El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) informa que los cuerpos que tiene bajo su resguardo en las instalaciones de Tlaquepaque rebasan los espacios en sus cámaras refrigerantes. En las delegaciones regionales están al límite de su capacidad.

Por Transparencia, el Servicio Médico Forense detalla que hasta el 31 de diciembre se registraron 501 cadáveres y restos óseos en el edificio del fraccionamiento Revolución.

Subraya que allí tienen dos cámaras refrigerantes y cinco módulos para 477 cuerpos. Es decir, en ese momento tenían 24 de más.

“Sin embargo, en los casos de secciones anatómicas y restos óseos se puede compartir espacio”, indica.

En Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ocotlán, Ciudad Guzmán, El Grullo, Puerto Vallarta y Magdalena reportan 225 cadáveres, sin “ningún espacio disponible para el resguardo”. Sólo en las instalaciones de Colotlán, donde preservan cinco, tenían uno extra.

Este medio documentó que, a principios de septiembre de 2019, el IJCF contaba con 69 sitios disponibles para resguardar cadáveres de personas sin identificar. A mediados de ese mes, el Gobierno estatal afirmó que aún tenía 87. Pero el 31 de diciembre se rebasó la capacidad.

Además, tan sólo en los primeros 20 días de 2020 llegaron otros 53 cuerpos y 26 bolsas con restos sin identificar (al menos), tras los hallazgos en fincas y predios en la metrópoli. Y otros nueve de Lagos de Moreno.

El director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, consideró que lo primero que se debe hacer es tener la capacidad para albergar más cuerpos.

Se solicitó una entrevista a Ciencias Forenses, pero no se atendió. Y se pidió una reacción a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), pero tampoco respondió.

El ombudsman Alfonso Hernández adelantó que en febrero presentará su segundo informe, donde abordará la crisis forense, los desaparecidos y la violencia contra las mujeres.

Confirman 2019 como el año más violento en el país

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que 2019 acumuló 35 mil 588 víctimas de homicidio, lo que lo convierte en el año más violento de que se tenga registro. Esto significa 2.7% más que los 34 mil 655 documentados en 2018.

Identifican a siete de cada 10 cuerpos en resguardo en IJCF

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) responde que, del 1 de diciembre de 2013 al 15 de diciembre de 2019, ingresaron a sus instalaciones en Tlaquepaque cinco mil 796 cadáveres N.N., actualmente conocidos como Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI). En ese mismo periodo identificaron ante las agencias del Ministerio Público a cuatro mil 334; es decir, siete de cada 10. Lo anterior significa que mil 462  no fueron reconocidos, según un análisis compartido por Transparencia.

Sobre el tipo de pruebas para identificación en cada cuerpo o extremidad, el instituto explica que hasta antes del 19 de septiembre de 2018, a todos los cuerpos que ingresaban al Servicio Médico Forense se les practicaban una serie de dictámenes identificativos a petición del Ministerio Público que tuvo conocimiento del hecho.

“Es decir, que las pruebas ordenadas eran específicas para cada caso y dicha información no se encuentra sistematizada a manera de estadística”.

Remarca que los medios de prueba que acreditan la personalidad se encuentran de manera individualizada en cada carpeta de investigación.

A partir del 20 de septiembre de 2018, todos los cuerpos se procesan de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Identificación Forense, contesta el área.

“Se realiza la necropsia de ley, se toman fotografías forenses, se elabora el dictamen denominado ‘Identoestomatograma’, se toman huellas dactilares en los casos en los que el estado del cadáver lo permite y se realiza la toma de muestra para el perfil genético”.

La estadística de clasificación correspondiente al tipo de los restos inició de manera sistematizada hasta de julio de 2019, precisa el organismo.

Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre del año pasado llegaron mil 539 cuerpos sin identificar. Desglosan que después de julio y hasta diciembre pasado, 704 son cuerpos, 14 corresponden a restos óseos y 780 son secciones anatómicas.

El Protocolo de Identificación Forense refiere que en los cadáveres no identificados se debe garantizar la disponibilidad de un archivo básico, constituido por descripción externa e interna del cadáver, descripción de prendas, fotografía, ficha necrodactilar, examen dental, muestras en reserva y registro sobre el destino final del cadáver.

