La preocupación por la propuesta de reforma al Poder Judicial, que busca la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular,  ya escaló a los Gobiernos de Estados Unidos (EU) y Canadá, cuyos embajadores ya hicieron saber que su aprobación pondrá en riesgo la relación comercial con México. 

“La elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México”, declaró el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar. 

El principal representante de Canadá en México, Graeme C. Clark, trasladó en público la alerta de los inversionistas de su país por la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Hay preocupación”.

El funcionario agregó que la reforma puede “afectar el vínculo de confianza” entre el sector privado canadiense y el Gobierno.

Las declaraciones de ambos diplomáticos elevan la alerta contra la polémica iniciativa, parte de un paquete de reformas (“Plan C”), que también busca eliminar los organismos autónomos o regresar la preponderancia en los mercados energéticos a Pemex y la CFE. 

Financieras como CitiBanamex, Morgan Stanley y Bank of America ya alertaron sobre los principales riesgos de la reforma judicial, entre ellos menor crecimiento económico y violaciones al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Consejo de Empresas Globales, que aglutina a 60 grandes compañías que representan el 40% de la Inversión Extranjera Directa en México, pidió ajustes al proyecto de reforma “para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones”. 

En “La Mañanera”, López Obrador descalificó las advertencias de las instituciones financieras. “Es politiquería, no anden creyendo eso, ya engañaron mucho”. 

Las posturas de EU y Canadá le dieron otro duro golpe al peso, que se depreció cerca de los 20 pesos por dólar, en 19.97 unidades a la venta en ventanillas de Citibanamex. 

La reforma judicial también representa un riesgo para la democracia en México, añadió el embajador Ken Salazar. 

“Las democracias no pueden funcionar sin un poder judicial fuerte, independiente y sin corrupción. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a las condiciones de la política”.

Añadió que la reforma tiene el riesgo de que “los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”. 

En respuesta al pronunciamiento de Salazar, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, le recordó que “en 43 de las 50 Entidades de los Estados Unidos se eligen a los jueces por voto popular”. 

El politólogo Sandro Arreola afirmó que el mensaje de Salazar es una “clara fractura” en las relaciones entre ambos países. 

“Sí hay una posibilidad de que el conflicto se intensifique cuando el embajador de Estados Unidos señala que esto debilitaría los esfuerzos de la integración económica. Está diciendo: ‘oigan, si no cambian, nosotros vamos a mover una parte de nuestra economía porque creemos que podrían estar en riesgo nuestras relaciones de negocios’”.

¿Por qué los países norteamericanos están en contra de la iniciativa judicial?

• Genera incertidumbre para los empresarios, quienes podrían dejar de invertir o sacar su dinero de México. 
• Afecta la confianza requerida para que una inversión extranjera se establezca en el país. 
• Jueces menos preparados o calificados, al reducirse los años de experiencia para servir en el Poder Judicial. 
• Mayor riesgo de que los jueces sean presionados por “actores malignos” como el crimen organizado 
• Se mantendrá la corrupción en los juzgados, pero ahora por razones políticas. 
• Falta de personal calificado para resolver litigios complejos como las extradiciones o las disputas comerciales.

“Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. La reforma judicial debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia porque el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años”.

Ken Salazar, embajador de EU en México.

“Lo que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación (sobre la reforma judicial), que es un tema que seguimos con mucho interés. (Pero) como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”. 

Graeme C. Clark, embajador de Canadá en México.

Grandes empresas exigen cambios a reforma judicial

Al acercarse el día en que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asignarán las curules de la Cámara de Diputados, así como la aprobación de un paquete de reformas constitucionales, organismos del sector privado han expresado su preocupación por la posible aprobación de dichas reformas y por la sobrerrepresentación.

Por una parte, la agrupación Empresas Globales, que reúne a 60 grandes compañías que representan el 40% de la Inversión Extranjera Directa en México, señaló que, si bien reconocen la necesidad de un sistema judicial más transparente y eficiente, es crucial que cualquier cambio “consolide la separación de Poderes”.

Solicitan que se realicen ajustes al proyecto de reforma para asegurar la independencia del Poder Judicial, permitiendo que los jueces resuelvan con imparcialidad y sin interferencias indebidas. También propusieron procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento, para que se elijan personas íntegras e idóneas; además, destacaron la importancia de “respetar las condiciones de servicio e inamovilidad de los jueces, lo cual garantizará su independencia y derechos”.

Asimismo, subrayaron que no se debe limitar constitucionalmente “los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en la suspensión”.

