El 20 de agosto de 2018, Pavel Agustín solicitó un servicio de taxi de plataforma en la colonia San Joaquín, en Guadalajara. Al llegar a Rancho Nuevo sacó un arma de fuego para robar el auto y las pertenencias del chofer. Luego de que la víctima denunció, policías identificaron el vehículo en la colonia Progreso un día después y detuvieron a su tripulante.

Con elementos de prueba que admitió el juez, el Ministerio Público logró que lo sentenciaran a seis años de prisión al aceptar someterse al procedimiento abreviado, lo que ocurrió hasta un año después, en agosto de 2019.

Desde la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en Jalisco (31 de mayo de 2016) hasta enero pasado (antes de la parálisis del Poder Judicial por la pandemia), la Fiscalía del Estado obtuvo 539 sentencias por el delito de robo, de las 180 mil 280 carpetas de investigación iniciadas en el mismo periodo (0.3%). En otras palabras, en sólo tres casos por cada mil robos se llegó a una sentencia.

Daniel Espinoza Licón, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, explica que esto no significa que sólo se resolvieran las denuncias que concluyeron en sentencia, pues el nuevo sistema de justicia admite otras sanciones a través de los mecanismos alternativos y la conclusión anticipada.

Sin embargo, la tendencia de robos con violencia y armas está en aumento en Jalisco. 

Por eso Javier García, abogado penalista, lamenta que en el robo a vehículos había una impunidad de 90% en el anterior sistema, mientras en el actual subió a 96%, principalmente por la constante rotación de los agentes del Ministerio Público, lo que dificulta a los nuevos dar seguimiento a las investigaciones y sancionar con cárcel sobre todo a los reincidentes peligrosos.

Según la Fiscalía del Estado, de las 180 mil 280 carpetas de investigación sólo se lograron cinco mil 977 detenciones, de las cuales 687 fueron ilegales.

Por robo, más de la mitad de los conflictos que llegan al IJA

Hasta 55% de los asuntos que llegan al Instituto de Justicia Alternativa (IJA) son para mediar por el delito de robo, informó su director, Guillermo Zepeda Lecuona; el resto es por conflictos generados en materia familiar, civil, mercantil y otros delitos susceptibles de acuerdo reparatorio, como el fraude, el daño a las cosas o hasta lesiones y homicidio culposo. 

No obstante, de los casos que se atienden, sólo la tercera parte se resuelve. Por ejemplo,  de los mil 585 conflictos por robos atraídos en 2019,  solamente se logró un acuerdo en 555. 

En el caso de los robos, existen condicionantes para que los asuntos puedan resolverse a través de la justicia alternativa. La primera es que no sea un hecho violento, pues cuando es a mano armada, ni la víctima se puede desistir ya que el sistema se activa de oficio para evitar que el caso quede impune. 

“Los únicos casos que van a la justicia alternativa, en el caso del robo, son de menores cantidades y sin violencia, que pueden resolverse con la reparación del daño con la aprobación del denunciante”, subraya Zepeda. 

El IJA, por pertenecer al Poder Judicial, atiende  los asuntos después de que fueron presentados ante un juez. No obstante, la mayoría de los casos que se resuelven por las vías alternas es atendida  antes de judicializar el expediente, a través de la Dirección de Métodos Alternos de la Fiscalía del Estado.  

Zepeda apunta que esta dinámica es la más adecuada, pues los conflictos tienen más posibilidades de resolverse antes de que se polaricen y las partes decidan ir a un proceso más complicado. 

Si un conflicto por robo no violento no se resuelve a través de la mediación, donde se garantiza la reparación del daño para la víctima, entonces llega a los juzgados,  lo que puede resultar en una dilapidación de los recursos públicos. “La carpeta de investigación, hace tres o cuatro años, costaba (al erario) 16 mil pesos, más otros 22 mil del proceso penal por alguien que se robó unas galletas”. 

Por ello,  los asuntos que deben ir a los juzgados deben reservarse sólo por delitos de alto impacto.

¿Cómo se sanciona el robo en el nuevo sistema?

