Por presuntos actos de corrupción, abuso de poder, acoso sexual y vínculos con la delincuencia organizada, entre otras irregularidades, el Consejo de la Judicatura Federal castigó a 148 jueces y magistrados de circuito en los últimos siete años.Hace unos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó una reforma al Poder Judicial para combatir estas prácticas de juzgadores. También pidió más rendición de cuentas.Vía Transparencia, el Consejo destacó que fueron sancionados 77 jueces y 71 magistrados en el periodo mencionado. Aunque no desglosó la información por nombre y casos de corrupción entre 2013 y 2019, confirmó que entre los castigados hay 12 juzgadores adscritos a Jalisco.Por ejemplo, el caso del magistrado Isidro Avelar fue uno de los más polémicos: recientemente fue suspendido por seis meses sin goce de sueldo por presuntos nexos con un cártel de la droga, por lo que se congelaron sus cuentas bancarias.En el ámbito nacional se desarrollan mesas conjuntas con la Federación para combatir el problema de la corrupción en el Poder Judicial, en las que participan el Consejo de la Judicatura Federal, los gobernadores, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica. El gobernador Enrique Alfaro forma parte de la estrategia, por lo que ya confirmó que hay avances contra magistrados, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.“La investigación camina, pronto van a ver hechos concretos”, acentuó el mandatario.Por otra parte, el Consejo de la Judicatura de Jalisco aplicó otras 54 sanciones contra jueces por presuntos casos de corrupción, excesos en el desempeño de sus funciones y por golpear a subalternos, entre otras anomalías, en el periodo 2013-2019. Sin embargo, los magistrados siguen intocables, con excepción del polémico caso de Luis Carlos Vega Pámanes, quien fue inhabilitado por el Congreso local.Agosto de 2015Destituyen a Luis Armando Jerezano Treviño. Quedó demostrado que, en su actuación como juez Cuarto de Distrito en La Laguna, Torreón, incurrió en irregularidades en el trámite y resolución de diversos juicios de amparo, algunos relacionados con permisos para la operación de casinos. De igual forma, obtuvo ingresos distintos a los que, por razón de su encargo, le correspondían.Mayo de 2018Destituyen al juez Francisco Ramos Silva tras quedar demostrado que incurrió en conductas de hostigamiento sexual contra una servidora pública y por otorgar un nombramiento a una persona que no acudía a laborar o lo hacía de forma ocasional. Las irregularidades se cometieron cuando fungía como titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México. Posteriormente, la medida disciplinaria quedó firme tras un recurso de revisión administrativa interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que confirmó la destitución del cargo.Junio de 2018Se suspendió por nueve meses a la magistrada María del Carmen Torres Medina, tras demostrarse que incurrió en hostigamiento y/o acoso laboral en contra de, al menos, nueve servidores públicos bajo su mando, cuando se desempeñaba como integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero.En los últimos siete años, el Consejo de la Judicatura Federal sancionó a 148 jueces y magistrados de circuito por presuntos actos de corrupción, acoso sexual, vínculos con la delincuencia organizada y abuso de poder, entre otros. Vía Transparencia se reportó que, de ese total, 77 corresponden a investigaciones en contra de jueces y 71 contra magistrados. Al momento de la sanción, 12 se encontraban adscritos a juzgados y tribunales de Jalisco.Entre 2013 y 2019 se han realizado 211 investigaciones contra juzgadores; es decir, siete de cada 10 han concluido en sanción.En lo que va del año se han castigado a seis magistrados y dos jueces. De éstos, tres fueron destituidos por presuntos actos de corrupción (dos magistrados de Campeche “por notoria ineptitud, faltar a su declaración patrimonial y desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales”. Y el otro caso corresponde a un juez de Veracruz).El caso del magistrado de Jalisco, Isidro Avelar Gutiérrez, fue uno de los más polémicos. En mayo pasado fue suspendido por seis meses sin goce de sueldo por presuntos nexos con un cártel de la droga, por lo que se congelaron sus cuentas bancarias. Al momento de la sanción ya se encontraba adscrito a Guerrero.Aunque obtuvo una