Empresas Globales consideró necesario que se establezca un período de implementación razonable para la reforma, que salvaguarde la impartición de justicia y el Estado de derecho, así como directrices claras.

Adicionalmente, advirtió que la reforma no debe contravenir las obligaciones establecidas en tratados internacionales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Canadá se suma a las críticas de Estados Unidos

El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, declaró ayer que los inversionistas canadienses le han manifestado sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el Gobierno mexicano, la cual propone elegir a jueces y a la Suprema Corte mediante voto popular.

Durante la inauguración del foro de negocios México-Canadá ‘CanCham Day 2024’, Clark señaló que esta reforma judicial ha generado inquietud entre los inversionistas. “He escuchado esta mañana (ayer) estas preocupaciones. Lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto, y sí, hay preocupación”, afirmó Clark.

En este sentido, indicó que la reforma judicial podría afectar el “vínculo de confianza” entre los inversionistas y el gobierno de México. “Una inversión es una muestra de confianza. Yo voy a invertir en tu país, construir una fábrica o invertir en una empresa mexicana”, añadió el diplomático.

No obstante, el embajador aclaró que su principal interés es transmitir las preocupaciones del sector privado canadiense, sin intervenir en los asuntos internos de México. “Como diplomático, soy muy consciente de cualquier comentario que podría percibirse como injerencia en los asuntos de México, y ciertamente ese no es el propósito”, puntualizó.

Además, Clark mencionó que desde la Embajada de Canadá han estado siguiendo la reforma judicial “con mucho interés”. “Es el papel de un diplomático de embajada seguir el desarrollo de eventos e iniciativas que podrían tener un impacto sobre nosotros”, dijo.

Momentos antes, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la reforma judicial podría poner en riesgo la democracia y la relación comercial entre ambas naciones, “la cual depende de la confianza de los inversionistas”.

En una conferencia de prensa, Salazar consideró que “la elección directa y política de jueces” podría debilitar “los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte”.

Las declaraciones de los embajadores norteamericanos se producen mientras calificadoras como Fitch y entidades como CitiBanamex o Morgan Stanley han alertado sobre los riesgos de aprobar las reformas propuestas por AMLO.

SUN

LA VOZ DEL EXPERTO

Hay preocupación por incumplimiento de tratado comercial

Alejandro Verduzco, experto en marketing político

Alejandro Verduzco consideró que las declaraciones de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y de Graeme Clark, embajador de Canadá, demuestran la postura y preocupación de sus respectivos países acerca de la reforma al Poder Judicial impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay una preocupación por los embajadores que integran el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que están poniendo su opinión pública porque podría venir un acto de corrupción o, inclusive, introducirse el crimen organizado. Creo yo que están advirtiendo”, adelantó.

Señaló que uno de los mayores riesgos de la reforma es la posibilidad de que los personajes electos puedan corromperse ante la inexperiencia en cargos públicos, lo que preocupa a Estados Unidos y Canadá.

“Estamos hablando desde ministros, magistrados y jueces, y dices: ‘Esta persona se postula’. Al poner nuevas posiciones por voto popular, ¿en cuánto tiempo podría corromperse ese ciudadano, ese profesionista? ¿Qué nos garantizará que no se pueden corromper? La preocupación que yo veo es esa, y sí hay un riesgo de perder relaciones diplomáticas y económicas con los integrantes del T-MEC”.

Por su parte, el experto también subrayó el reto que tendrá Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, en mantener las relaciones de México con los dos países de América del Norte.

“No fue accidente que nombraran a Marcelo Ebrard como secretario de Economía porque a él le tocó muchas acciones de diplomacia y de acuerdos de cara a que ganara el candidato Donald Trump”, concluyó.

Afirma la CNDH que el voto es empoderamiento

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que encabeza Rosario Piedra Ibarra, respaldó la reforma al Poder Judicial al señalar que el voto “es el vehículo de empoderamiento del pueblo”.

“Creemos que es necesaria e inaplazable la transformación del Estado mexicano. No cabe duda de que es el voto el vehículo de empoderamiento del pueblo y por eso estamos convencidos de que es la mejor manera de poner fin a la herencia autoritaria y neoliberal, lo que hace lamentable que para algunos políticos sólo sea oportunidad para la frivolidad y la distracción de lo de fondo”, señaló en un comunicado.

Destacó: “elección por voto directo de las y los integrantes del Poder Judicial y elección por voto directo de la persona titular del organismo protector de los derechos humanos del país”.

Piedra Ibarra confía en que los legisladores de la siguiente Legislatura votarán a favor de la reforma al Poder Judicial.

