La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asumió pagos por 11.3 millones de pesos en la reparación de inmuebles afectados por la construcción de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero, pese a que se requirió al contratista un seguro para responder por los daños a terceros, con motivo de la ejecución del proyecto.La SCT justificó que la póliza no amparaba responsabilidades por daños causados por “inconsistencias, hundimientos o asentamientos del suelo o subsuelo” y que los inmuebles no habían recibido mantenimiento. Sin embargo, la ASF emitió un pliego de observaciones al considerar que esos elementos no eran suficientes para el deslinde del contratista y el pago de la SCT.“Suponiendo sin conceder que se trate de inmuebles que no fueron afectados por la construcción del túnel, no se presentan las solicitudes de pago, las autorizaciones ni las razones del por qué se pagaron dichas reparaciones (por la SCT), ya que se trata de inmuebles que no se encuentran en la zona de afectación, por lo que no sería procedente su pago”.Por eso determinó que subsiste la observación, porque el dictamen técnico revela “que se dio trámite a los conceptos de reparación de inmuebles que tuvieron daños por la construcción del túnel, lo que se contrapone con lo informado por la entidad fiscalizada en su respuesta”.El periodo auditado corresponde a la Cuenta Pública 2018 por la “construcción del túnel, el pozo de ataque de la tuneladora, las trincheras de acceso y salida, cinco estaciones y el Centro de Transferencia Multimodal”.Por otra parte, la SCT subraya que, para restaurar los inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “se ha contemplado que estos trabajos ascienden a 53.9 millones de pesos” en este año, aunque proyectan 154 millones para las reparaciones totales tras las obras de la Línea 3.La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informan que no se han hecho efectivas las fianzas correspondientes para cubrir afectaciones en 19 inmuebles o monumentos históricos. Entre estos espacios se encuentran el Templo San José de Gracia, la Catedral Metropolitana, el Templo de San Francisco de Asís, El Santuario, el Museo del Periodismo y el Jardín Plaza de Armas, entre otros.Las dependencias también discrepan en los montos de las fianzas de cuatro espacios. Mientras la SCT informa que entregó a la Tesorería de la Federación 60 millones “para los templos Catedral, El Santuario, San José de Gracia y San Francisco de Asís”, el INAH responde que el presupuesto para esos inmuebles es por 140 millones de pesos.Por lo menos, el Instituto destaca que los inmuebles que presentaron daños por la ejecución de los trabajos de la Línea 3 son la Catedral, San Francisco de Asís, San José de Gracia, el Museo del Periodismo y Casa Reforma.Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indica por Transparencia que se contempla que los trabajos para la restauración de inmuebles catalogados por el INAH ascienden a 53.9 millones de pesos, pero proyectan una bolsa global de 154 millones para las reparaciones.Sin embargo, en una respuesta posterior hay contradicciones y afirmó que “los inmuebles no fueron dañados por el paso de la tuneladora, pero se aplica el programa de reforzamiento estructural en coordinación con el INAH y la UNAM”. De acuerdo con la Secretaría, los trabajos quedarán concluidos este año, “considerando que deberá continuarse con la revisión periódica de los inmuebles”.Con ese contexto, la Auditoría Superior de la Federación acaba de publicar fallas en el túnel de la Línea 3.Fuente: SCT.Con motivo de los trabajos de la nueva ruta de Tren Ligero, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmaron un convenio de colaboración el 3 de diciembre de 2015. El acuerdo fue que, si el Instituto advierte de la existencia de algún riesgo para la integridad del patrimonio cultural edificado, tendría las facultades para ordenar la suspensión inmediata de los trabajos hasta que se definieran las medidas necesarias que garantizaran la seguridad y la estabilidad de los espacios históricos.También se firmó que las fianzas deberían ser suficientes para cubrir el importe principal de las obligaciones garantizadas y los accesorios causados, “por los montos que éste determine para todas y cada una de las etapas constructivas y/o de intervención del proyecto, para garantizar la conservación y protección de los monumentos históricos”, según un documento remitido por la unidad de Transparencia del INAH.Posteriormente, el 21 de diciembre de 2016 se avaló una