• Un criminal comete un robo y la autoridad logra detenerlo.
• La Policía lo envía ante el Ministerio Público.
• La Dirección de Mecanismos Alternos de la Fiscalía revisa si el caso puede resolverse mediante la reparación del daño antes de llegar ante un juez, sólo en los  ilícitos donde no hubo violencia.
• Si el robo fue violento o la víctima no admite un acuerdo reparatorio, el Ministerio Público solicita ante un juez el control de la detención.
• Si no se le capturó en flagrancia, no hubo lectura de sus derechos, si no fue puesto a disposición del juez de manera inmediata o si el Ministerio Público no justifica la detención, ésta se decreta como ilegal y el sujeto es puesto en libertad.
• Si se decreta la detención como legal, se procede a la formulación de la imputación (el delito del que se le acusa) y la vinculación a proceso.
• Tras vincularse a proceso, se pueden solicitar las salidas alternas de nueva cuenta.
• Una de éstas es el acuerdo reparatorio, que sólo implica pagar los daños causados a la víctima. Si ésta lo admite, concluye el proceso sin sentencia.
• La otra es el procedimiento abreviado, el cual siempre concluye en sentencia, pero puede terminar en menor tiempo que si se llegara hasta el juicio oral. Esto implica que el imputado admita haber delinquido y se declare culpable. El procedimiento concluye antes y las penas son menores.

Asuntos recibidos en el Instituto de Justicia Alternativa (IJA)

Año	Casos totales	Acuerdos totales	Casos por robo	Acuerdos por robo
2019	2 mil 734	956	Mil 585	555
2020	Mil 046	366	575	164

Operación del nuevo sistema, con poco impacto en seguridad

A  cuatro años de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que arrancó el 31 de mayo de 2016, las denuncias por hechos delictivos en la Entidad han aumentado comparadas con ese periodo, lo que significa que no ha tenido el suficiente impacto en la reducción de la inseguridad,  apunta Álvaro Ruvalcaba Ascencio, académico de la División de Estudios Jurídicos en la Universidad de Guadalajara. 

“El sistema es muy bueno, nos obliga a todos a estudiar más, particularmente a las autoridades, a saber integrar bien una carpeta. Lo que no ha funcionado es la forma de operar, me encuentro a mucha gente que no se ha capacitado, que no se ha puesto a estudiar, que no ha puesto de su parte...  y eso es lo que atora el sistema”. 

Este  sistema, explica, tiene que ser más severo, pues si permite a los delincuentes seguir su proceso en libertad, se debe aplicar con más firmeza con los reincidentes, ya que se han documentado muchos casos en los que los criminales vuelven a las calles para delinquir. 

“Una medida que debe aplicarse es dotar a las Policías Municipales de tecnología para alimentar de manera directa las bases de datos y que el antecedente criminal sea automático, que es una de las fallas constantes en el nuevo sistema”, añade Álvaro Ruvalcaba Ascencio.

Rotación de agentes afecta los procesos

Es común que un delincuente detenido quede  libre sólo para volver a delinquir.  Y en varias ocasiones, recuerda Javier García, abogado penalista con experiencia en la Procuraduría Social, quien señala que una de las principales causas para que esto ocurra es la rotación del personal en la Fiscalía. 

“En el robo a vehículo había una impunidad de 90% en el anterior sistema; en el actual hay una impunidad de 96%. Y se supone que es un sistema más eficaz. ¿Qué pasa?”, se pregunta.  

En los casos que ha atendido el litigante desde que era defensor público comprobó una constante rotación de los agentes de los Ministerios Públicos, lo que dificulta a  los nuevos dar seguimiento a las investigaciones. 

“Por ejemplo:  le roban a Juan Cuerdas un vehículo y denuncia. El Ministerio Público recaba información y luego lo cambian, entonces días posteriores agarran a una persona con el auto robado y a quien procesan es al que iba conduciendo, pero jamás investigan el origen del robo porque no es el mismo Ministerio Público”. 

Esto ocasiona el fenómeno de la “puerta giratoria”, cuando un criminal ingresa  a prisión y poco después queda libre. 

“Viene de una desorganización institucional que ha estado desde que inició el sistema, porque me consta, no hay ese seguimiento por los cambios en Ministerios Públicos y policías investigadores... y eso se refleja en cifras, como las sentencias”. 

Ya atendió casos donde la persona que defiende cuenta con un antecedente de robo, que significa prisión preventiva automática; sin embargo, durante la audiencia sólo ven el asunto actual porque no llevan las otras carpetas que demuestran que es reincidente. Por eso queda libre. 

Para mejorar la efectividad del sistema, los abogados particulares deberían generar menos dilaciones con amparos y aprovechar más la justicia alternativa, acentúa.  “La Fiscalía del Estado debe tener una mayor disposición para admitir métodos alternativos. Es necesario un módulo de atención a las víctimas en las salas de los juicios orales, pues las personas pasan horas antes de encontrar una sala. Todas las audiencias deberían ser públicas, sin que los jueces limiten el ingreso cuando cierran las puertas. Esto genera discrecionalidad”. 

Añade que “los jueces deben respetar la hora en la que citan a las audiencias. Es desastroso en Jalisco, aquí te señalan a las nueve de la mañana y  empiezan a las 12 del día. Y esto es generalizado”. 