suspensión provisional para evitar ser aprehendido, la semana pasada el Juzgado Decimosexto de Distrito le negó una suspensión definitiva para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueara sus cuentas.En julio pasado, el titular de la Unidad, Santiago Nieto, informó que, además de Avelar, investigaban a ocho jueces y magistrados estatales por presuntos nexos con el narco. Dos corresponden a Jalisco.Se suman otros tres que recientemente anunció el gobernador Enrique Alfaro, quien encabeza las mesas de trabajo a nivel nacional para combatir la corrupción en el Poder Judicial en México.Por su parte, en mayo pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, aseguró que se han realizado muchas investigaciones, en especial en el Estado de Jalisco, “donde nos reportan que se estaban dando problemas de diversa índole”.El académico del ITESO, Jorge Tejada, destaca que, a diferencia de las investigaciones locales, a nivel federal se puede ser más contundente porque éstas se amplían a las familias; además, los funcionarios que las realizan pertenecen a otros circuitos. “Tienen más de independencia”.En días pasados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al Poder Judicial ocuparse de la reforma que hace falta y dijo que la Judicatura debe “aplicarse más”.“Deberían informar más sobre las sanciones a los jueces, magistrados y ministros, porque a lo mejor por falta de información es que se piensa que no se está actuando con rectitud en el Poder Judicial”, subrayó el Presidente.GUÍA• La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó la investigación "Los virreinatos del Poder Judicial", en donde se retratan los casos de nepotismo que se presentan.• De acuerdo con la investigación, que se desarrolló durante un año, el Tercer Circuito de Jalisco es uno de los que concentra el mayor problema. Se suman San Luis Potosí, Querétaro y Baja California, en donde los magistrados contrataron a familiares.• Señalan que la mayoría de parientes se desempeñaba como oficiales administrativos, con sueldos mensuales de 29 mil 585 pesos en promedio.• Sobre Jalisco, se da cuenta del caso de la magistrada en retiro Alicia Guadalupe Cabral Parra. De acuerdo con la revisión, siete familiares ingresaron a laborar al Poder Judicial cuando aún se desempeñaba como presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil (cargo que finalizó en 2018): un hijo, dos hermanos y cuatro sobrinos.• “Mientras ella presidía dicho Tribunal, su hijo Diego Armando (a quien procreó con el señor José Luis López Ávalos), ingresó como oficial administrativo en la ponencia del magistrado José Manuel Mojica Hernández, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el mismo Circuito”.Se aclara que en la página del Consejo de la Judicatura Federal no se tienen disponibles los datos académicos ni de la trayectoria de Armando.• La organización “logró hablar con la magistrada en retiro Alicia Guadalupe Cabral Parra. A su juicio, ella no influyó en que siete de sus familiares obtuvieran cargos en el Poder Judicial”, se remarca en la investigación.Cabral Parra les respondió que sus familiares trabajaban por “méritos propios”. Añadió que algunos son “parientes lejanos con quienes ni siquiera trato”.• El trabajo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad es un seguimiento a una publicación realizada en julio de 2017, en donde se informaba sobre la investigación elaborada por el entonces consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada. En ésta se señalaban a 500 jueces y magistrados federales que tenían a familiares trabajando en el Poder Judicial. “Ahora buscamos ponerles rostros, nombres y apellidos a quienes han incurrido en estas prácticas”.• También se señalaba que el circuito correspondiente a Jalisco ocupaba el tercer lugar con más juzgadores que tienen parientes en el Poder Judicial.“Esta práctica de emplear a los hijos de magistrados y jueces se ha replicado en 29 de 31 circuitos revisados en el estudio”, finaliza la investigación.LA VOZ DEL EXPERTOJorge Tejada Montaño (académico del ITESO)Para el académico del ITESO, las investigaciones que se desarrollan en contra del actuar de los jueces a nivel local no son rigurosas.Considera que estas funciones preventivas y permanentes de vigilancia a cargo del Consejo de la Judicatura son muy deficientes. Señala que, a pesar de que son “vigilados”, en realidad se trata de revisiones aleatorias.