los institutos, ni los magistrados ni los gobernadores, porque en una de esas les termina conviniendo. Sería un modelo en contra de los ciudadanos”.El Ejecutivo Federal tiene como propuesta convertir al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sería la única autoridad electoral en el país, absorbiendo las funciones de los organismos electorales locales, como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, además de suprimir a los órganos jurisdiccionales locales para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encargue de resolver las controversias a nivel local.El proyecto de decreto propone que el Consejo General -el órgano superior de dirección de dicho organismo- se integrará por siete consejeras y consejeros electorales, los cuales durarían en su encargo seis años sin poder ser reelegidos. Los consejeros del INEC serían elegidos cada seis años, mediante el voto secreto y directo de la ciudadanía.Además, proponen mantener los siete magistrados que conforman la Sala Superior del TEPJF, los cuales también durarían seis años en el cargo y serían elegidos mediante voto directo. La organización y celebración de un nuevo proceso electoral federal para elegir a consejeros y magistrados electorales tendría un costo económico superior a los ocho mil millones de pesos, que va en contra del principio de austeridad que el Gobierno busca incorporar con su iniciativa de reforma electoral, según un análisis del Instituto Belisario Domínguez.Según un análisis del Instituto Belisario Domínguez, aunque podría existir una mayor legitimidad de las autoridades electorales, los riesgos serían: inestabilidad política y social, incertidumbre institucional, confusión y baja participación electoral, inconsistencias y deficiencias ocasionadas por la premura y la falta de consenso, un desempeño parcial y sesgado, una preservación de las cuotas partidistas, inequidad en la contienda y problemas de legalidad y populismo electoral.Javier Hurtado, profesor investigador del Colegio de Jalisco, considera que el INE no debió haber sido creado, porque en un país federal no puede haber un organismo nacional electoral. “Lo que debió haber existido es un instituto federal electoral para organizar las elecciones federales y 32 organismos estatales para las elecciones locales”.En ese sentido, opina que no se justifica la existencia de los organismos locales. “Se debería volver al modelo de Instituto Federal Electoral, y los 32 locales, pero un INE no tiene razón de ser. Porque los tribunales electorales (estatales) sólo sirven en primera instancia en todos los juicios, y todas las impugnaciones van a dar a los federales”.También critica los altos salarios y las actividades. “Me pregunto qué hacen cuando no hay elecciones. Obvio que los integrantes se oponen a que desaparezcan, pero si existe un organismo nacional, no veo para qué exista un IEPC Jalisco, no hay razón de ser”. REFORMA ELECTORAL1. Ahorro de salarios y reducción de presupuesto a partidos“Bajar el financiamiento, y los sueldos de los funcionarios de los institutos electorales, sobre todo ante la desigualdad que hay en México; sería bueno bajar el precio de los sueldos y de los partidos, eso me parece lo más positivo”.Mónica Montaño, académica del departamento de Estudios Políticos del CUCSH.“La reducción de presupuestos de los partidos es algo que todos estamos de acuerdo”.Marcos del Rosario, coordinador de Derecho en el ITESO.Lo más rescatable es eliminar el financiamiento para actividades ordinarias permanentes, que significa volver a lo que existía de 1986 a 1996, cuando los partidos políticos recibían financiamiento del Estado para realizar campañas y de allí se deducía una proporción para sus gastos ordinarios. Hoy es al revés.Javier Hurtado, profesor investigador del Colegio de Jalisco.2. Voto electrónico.El especialista en temas electorales, dice que emitir el sufragio de manera electrónica es algo positivo. “Se ha mostrado que son estructuras de alta seguridad, con resultados inmediatos. El Presidente decía que echáramos un vistazo a Brasil”. Marcos del Rosario, coordinador de Derecho en el ITESO.1. Elección de funcionarios electoralesConsidera que aunque los funcionarios electorales serían propuestos por los ciudadanos, un partido podría controlar todo, “pues ellos son los que van a elegir a los funcionarios. Eso es negativo, porque el partido que tiene más influencia va a poner a los que organicen las elecciones, y me parece una regresión. Hay que explicarle a las personas que muchos de los que están allí estudian derecho electoral, son electos por exámenes internos”.Mónica Montaño, académica del departamento de Estudios Políticos del CUCSH.Destaca que se tratan de cargos técnicos que requieren pericia. “Sería un demérito de la función. Lo que podría ser es que la reducción (de cantidad) sí proceda”.Marcos del Rosario, coordinador de Derecho en el ITESO.