El Área de Atención a Víctimas también es insuficiente; por ejemplo, en el Distrito 1 sólo hay siete asesores, que atienden cerca de 50 víctimas cada uno, cuando lo ideal es que sean cinco víctimas por asesor. 

“En la defensoría pública es necesaria un área de ciencias forenses, pues el Instituto Jalisciense está saturado tan sólo por lo que le solicita la Fiscalía del Estado, lo que retrasa sus casos”. 

Por último, explica que todas las sentencias deben estar publicadas, lo cual no ocurre en Jalisco.

Consejo de la Judicatura debe promover audiencias remotas

Ante el rezago de asuntos en el Poder Judicial que ya existía antes del inicio de la pandemia, “pero que ya es demasiado”,  los miembros del Consejo de la Judicatura deben promover entre los jueces el desahogo de las audiencias de manera remota, señala Daniel Espinoza Licón, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

“Deben hacer todo a través de videoconferencias. Eso puede agilizar muchísimo y no estar parados como estamos ahorita, pero implica implementar tecnología, ese es el pretexto. Lo cierto es que si los jueces quisieran, ellos ponen su computadora, su teléfono, y desahogan la audiencia. Hay jueces que así lo hacen, ponen su equipo, pero no todos lo quieren hacer…”. 

Dada la renuencia de muchos, el Consejo de la Judicatura del Estado debe impulsar que los juzgadores desahoguen las audiencias con los medios existentes, que en otros Poderes sí han sido eficientes para evitar el rezago en el trabajo, como las sesiones por la plataforma Zoom en el Poder Legislativo. 

A través de las videoconferencias se pueden evitar los traslados de los detenidos y citar de manera presencial a los participantes en los juicios. 

“Si esto no se implementa ahora, es posible que cuando se reabran todos los juzgados, se saturen”.

Robos de autopartes se concentran en 26 puntos de la metrópoli

El pasado 9 de julio, la Policía de Guadalajara detuvo a un presunto ladrón de autopartes en Providencia, gracias a que las víctimas lograron sorprenderlo. El sujeto, de 21 años, tenía en su poder dos catalizadores. 

Conjuntos de edificios de departamentos, zonas comerciales y hospitales, entre otros lugares de reunión, son los preferidos de los ladrones de autopartes, que en este 2020 se concentran principalmente en 26 puntos de la metrópoli, según datos de Seguridad Map. 

En Guadalajara, la mayor incidencia se denuncia en la Zona Centro, en Ignacio Ramírez, entre Hidalgo y Morelos; en Prisciliano Sánchez, entre Enrique Díaz de León y Prado, así como en López Cotilla, entre Colón y Galeana (pese a que no se permite estacionarse). 

También en 8 de Julio y Gorrión, en  Agustín de la Rosa y José María Vigil, en José María Rodríguez e Ignacio Solórzano (Jardines Alcalde) y en Cauda (entre El Día y El Sol, en Jardines del Bosque).  

En Zapopan, los puntos con mayor incidencia son Niño Obrero, entre Guadalupe y Santo Tomás de Aquino, en el Jardín de San Ignacio; en Santa Rita y avenida de la Reina, en Chapalita; Pléyades y Andrómeda, en La Calma; en Lapizlázuli y Jade, en La Giralda, así como en varios puntos de Paseos del Sol. 

También en Patria y sus cruces con Américas, Lago Ginebra y Colina del Congreso; en Aurelio Ortega y Calle 8, en la colonia Seattle; en Industria Textil e Industria Metalúrgica, en Zapopan Industrial, y en Ávila Camacho y Javier Mina, en el Conjunto Patria.  

En Tonalá, la mayoría de los reportes han sido en el conjunto habitacional de Infonavit La Soledad, en Malecón y Álvarez del Castillo; así como en el conjunto de departamentos de Loma Autlán y Loma Arandas, en Loma Dorada. 

Tlaquepaque concentra los robos en Emilio Carranza en el Centro, y en Río Juárez y Francisco de Miranda.

Finalmente, en Tlajomulco la mayor incidencia en este año está en Vicente Guerrero, entre Nicolás R. Casillas y Francisco Villa, en San Agustín, así como en los Abedules y Lomas del Valle, en Lomas de San Agustín.  

Hasta junio pasado, en Jalisco suman 983 denuncias por robo de autopartes, aunque se estima que la población sólo denuncia uno de cada 10 de estos delitos, lo que se ve reflejado en los aseguramientos de miles de piezas de dudosa procedencia en zonas como la  5 de Febrero, en Guadalajara, a través de operativos.

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