“La revisión consiste en ir a ver sus oficinas, en revisar sus registros estadísticos, el orden en el que llevan los archivos, pero no entran a revisar la forma en que se hizo justicia, si fue conforme a las pruebas o si hubo irregularidades. En eso no consisten las revisiones”.Señala que, generalmente, las investigaciones por irregularidades se llevan a cabo después de que un ciudadano denuncia. Sin embargo, la mayoría de estas quejas se hace de manera verbal e informal. “Los litigantes acostumbran a ser muy prudentes”, y no pasa que se quejen de un auxiliar del propio juez o, en vez de quejarse, presentan algún amparo o un recurso de apelación, pero sólo para “componer” el problema que había en el juicio.Algunas de las quejas que se realizan en las revisiones aleatorias, dice, son las de abogados que señalan a funcionarios que solicitan dinero para realizar el trámite, “pero luego estas investigaciones no tienen seguimiento o sustento porque los litigantes se niegan a corroborar esas versiones. Es muy raro que apliquen sanciones”.Sobre las quejas y denuncias presentadas, el académico opina que el panorama es muy triste porque el procedimiento de investigación “es muy pobre, casi inexistente. Formalmente, en el papel se dice que se abre una investigación”. Sin embargo, las investigaciones no se extienden para conocer los nexos con grupos de poder o delincuenciales. “Se limita a que el ciudadano que se queje de una autoridad, sea quien presente todas las pruebas”.José de Jesús Becerra Ramírez (académico de la Universidad de Guadalajara).El director de la División de Estudios Jurídicos acentúa que son adecuadas las mesas de trabajo que se iniciaron a nivel nacional para combatir el problema de corrupción en el Poder Judicial. Sin embargo, debe prevalecer el diálogo entre los Poderes para que los procesos avancen.“Es bueno que desde el poder político se establezca la voluntad del diálogo para efecto de mejorar el sistema de justicia. Creo que el camino correcto es eso, pero debe extenderse… no sólo al Poder Judicial”.La buena noticia es que algunos señalamientos por casos de corrupción o algunas otras irregularidades están avanzando, ya sea por presión social o política, pero se debe seguir el debido proceso y permitir que las personas denunciadas se defiendan.“Si en el debate público están los señalamientos y existen procedimientos en los organismos jurisdiccionales, es un indicio que se está pretendiendo que el estado de derecho prevalezca. Hay que esperar los resultados de los procedimientos que están en curso”.TELÓN DE FONDOAdemás de las investigaciones que se iniciaron en torno a los presuntos casos corrupción que involucran a magistrados de Jalisco, tanto del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco como del Supremo Tribunal de Justicia, se incluyeron despachos jurídicos y empresarios.“Estamos revisando algunos temas de despachos, no sólo de magistrados, de despachos que puedan estar metidos en esta agenda de corrupción”, anunció el mes pasado el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez.Esto es parte de la estrategia que el Gobierno del Estado trabaja en mesas conjuntas con la Federación para combatir el problema de la corrupción en el Poder Judicial, en las que participan también el Consejo de la Judicatura Federal, los gobernadores, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica.Entre los avances de estas mesas se encuentran tres investigaciones a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda: dos en contra de los magistrados García Estrada y Barba Gómez, del Tribunal de lo Administrativo, y una más contra Celso Rodríguez González del Supremo Tribunal de Justicia. Sin embargo, los tres niegan las anomalías.