Últimos hallazgos

• El 3 de enero de 2020 fue hallado un cadáver en un carrito de supermercado en el Centro Histórico.
• El 7 de enero se encontraron restos que corresponderían a 48 personas en una tercera finca de la Colonia El Mirador, en Tlajomulco.
• Ese mismo día encontraron un cadáver “encobijado” en La Coladera, Tlajomulco.
• El 8 de enero localizaron un cuerpo calcinado en Tlaquepaque.
• El 9 de enero, la Fiscalía del Estado anunció que encontraron otras 26 bolsas de plástico más que contenían piezas anatómicas humanas, tras concluir labores en un barranco ubicado a un costado de la carretera a Matatlán, en Tonalá.
• El 13 de enero, dos cadáveres fueron abandonados en distintos puntos de la ciudad.
• Y el 15 de enero se localizaron otros nueve cuerpos en un predio de Lagos de Moreno, por lo que se trasladaron a esa delegación.

Investigación

Este medio publicó que, de enero de 2017 a octubre de 2019, el IJCF sepultó 842 cadáveres sin identificar, por lo que comenzó un proceso de investigación por parte del órgano de control del instituto, así como la revisión y captura de las evidencias documentales que se han localizado en los archivos. “Una vez concluida dicha investigación, los datos proporcionados pudieran variar”, precisó el instituto.

GUÍA

Actúan con negligencia

• El pasado 19 de diciembre de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 40/2019, la cual revela que se acumularon 604 quejas correspondientes a 605 cuerpos, que tienen como rasgo común la acumulación de cuerpos de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI) y Personas Fallecidas no Reclamadas (PFNR) en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, entre los años 2015 y 2018. Remarcó “el actuar negligente de las autoridades ministeriales dentro las actas ministeriales, de hechos, de averiguaciones previas o carpetas de investigación, así como la omisión y la dilación del personal del IJCF en la emisión de los dictámenes periciales que auxiliaran en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de las PFSI”.
• De los 605 cuerpos de PFSI, 489 fueron inhumados en cementerios de los municipios de Guadalajara y El Salto. De éstos, 25 no contaban con datos que los vincularan con procesos de investigación.
• En el documento se subraya que existe una irregularidad en los plazos en que se llevaron las inhumaciones, pues en algunos casos pasaron extensos periodos de tiempo para que le dieran un destino. “Como fue el caso del cuerpo relacionado con la queja 7659/2018/IV, en la que tardaron 43 meses; en contraste, el cuerpo concerniente al expediente de la queja 7877/2018/IV fue inhumado solamente en cinco días; es decir, en ninguno de los casos las autoridades realizaron las diligencias adecuadas para lograr la identificación de los cuerpos y entrega a sus familiares, sino que en ambos, los cuerpos fueron inhumados a raíz de la contingencia”.

TELÓN DE FONDO

Prometen más instalaciones

El Sistema Nacional de Búsqueda presentó el 24 de junio de 2019 un diagnóstico de la situación de los servicios forenses en el país, en donde detectó que las deficiencias principales en la materia son: falta de infraestructura adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de las pruebas periciales que permitan la identificación; escasez de personal especializado y suficiente en todos los servicios forenses; falta de recursos, que impiden la operatividad efectiva de todas las especialidades forenses; fallas de criterios homologados para la conservación y tratamiento de los cadáveres; desconocimiento de la normatividad en la materia, así como la insuficiencia de cementerios forenses.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, anunció 10 acciones. Entre las principales, destacó la instalación de cinco institutos regionales forenses que estarán ubicados en los Estados de Coahuila para atender a Chihuahua, Durango y San Luis Potosí; en Nuevo León para abarcar la problemática de ese Estado y Tamaulipas; en Sonora, para extenderlo a Baja California, Baja California Sur y Sinaloa; en Veracruz, para ampliar a Puebla, Oaxaca y Chiapas; y en la Ciudad de México, para compartir esta responsabilidad con los Estados de Morelos y de Guerrero.

Sostuvo que también se construirían cementerios forenses: tres en Veracruz, tres en Sinaloa, dos en Jalisco, dos en Guerrero y uno en cada de las siguientes Entidades: Michoacán, Baja California, Colima, Nayarit y Tamaulipas.

Agregó que se contratarían especialistas en materia forense. “Un apoyo en particular se otorgará a los Estados de Nayarit, Sinaloa y Colima para fortalecer sus trabajos de identificación”.

Diagnóstico de los servicios forenses en México:

• Falta de infraestructura adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de las pruebas periciales que permitan la identificación.
• Escasez de personal especializado y suficiente en todos los servicios forenses.
• Falta de recursos, que impiden la operatividad efectiva de todas las especialidades forenses.
• Fallas de criterios homologados para la conservación y tratamiento de los cadáveres.
• Desconocimiento de la normatividad en la materia.
• Insuficiencia de cementerios forenses.

