Mientras las autoridades tienen pendiente la puesta en marcha de las obras para sanear la cuenca del Río Santiago, el tratamiento de las aguas residuales en este cauce presenta una baja de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en el que se informa que en el primer trimestre de este año se han saneado nueve mil 452 litros por segundo, mientras que en 2018 fueron 10 mil 093 litros por segundo.A sólo dos días de iniciar la administración, el gobernador Enrique Alfaro presentó el Plan de Saneamiento Integral para este cuerpo de agua, con una inversión de tres mil 418 millones de pesos para todo el sexenio. Durante ese evento se informó que el plan iniciaría a partir del primer mes de este año, con un presupuesto de mil 450 millones de pesos, por lo que las acciones desarrolladas de enero a marzo, aún no dan un efecto positivo en el volumen de aguas residuales tratadas.De las 17 plantas de tratamiento que serán modernizadas y construidas durante 2019, 13 contribuirán al saneamiento del Río Santiago, pero aún no han iniciado los trabajos. A estas acciones se suma el endurecimiento de las sanciones contra los productores e industrias que contaminen. Sin embargo, el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez, declara que se desconoce el plan presentado en diciembre pasado. Resalta que es necesario analizarlo porque podrían invadirse esferas que no son competencia del Estado. Por ejemplo, las autoridades de Jalisco no pueden sancionar las descargas irregulares de las empresas.Esto último es uno de los factores que impide que las acciones para reducir la contaminación sean efectivas, sumado a que la infraestructura actual no brinda un saneamiento adecuado de las aguas negras.Si a una industria le cuesta dos millones de pesos una multa y la planta para tratar los residuos le representa un gasto de 20 millones, “pagan encantados de la vida las penalidades y siguen contaminando”.Presupuesto de la CEA en 2019800 millones de pesos son del crédito para la modernización y construcción de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado. 532 millones de pesos son para colectores de la Cuenca del Ahogado. 332.1 millones de pesos para el sistema hidráulico circuito multifuncional. 225.1 millones de pesos son para infraestructura hidráulica de la metrópoli. 145.1 millones de pesos para Proagua. 116 acciones a desarrollar durante el año. 79.2 millones de pesos serán para obras en el interior del Estado. 50 millones de pesos están etiquetados para estudios y proyectos.El secretario de Gestión Integral del Agua de Jalisco, Jorge Gastón González, reconoce que hay municipios que no cuentan con recursos para mantener las plantas de tratamiento.“A los municipios les dejaron de llegar recursos federales con los que hacían algunos de los esfuerzos. Este año, la parte de Conagua que tiene algunos programas para plantas de tratamiento nos dejó prácticamente en cero”.Por ello, se les ha solicitado a los Ayuntamientos mayor eficiencia en los pagos de lo que se le cobra a los habitantes de agua potable y saneamiento, “donde no hay organismos públicos municipales, cae en la caja de la Tesorería y se usan para otras cosas”.Espera que esta semana se lancen las primeras licitaciones de las 21 plantas de tratamiento que se modernizarán o construirán a partir de este año, aunque aclara que el compromiso es que se concluyan en diciembre de 2020.Y se proyecta que para agosto se tenga una línea morada para los industriales de El Salto, para aumentar la capacidad de saneamiento, “se dotará a los industriales de El Salto con 600 litros por segundo”.Inversión en plantas de tratamientoPara 2024, el Gobierno del Estado tiene proyectado duplicar el número de plantas de tratamiento de aguas residuales operando dentro de la norma. Actualmente sólo 74 cumplen con las disposiciones en la materia y se proyecta que al término de la administración se llegue a 138.En este año se construirán 17 a través del crédito de 800 millones de pesos, el cual saldrá de la deuda de hasta cinco mil 250 millones que adquirirá el Ejecutivo estatal para diversos proyectos de infraestructura, pero del que aún no se publica el fallo que se tenía programado para el 11 de junio.Además, para este año, la Comisión Estatal del Agua tiene etiquetados 13.7 millones de pesos para el diagnóstico e ingeniería básica de plantas de tratamiento, así como 16.4 millones para la elaboración de proyectos y construcción de otras