Razones por las que la ONU rechaza ley de Seguridad Interior

De acuerdo a la ONU, la ley utiliza conceptos ambiguos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria, como "seguridad interior" y "acciones de seguridad interior", "amenazas a la seguridad interior"; entre otros, se definen de forma relajada. 

El nuevo reglamento señala que militares y marinos podrían realizar actividades relativas a la seguridad interior, generalmente a cargo de policías, sin necesidad de una declaración de emergencia. 

En caso de que intervengan las Fuerzas Armadas, los titulares de la Sedena y la Semar serán quienes dirijan los grupos, lo cual le quitaría facultades a la autoridad civil y local. 

En lo relativo al control de las acciones en materia de seguridad interior, la ley no establece cómo los informes a la Secretaría de Gobernación garantizarán la rendición de cuentas. 

La ley, señaló la oficina de la ONU, no contempla mecanismos de rendición de cuentas sobre el avance en la implementación de las medidas previstas en la declaración de "Protección a la Seguridad Interior". 

La ONU destacó que el concepto de "uso legítimo de la fuerza" no se ajusta a los estándares internacionales en la materia, y sólo hace referencia al uso racional y proporcional de ésta, excluyendo los principios de necesidad, idoneidad, eficacia y eficiencia. 

El documento de la ONU indicó que llama la atención que los DH se sujeten a un estándar más bajo que el previsto en la Constitución, la cual señala que las Fuerzas Armadas deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

La ley de Seguridad Interior condicion las movilizaciones civiles a que sean realizadas pacíficamente o de lo contrario podrían ser consideradas como un "riesgo" y podrían estar sujetas al alcance de las Fuerzas Armadas. 

El artículo 31 de la ley establece que organismos autónomos deberán proporcionar información que requieran las autoridades, con lo que la autonomía de la CNDH se vería debilitada en su misión de supervisión. 

 

La ley tendría problemas de inconstitucionalidad en tres sentidos, empezando porque se trata una legislación federal que no tiene alcances para vincular a los Estados y a los municipios, además de que contempla supuestos de intervención y suplantación de la jurisdicción de las entidades. 

En lo que se refiere a la inconvencionalidad, la CIDH establece que el concepto de seguridad interior se asocia a regímenes autoritarios debido a que el concepto faculta a militares a llevar a cabo funciones de seguridad pública.