“La investigación camina, pronto van a ver hechos concretos. Lo que les puedo decir es que la mesa está sesionando cada semana, los avances son importantes y pronto habrá noticias”, acentuó el gobernador. Alfaro negó que exista un motivo político en el fondo de estas investigaciones, sino que se trata de poner fin a la corrupción en el Poder Judicial.Anteriormente, el mandatario estatal ya había anunciado que además de estos tres casos existen “muchos más” en contra de magistrados.Entre los hallazgos en los casos ya ventilados de presunta corrupción por parte de magistrados está el que los bienes que poseen estas personas no corresponden a sus ingresos.Los señalamientos en su contra incluyen autorizaciones de desarrollos inmobiliarios o gasolineras fuera de norma.Entre 2013 y 2019, el Consejo de la Judicatura de Jalisco aplicó 54 sanciones contra jueces por presuntos casos de corrupción, excesos en el desempeño de sus funciones y por golpear a subalternos, entre otras irregularidades.De acuerdo con el registro de procedimientos de responsabilidad administrativa, el año con mayor número de sanciones fue en 2013, con 29. De éstas, siete fueron destituciones. Esta última cifra corresponde también a la mayor cantidad de los últimos siete años.En 2013, el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, brindó un informe del trabajo realizado por la Comisión de Vigilancia, en el que se daba cuenta de los casos atendidos tras el lanzamiento de una campaña anticorrupción, en la que se convocó para denunciar las anomalías.Por ejemplo, se daba cuenta de la destitución de los jueces Edgar Salvador Castro (Chapala), José González Ávalos (El Tuito), quien fue además inhabilitado por seis años, al igual que la juzgadora María Elena Rodríguez Martínez (Cihuatlán).Entre 2018 y 2019, el Consejo no ha sancionado a jueces.Por otra parte, de las 96 investigaciones en desarrollo que involucran a todo el personal de los juzgados y que se iniciaron el año pasado, 51 aparecen como no determinadas. Otros dos casos más fueron turnados al Tribunal Administrativo. Se trata de Raydu Iesus Herrera, del Juzgado Menor de Juchitlán, a quien señalan de extralimitarse en sus funciones, “toda vez que hizo valer su condición como servidor público para realizar actos en contra del quejoso”. Este caso se determinó como falta grave. El otro asunto corresponde a la jueza Lorena Irazú Corona Saldívar, del Noveno Distrito Judicial en Ameca.En lo que va de este año hay 38 investigaciones que no han sido “determinadas”. Una que se sigue en contra de Jaime Gómez (quien es titular del Juzgado Noveno Penal de Puente Grande) fue turnada también al tribunal por una indagatoria que sigue la Fiscalía Anticorrupción, derivada de la carpeta de investigación 110/2018-I.El Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco ha recibido 15 quejas contra el actuar de magistrados entre 2013 y 2019; sin embargo, ninguna terminó en sanción.De acuerdo con información otorgada vía Transparencia, en todas se resume que fueron presentadas por “cuestiones jurisdiccionales”, pero no se brinda más detalles y se reporta que ya concluyeron; incluso, las dos que se presentaron durante febrero y mayo de este año.Jorge Tejada Montaño, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), comenta que generalmente se desconoce una situación que es “muy grave”, que es precisamente el que los magistrados no pueden ser revisados por el Consejo de la Judicatura del Estado. “El único modo o metodología que hay para revisar el tema de los magistrados es presentar una queja ante ellos mismos; es decir, a los magistrados no los toca nadie. Ellos van a resolver las quejas que se presenten en contra de ellos”.Recuerda que éstos alegan que es correcto porque si hubiese algún otro órgano o autoridad de categoría inferior que pudiera sancionarlos, perderían autonomía y poder. “Es un pensamiento equivocado”.Otra situación que hace muy difícil que se tengan sanciones contra los magistrados, agrega, es el temor de los abogados a represalias que les impidan trabajar de manera autónoma y con seguridad en nuevos casos, pues son ellos quienes se enteran cómo incurren en actos de corrupción, de abuso de autoridad o por el ejercicio indebido de las funciones.Sin embargo, recuerda que se encuentra la vía del juicio político, a través del Congreso del Estado.A la fecha, el único magistrado sancionado es el ex presidente del Poder Judicial de Jalisco, Vega Pámanes, quien fue inhabilitado por nueve años por haber ocultado sus antecedentes penales y mentir para obtener el cargo.El resto de los juicios políticos en el Legislativo se encuentran detenidos por los amparos presentados por los magistrados. Entre éstos se encuentran los de Alberto Barba Gómez y Armando García Estrada, del Tribunal de Justicia Administrativa.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina del trabajo del Poder Judicial?Participa en Twitter en el debate del día @informador