Contratan a más

El área de Recursos Humanos informa que se contrataron 50 personas para la identificación de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En 2018 registraron 179 empleados y 2019 cerró con 229.
De las 50 plazas, 22 son de la nueva coordinación de atención a familiares de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI).

Vía Transparencia, detalla que en 2018 laboraban nueve personas en informática, 42 en criminalística de campo, 17 en genética, 12 en lofoscopia, 31 en laboratorio químico, 62 en servicio médico forense y seis en la coordinación de archivo.

Mientras que el año pasado registraron 13 trabajadores en informática, 49 en criminalística de campo, 24 en genética, 16 en lofoscopia, 35 en laboratorio químico, 70 en servicio médico forense y 22 en la coordinación de atención a familiares de PFSI.

Pese al aumento, algunas áreas ya no cuentan con los trabajadores más experimentados. Por ejemplo, en genética, que tiene siete espacios más, el año antepasado se reportaron siete peritos A y otros siete B, un coordinador, un jefe de departamento y una secretaria.

En 2019 se dejó al coordinador junto con 12 peritos A y 11 en la categoría B; es decir, que hay nueve peritos más porque ya no está la figura de jefe de departamento ni de secretaria. Sin embargo, el reporte indica que tres de los peritos tenían entre 10 y 20 años de servicio, y uno de 30 años de servicio. El coordinador tenía más de 25 años de servicio. Ahora solamente hay un perito con experiencia de 25 a 30 años y los 22 trabajadores restantes con menos de 10 años de experiencia. El nuevo titular es químico, con un servicio de 15 a 20 años.

También el área de criminalística de campo pasó de 42 a 49 trabajadores. Aquí se añadió la figura de coordinador y seis nuevos peritos. Aunque se documentó que en 2018 se contaba con dos peritos que tenían de 25 a 30 años de servicio, éstos ya no aparecen en el año posterior.

Por su parte, en la coordinación de atención a familiares de PFSI se tienen nombramientos de coordinador, jefe de departamento A, secretaría de dirección, dos auxiliares de informática, nueve peritos A y nueve peritos B, con escolaridad de bachillerato, derecho, enfermería, derecho y seguridad pública, trabajo social, criminología, contabilidad y un maestro o maestra en ciencias forenses. De los 17 peritos, 12 tienen menos de cinco años de experiencia.

Aumentan las pruebas de ADN

El Laboratorio de Genética del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) comparte que durante 2019 se realizaron mil 250 pruebas de ADN a personas no identificadas. La cifra significa un aumento de cuatro veces comparado con las 300 que realizaron en 2018.

En 2017, realizaron 143 pruebas; en 2016, 314; en 2015, 92; en 2014, 47, y otras 32 en diciembre de 2013.

De acuerdo con el área, los datos fueron tomados de sus registros y el banco de perfiles genéticos. “Cabe hacer mención que se realizaron análisis genéticos en respuesta a las solicitudes realizadas por los agentes del Ministerio Público. Algunas de estas pruebas quedaron registradas como N.N., ya que así fueron solicitadas por el agente”.

También indica que los perfiles genéticos pueden utilizarse como parte de la identificación de cadáveres para establecer relación filial con familiares y/o en asuntos relacionados con una carpeta de investigación vinculada con indicios y/o muestras colectadas en el lugar de intervención o de los hechos.

“Además de que las solicitudes recibidas en este laboratorio hacen referencia a que se resguarde el perfil genético para su posible posterior confronta (análisis)”.

El Protocolo de Identificación Forense describe que en esta actividad se utilizan tres tipos de análisis genéticos, que dependen principalmente del estado de conservación del material biológico y de las muestras de referencia disponibles de familiares, con las cuales se podrá establecer el parentesco de un individuo.

Los objetivos principales son contribuir a la identificación de la víctima, individualización de restos mezclados y la reasociación de partes de los cuerpos. “En caso de que se requiera un proceso de identificación, siempre será necesario que el médico forense y/o antropólogo forense tomen las muestras biológicas más adecuadas para posibilitar un análisis posterior por ADN, en caso de que otros métodos de identificación no hayan sido posibles”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Propone unidad temporal

Ignacio Omar Mireles (académico de la UdeG)

Ignacio Omar  Mireles considera que, ante la saturación de los cuerpos, debería de crearse una unidad temporal de identificación para fortalecer y darle más celeridad al tema.

Por otro lado, dice que siempre hay preocupación de sobrecupo en las gavetas de refrigeración. En el caso de los cuerpos que se localizan en fosas, remarca, el trabajo requiere más tiempo.