tres, a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.En el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 se informa que, de acuerdo con el inventario de la CEA, en la Entidad se tienen 219 plantas de tratamiento de aguas residuales.Con esta infraestructura, el nivel de saneamiento es de apenas 59.5%. Además, 62 municipios de los 125 no cuentan con el saneamiento de sus aguas. “Esto ha generado, a través de los años, problemas de carácter ambiental y de salud para los habitantes, así como la contaminación acelerada de ríos, lagos y de los mantos acuíferos subterráneos”, se destaca en el documento presentado recientemente.En octubre pasado, este medio publicó que en 42 municipios del Estado no se cuenta con plantas de tratamiento. Además, existen 85 plantas de que no funcionan y, que de ser puestas en marcha, se encargarían de limpiar las descargas residuales de más de 400 mil personas.Durante la pasada administración, autoridades de la Comisión señalaron que el organismo apoya a los municipios con programas para sanear las aguas, pero cada que se acerca el final de una administración, aumenta el número de plantas fuera de operación.El académico del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, Luis Gabriel Torres, recuerda que esto obedece a que los Ayuntamientos no pueden asumir los costos de operación, además de que funcionan con técnicas obsoletas.“Incluso nunca serán muy rentables. Los costos que tienen en el sentido de operación, personal, electricidad y otros insumos, incluso de refacciones, las vuelven inviables. Hay casos en los que inmediatamente las dejan de usar, empiezan a robarse piezas. Al no haber vigilancia se roban tubería, refacciones y prácticamente las desmantelan”.Aunque las autoridades estatales han anunciado que producirán energías alternativas para que no se conviertan en elefantes blancos, el académico apunta que aún se sigue pensando en modelos obsoletos, aunque se deberá esperar si esto da resultados.LA VOZ DEL EXPERTOJuan Guillermo Márquez (presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua).A pesar de considerar que el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo presentado recientemente por las autoridades es ambicioso, el presidente del organismo ciudadano resalta que “falta conocer los cómo”; es decir, las acciones que se proyectan para resolver la problemática en materia de gestión integral del agua.“Porque de lo contrario se convierte en un documento de buenas intenciones, y si no están bien definidas las formas en las que se estará trabajando todo esto, seguiremos estancados en lo mismo”.Debido a que uno de los objetivos planteados en el documento es contar con un esquema activo de incentivos y penalidades económicas que reflejen el uso y valor del agua, Márquez señala que esto abre la puerta a la privatización del agua, “porque con el argumento de que no se está cuidando lo suficiente el agua, hay que cobrarla y hay que cobrarla cara para que le duela en el bolsillo a la gente y la cuide”.Sin embargo, añade que está demostrado que ese tipo de esquemas no funcionan.Por ello, considera que se debe cambiar de manera drástica la implementación de las multas por contaminar, pues las empresas prefieren cubrir las sanciones que llevar a cabo las acciones necesarias para disminuir el daño ambiental que provocan con sus descargas irregulares.Además del Río Santiago, un ejemplo de que las autoridades no están haciendo lo suficiente para frenar este tipo de contaminación es el Río de Cocula, donde opera un pequeño parque industrial, el cual está descargando a un cauce de manera directa sin tratar las aguas, “no hay una actuación puntual ahí. ¿Cómo es posible que se permita que esté operando?”.En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, recuerda que es de su competencia el manejo de residuos, pero no está actuando, pese a que desde la pasada administración se tiene conocimiento del problema.Mientras no se atiendan este tipo de casos, insiste, con todas las buenas intenciones que surjan, “no va a suceder mayor cosa porque hay omisiones muy puntuales”.Debido a que seis de las siete acciones de los colectores que proyecta construir la CEA en este año para el saneamiento de la Cuenca del Ahogado se ubicarán en Tlajomulco, con inversión global de 532 millones de pesos, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Jorge González Morales, informa que ya se iniciaron los trabajos preliminares.Precisa