“Me parece equivocado porque qué tal si el magistrado supera en legitimidad al propio Presidente. Es lo más arriesgado, extraño, y poco recomendable. Me parece un despropósito, un sinsentido, una ocurrencia”.Javier Hurtado, profesor investigador del Colegio de Jalisco.2. Desaparecen los institutos electorales locales“Está difícil que todas las funciones las haga este INEC. En general es una tendencia a que todo se decida desde el centro, es un riesgo”, analiza.Mónica Montaño, académica del departamento de Estudios Políticos del CUCSH.Recuerda que el argumento de que se hace para que se tenga menos costo no está sustentado. “Más allá de los costos, es un golpe al federalismo, porque los Estados no podríamos organizar nuestras elecciones y validar las mismas”.Marcos del Rosario, coordinador de Derecho en el ITESO.“Hay un problema de que la gente no los busca o no los conoce, ahora es el riesgo que sería sólo plurinominales, sería el 100%, actualmente es el 40% a nivel nacional. Tenemos un sistema mixto, los elegimos, los conocemos y con esta propuesta, el 100% serían electos por representación proporcional”, dice.Mónica Montaño, académica del departamento de Estudios Políticos del CUCSH.Opina que lo más grave es quitar a los diputados de mayoría relativa, es decir, los que se eligen a través del voto directo de la ciudadanía. “Nosotros no vamos a votar por los diputados de nuestros distritos. Sería perder totalmente la identidad del Congreso federal. En una de esas puede convenir a los partidos pero no a los ciudadanos. Si de por sí hay una crisis de representación, el hecho de que ya no existan, la rendición de cuentas desaparece”.Marcos del Rosario, coordinador de Derecho en el ITESO.Advierte sobre un intento de centralizar las decisiones. El número de diputados locales y regidores serían definidos por la federación. “Por ejemplo, los municipios con menos de 100 mil habitantes sólo tendrían un regidor.Mónica Montaño, académica del departamento de Estudios Políticos del CUCSH.“Es el último golpe al modelo federal es el que se le quiere dar a los ayuntamientos, con un número igual de regidurías con base a la población que se tenga, y si no se alcanza esa proporción, no se tiene acceso”.Marcos del Rosario, coordinador de Derecho en el ITESO.Mauro Garza Marín, diputado federal por Jalisco del partido Movimiento Ciudadano (MC), remarca que toda la bancada está en contra de la propuesta de Morena, por lo que pide apoyo de los ciudadanos para involucrarse en el tema y defender la democracia.“No hay ningún punto que negociar. Ellos quieren un órgano a modo. Hay una gran presión de parte de la sociedad civil, hoy lo que pedimos, lejos de pensar en qué pasaría si se aprueba, es pensar lo que hay que hacer para que no se apruebe. Que la sociedad se involucre para que la reforma no pase”.También urge a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a que se pronuncien sobre cuál es su posición.“Con la Guardia Nacional, el PRI estuvo negociando y decidió apoyar y avalar, y lo mismo ocurrió en el Senado, es la preocupación que tenemos. Lo que está en juego es muy importante, es el futuro de la democracia en el país, que los diputados sean conscientes al momento de ejercer su voto. Que no den la espalda a la ciudadanía. Estamos a favor del INE, que no se toca”.Horacio Fernández, diputado federal por el Distrito 10, considera que aunque hay cosas del sistema electoral que pueden mejorar, en este caso opina que se busca manipular las elecciones. “No es un tema de partidos, necesitamos que todos los ciudadanos nos pongamos a trabajar en ese tema. Que el ciudadano también defienda las instituciones, porque de lo contrario nos vamos por un camino que nos va a pesar a todos con el tiempo”.Recuerda que el Presidente llegó al poder gracias a la neutralidad de instituciones como el INE. “De un proceso que se llevó a cabo de manera ejemplar, creemos que es de las mejores instituciones que tenemos en el país, junto con el Banco de México”.Y también solicita al PRI que defina su posición. “Esperamos que lo hagan por el bien de México y no cuidando su pellejo”.