“Esos cuerpos normalmente están amontonados uno sobre otro…  y  como se están descomponiendo,  sueltan un  líquido y va bañando a los demás cuerpos. Como existe esa contaminación cruzada se tienen que hacer lavados o se tiene que sacar el ADN de los huesos, un proceso que también hace que se haga más lento la parte de la caracterización y de la obtención de todas las muestras biológicas necesarias para hacer identificaciones futuras”.

Menciona que los trabajadores están saturados, por lo que es complicado desahogar las gavetas antes de que lleguen más cuerpos. “Apenas están avanzando un poco en el trabajo y llega un fin de semana donde se descubre una fosa con 40 personas, sin contar que todavía hay mucho asesinato”.

Puntualiza que uno de los peligros en la falta de espacio es que complica los procesos, ya que se pueden perder elementos importantes para la identificación.

“El proceso dura como mínimo unas 18 horas; lo máximo no debería pasar de siete días. Pero cuando hay desmembramientos, como en la fosa de El Mirador, allí es más lento porque primero tienen que armar, con esas partes, los cuerpos, y eso lleva hasta 30 días porque no te puedes equivocar”.

Enfatiza que, además, son varias personas las que trabajan en un mismo cuerpo. En general, el biólogo que se encarga de la secuencia del ADN. Si el cuerpo no está en buen estado, el antropólogo tiene que analizar las características de los huesos para determinar sexo o edad.

Pide trato digno

Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, subraya que es fundamental que se tengan las instalaciones adecuadas para el resguardo de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Considera que, ante la crisis de seguridad, en particular la relacionada al homicidio doloso, se deben reforzar las acciones en materia forense.

“La saturación no es únicamente física, sino también de recursos  humanos, lo que ya veníamos padeciendo: la correcta identificación de los cadáveres también requiere que tengamos suficientes antropólogos forenses”.

Destaca que esto se relaciona con un mayor presupuesto para el rubro y, al mismo tiempo, que la plataforma donde está la información para identificación contenga más información para entregar los cuerpos a las familias. Así como una mayor socialización.

Indica que el tema es importante por el respeto a los valores, los derechos y la igualdad entre las personas.

“Ese trato digno también está incluido en que, a esos restos humanos, podamos saber qué les pasó… y poder combatir al crimen. Porque el ciclo de la vida no se agota cuando una persona deja de existir, se agota cuando sus restos son adecuadamente tratados y sus deudos son igualmente tratados con dignidad. Sea el cadáver de quien sea”.

Investigan fallas en la custodia

La Contraloría de Jalisco investiga una posible violación a la cadena de custodia. Por Transparencia explica que se instauraron contra servidores públicos siete expedientes relativos a diversos procedimientos de investigaciones administrativas en donde se presumen estos hechos.

“Uno de ellos se tuvo conocimiento en el año 2017, cuatro más en 2018… y dos en el año 2019”. Los trabajadores pertenecen a la Unidad regional de la zona Costa Norte, en Puerto Vallarta, y a la Dirección del Servicio Médico Forense y Antropología. Hasta el año pasado todavía no se documentaron sanciones.

También acentúa que este tema lo lleva la autoridad investigadora del órgano interno de control del IJCF por probable perjuicio al Artículo 152 del Código Penal del Estado de Jalisco. El acuerdo sobre directrices, publicado en 2015 en el Diario Oficial de la Federación, precisa que la cadena de custodia es un sistema de control y registro que se aplica al indicio o elemento material probatorio, desde su localización, descubrimiento o aportación, desde el lugar de intervención y hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.

Este proceso comprende aspectos como la preservación del lugar, el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios, el traslado de los indicios o los elementos materiales probatorios, los análisis, el almacenamiento y la disposición final, con el objetivo de “garantizar la mismidad y autenticidad de los indicios o elementos materiales probatorios, mediante los registros que demuestren la continuidad y la trazabilidad de la cadena de custodia, con la finalidad de constituirse como prueba”.

Para ello se emitió la guía dirigida a los agentes de los Ministerios Públicos, a los policías ministeriales y peritos que intervienen en el procedimiento penal en materia de cadena de custodia.

Sobre la investigación que se realiza a la Fiscalía General de Jalisco sobre el tema de los tráileres que deambularon con cadáveres, la Contraloría de Jalisco detalla por Transparencia que “se encuentra en etapa de investigación complementaria por la contratación indebida del contrato del proveedor denominado Logística Montes, por el servicio de arrendamiento de dos cajas frigoríficas”.

Este hecho sería castigado por el delito estipulado en los Artículos 148 y 152 del Código Penal.

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