que el colector principal beneficiará a todo el corredor de Chapala, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ya que ayudará a prevenir las inundaciones, disminuir la generación de mosquitos, los malos olores y las enfermedades que se registran en la zona.Actualmente, dice, se realizan los trazos y la preparación de las obras porque tendrá una profundidad de 14 metros. “El método de trabajo es una parte fincado y otra a cielo abierto”.Se proyecta que la obra se concluya a finales de año o en el primer bimestre de 2020. Una vez que entre en operaciones, el municipio se encargará de las líneas de conexión hacia el colector, que incluye a las poblaciones de El Zapote, Santa Fe, Chulavista y Real del Valle, entre otras.El funcionario comenta que otro de los proyectos de saneamiento que se tiene en puerta es el de la Presa El Guayabo (50 hectáreas), en donde cada año se realizan trabajo de limpieza y desazolve para evitar inundaciones, “es un buen proyecto que, con el transcurrir de los próximos años, se tendrá que haber concluido junto con el colector, porque también el colector que pasa por un costado de esa presa va precisamente al colector que está en construcción”.Éste permitirá almacenar el agua de lluvia, potabilizarla y finalmente reusarla. Sin embargo, reconoce que el proyecto contempla varias etapas porque la intención es que se convierta en un parque metropolitano con un gran lago, para lo cual se requieren alrededor de 200 millones de pesos.“Lo tenemos pensado, lo tenemos en proyecto conceptual. Le invertimos de 10 a 15 millones de pesos cada año, para poderlo lograr como se consolidó el Parque Metropolitano de Zapopan”.Agrega que la CEA trabaja también en la construcción del resto de los colectores y tiene proyectada la ampliación de la planta de tratamiento del Ahogado, “nosotros estamos en proyectos para ampliar la planta de tratamiento de San Miguel el Alto y hacer una nueva planta en La Noria, para estar en posibilidades de tratar 90-95% de las aguas residuales del municipio”.Durante la sesión de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua desarrollada en febrero pasado, el director del organismo, Carlos Vicente Aguirre, apuntó que se tenía en trámite el estudio de la ampliación de la planta de tratamiento con la empresa Atlatec, responsable de su operación.El proyecto es ampliar la planta de tratamiento un metro cúbico más, debido a que desde 2014, cuando se construyó, ha funcionado al tope con 2.25 metros cúbicos por segundo.En 2018, Jalisco ocupó el segundo lugar nacional en denuncias por temas de contaminación ambiental en materia federal, con 342 casos. La Zona Metropolitana del Valle de México encabeza la lista nacional, con 589 denuncias, mientras que el Estado con menos quejas fue Tamaulipas, con 15.Destaca que, en todo el país, se documentaron cinco mil 140 denuncias, pero se han concluido tres mil 451, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).Las denuncias se clasifican en diversos tipos de contaminación en: agua, atmósfera, residuos peligrosos, fauna, flora, recursos forestales, impacto ambiental, recursos pesqueros y marinos, riesgo ambiental, suelos o contaminación marítima.De los 342 señalamientos que involucran a Jalisco, 39 fueron por eventos de contaminación de agua, la tercera causa de denuncia después de recursos forestales y afectaciones a la fauna. Sin embargo, la Profepa precisa que solamente le han dado conclusión a 177 quejas.En México, las principales denuncias ambientales fueron por recursos forestales (1,887), seguidas de impacto ambiental (668), afectación a la fauna (667), contaminación a la atmósfera (613) y contaminación por residuos peligrosos (279), entre otras.La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco (Proepa) también recibió 16 denuncias por descargas irregulares de agua residual entre enero del año pasado y mayo de 2019. Según los datos, los giros comerciales infractores durante 2018 fueron hoteles, tequileras, torres, restaurantes y fábricas. En uno de los señalamientos, se indica que la construcción de una torre de departamentos en Zapopan estaba afectando los mantos freáticos.En lo que va del año se han registrado cinco denuncias al respecto. Se acusa de malas prácticas a una empresa de composta en el Municipio de Arandas. También es señalado un rastro de pollos en Zapopan.Además, se presentaron quejas por la ruptura de un tubo en una planta de tratamiento en