“Este no es asunto de retos o bravatas para cegar los intentos por democratizar el Poder Judicial, sino de la visión del país que queremos”, expresó.

Piedra Ibarra llamó al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, de oportunista y frívolo al expresarse contra la propuesta de convertir a la CNDH en una Defensoría del Pueblo, cuyo titular sea elegido a través del voto.

“Desde el año 2020, nuestra propuesta ha sido clara y contundente en cuanto a la necesidad de transformar la CNDH en una Defensoría del Pueblo. Esta propuesta es una parte central de nuestra visión para fortalecer la defensa y protección de los derechos humanos en México”, sostuvo.

“Es lamentable que alguien que ostenta la máxima representación de su partido no conozca que desde ese tiempo estamos cabildeando y trabajando para lograrlo, y esperamos que las y los legisladores de la siguiente Legislatura la voten a favor, así que no es asunto de retos o bravatas para cegar los intentos por democratizar el Poder Judicial, sino de la visión del país que queremos”, refirió.

SUN

Órganos legislativos deben incluir a todas las voces

Por otra parte, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) enfatizó que la conformación de los órganos legislativos debe asegurar que todas las voces participen en el debate legislativo, proteger a las minorías, fomentar la diversidad de opiniones y promover la democracia.

Agregó que debe garantizarse la pluralidad política, la proporcionalidad, y el equilibrio e independencia entre los Poderes de la Unión.

La ANTAD también pidió a las autoridades electorales que “la asignación de diputados de representación proporcional se decida con base en una interpretación sistemática e integral del artículo 54 constitucional”, que establece, por un lado, las limitaciones para que los partidos no tengan una sobrerrepresentación en el Congreso -no mayor al 8% respecto de los votos obtenidos en las urnas, ni contar con más de 300 diputados-.

Añadió que también se debe considerar que dicho artículo establece los requisitos de registrar candidatos en al menos 200 distritos electorales para tener derecho a diputados plurinominales, lo cual solo se cumple si se considera a la coalición y no a cada partido de manera individual.

SUN

¿Qué dice el artículo 54?

• Los partidos tendrán un máximo de representación al 8% respecto de los votos obtenidos en las urnas.
• Cada partido contará máximo con 300 diputados en el Congreso.
• Para tener derecho a diputados plurinominales, deben registrar candidatos en al menos 200 distritos electorales .
• El punto anterior sólo se cumple si se considera a la coalición y no a cada partido de manera individual.

¿Qué pasa con los casos urgentes ante el paro en PJF?

• Ante el paro de labores en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), los jueces continúan trabajando en casos urgentes, como detenciones, órdenes de aprehensión y cambios de medida cautelar, entre otros.
• La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), refiere que siguen velando por los derechos humanos de la ciudadanía. 
• “Por ejemplo, si detienen a una persona que robó algo en el aeropuerto, que es un delito federal y es puesta a disposición, esos asuntos no pueden suspenderse. Se hace o no la vinculación a proceso. Estamos trabajando en casos urgentes que implican riesgos para las personas en su libertad o salud”.
• En materia penal, son urgentes las determinaciones que se refieren a las detenciones vinculantes a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y las determinaciones sobre extradición, porque eso no puede parar.
• La magistrada federal de Zacatecas, Beatriz Eugenia Álvarez, subraya que el Consejo de la Judicatura Federal ha previsto varios supuestos de atención de casos urgentes en materia penal.
• Indica que se ha mencionado desde la conferencia matutina que lo positivo del paro laboral es que ya no van a atender los asuntos con detenidos y que no se van a liberar delincuentes, lo cual es inexacto.
• Considera que si eso fuera verdad, habría dos supuestos: que la Fiscalía tuviera que liberar a los delincuentes desde la sede ministerial o solicitar la detención ante una autoridad distinta que no fueran juzgadores del PJF, como jueces del fuero común, porque se trata de casos urgentes. Sin embargo, está previsto atenderlos.
• ¿Qué sucede si detienen a alguien por un delito en materia federal? Por ejemplo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, portación sin licencia, narcóticos o cualquier otro asunto en materia federal. Lo que hace el Ministerio Público (MP) es integrar su carpeta de investigación con esa persona detenida y tiene que ponerla a disposición del juzgador dentro de las 48 horas siguientes a la detención.
• “En caso de no hacerlo dentro de esas 48 horas, la detención es ilegal y tendría que liberarse. Por eso, en los juzgados o en los centros de justicia federales, los juzgadores atienden estos asuntos, porque son urgentes y se resuelve su situación jurídica”, argumenta la magistrada.

El Informador