Puerto Vallarta, una descarga en Atotonilco El Alto y una zanja en mal estado en Mexticacán.El experto Arturo Gleason evidenció que no se cuenta con la capacidad para garantizar que las plantas de tratamiento funcionen como se debe, por lo que se contamina de manera impune. Por ello, propuso crear una red de monitoreo, desde Ocotlán hasta la Barranca de Huentitán, para verificar de manera instantánea la calidad del agua. Mencionó que, a través de sensores, se podría trasferir la información a un centro de inteligencia, que descubra el agente activo que contamina.AlertaEn noviembre de 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió una recomendación dirigida a los Estados de Jalisco, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas para que realizaran acciones de control y vigilancia en las descargas de aguas residuales a los ríos Lerma y Santiago. “Lo anterior, con el fin de detectar todas las descargas de aguas residuales, ya sea de sistemas de drenaje y alcantarillado o industriales, para con ello crear un inventario actualizado para verificar si éstas se realizan previo tratamiento y se encuentran funcionando en cumplimiento con la legislación vigente”, señaló la Profepa.GUÍALas plantas de tratamiento de aguas residuales que se habilitarán con el crédito de 800 millones de pesos solicitado por el gobierno estatal, contarán con producción de energías alternativas para garantizar su operación.En marzo pasado, Patricia Martínez Barba, coordinadora del Gabinete de gestión integral del territorio, compareció ante diputados para presentar los detalles del plan de modernización y construcción de plantas. “Una preocupación es qué pasa después de que se construye la planta. Les digo en los cálculos que hicimos de la inversión, está que las plantas tengan paneles solares para que autogeneren la energía, pero también habrá otras que, por su dimensión, permitirán generar energías alternativas, como es el caso del gas”.Por su parte, Sergio Graf, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, aseguró que la administración estatal se encargará de presupuestar recursos cada año para garantizar que las plantas no dejen de operar, debido a que los municipios abandonan esta infraestructura por carencia de dinero para su mantenimiento. Además, se trabajará de manera estrecha con los Ayuntamientos para que los operadores de los equipos aumenten su eficiencia, disminuyendo la necesidad de fondos estatales con una operación adecuada. Y añadió que la Semadet sigue en la elaboración de un registro estatal único de descargas de tipo industrial o doméstico.Sobre la situación que guardaban a esa fecha las plantas de tratamiento, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, detalló que en la metrópoli se trata 73 de cada 100 litros de aguas residuales. En el resto de los municipios del Estado, en promedio, en 60 de cada 100. Agregó que Jalisco tiene 218 plantas de tratamiento de las cuales 125 operan.Resultados específicosCLAVESAbastecimiento. Desde hace 25 años no se han incorporado nuevas fuentes importantes de abastecimiento de agua potable para la ciudad, lo que ha generado un déficit de tres metros cúbicos por segundo en el suministro para cubrir las necesidades de la población.Cobertura. De acuerdo con cifras del Inegi, durante 2018, Jalisco alcanzó una cobertura en agua potable de 95.28%, mientras que el Área Metropolitana de Guadalajara, en donde se concentra 65% de las tomas de agua potable, logró una cobertura superior a 93 por ciento.Servicio. Al interior del Estado, los municipios con menor cobertura en el servicio de agua potable fueron Villa Guerrero (73.2%), Cuquío (73.8%), Santa María del Oro (75.9%) e Ixtlahuacán del Río (76.3%).Chapala. Más de 50% del suministro de agua actual de la metrópoli proviene del Lago de Chapala; el resto, del sistema de pozos operados por el SIAPA, de otros pozos operados por los municipios u organismos concesionados de carácter privado.Sistemas. En el Estado se tienen 74 sistemas de potabilización con una capacidad instalada de 22 mil 521 litros por segundo; sin embargo, 35 se encuentran fuera de operación, “debido principalmente a la falta de mantenimiento y de recursos económicos.Red. La metrópoli cuenta con la mayor cobertura de alcantarillado con más de 96 por ciento.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina del proyecto para limpiar el Río Santiago?Participa en Twitter en el debate del día @informador