prórroga del documento. En esa fecha se informó que todavía no se autorizaba la solución formal de las estaciones elevadas y de los accesos a las subterráneas.Y la última prórroga compartida, con fecha del 9 de enero de 2018, documentó que se autoriza la segunda etapa para trabajos de reforzamiento estructural preventivo y de rehabilitación de los monumentos de la Catedral, San José de Gracia y San Francisco de Asís.La delegación del INAH en Jalisco avisó en febrero de 2015 que todavía no recibía el proyecto ejecutivo de los trabajos de la Línea 3, lo que significaba que las áreas técnicas no habían realizado el análisis correspondiente. Por ese motivo prohibieron que los contratistas comenzaran obras en el Centro Histórico de Guadalajara.Tampoco se contó con la liberación oportuna de los frentes de trabajo por parte de la Secretaría de Movilidad.Al respecto, una investigación de la Auditoría Superior indica que esto propició que el comienzo de los trabajos se difiriera en 103 días naturales. Y ocasionó atrasos en su ejecución, diversas suspensiones de obra, la autorización y el pago en 2018 de 11 conceptos no previstos.Eso detonó un sobrecosto en las obras de 338.4 millones de pesos porque se cambió el procedimiento constructivo, “ya que en lugar de que las excavaciones de las estaciones se realizaran previamente al paso de la tuneladora, se modificó a que ‘La Tapatía’ realizara de forma continua dichas excavaciones hasta concluir el túnel. Y que la contratista regresara a excavar las estaciones y a demoler las dovelas, con el objeto de no causar daños a los edificios históricos; además, se observó que se realizaron trabajos de obras inducidas de telefonía, cable, fibra óptica y de instalaciones de la administración municipal”.La ASF explica que la observación subiste, “se comprueba que previo al inicio de los trabajos la entidad fiscalizada no contaba con los permisos. El inicio contractual de los trabajos se estableció para el 29 de agosto de 2014… y la fecha de autorización por parte del INAH fue hasta el 18 de diciembre de 2015”.La Auditoría Superior de la Federación reafirmó que en el túnel de la Línea 3 hay dovelas que presentan rupturas y despostillamientos, así como filtraciones de agua “entre las uniones de las dovelas, en las uniones de los anillos que forman el túnel y en las grietas localizadas al centro de las dovelas en varios puntos en el túnel”.Por lo anterior, solicitó a la SCT el dictamen técnico del director de la obra, “para que se garantice la estabilidad del túnel y la seguridad de los usuarios. También que informe del procedimiento que implementará para que se reparen los elementos dañados, el programa de reparación de las dovelas fracturadas y despostilladas… y a cargo de quién se realizarán todos estos trabajos. También que compruebe la inyección de mortero de relleno GAP a todo lo largo del túnel”.Subrayó que las deficiencias anteriores se constataron durante el recorrido que se llevó a cabo de manera conjunta entre el personal de la SCT, la supervisión externa y de la ASF, el 3 de julio de 2019, desde la Estación La Normal a la Estación Plaza de la Bandera.Por ello, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 11.4 millones de pesos, por el pago indebido en los conceptos referentes a la “construcción y almacenaje de dovelas”, con periodos de ejecución comprendidos entre el 1 de octubre de 2016 al 20 de junio de 2017.En junio pasado, este medio publicó que en el tramo subterráneo las obras con mayor retraso eran la reparación de las dovelas y la urbanización en superficie, que es el espacio entre la Casa de los Perros y Palacio de Gobierno.La Auditoría también detectó irregularidades en la construcción del tramo Tizapán El Alto, de la Carretera Jiquilpan-Guadalajara, a cargo de la SCT. Tras la revisión se generaron 12 pliegos de observaciones, con un monto de 22.9 millones de pesos por aclarar, principalmente por las diferencias del volumen entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto.Las principales causas de las irregularidades se debieron a una deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos.De los 486 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de las obras por un total ejercido de 228.6 millones de pesos en 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 145 conceptos por 178.7 millones de pesos.La obra consistió en ampliar el ancho de la corona de siete a 12 metros, en una longitud de 49.3 kilómetros del tramo de Tizapán El Alto al entronque con Jocotepec.Sigue: #DebateInformador¿Confía en que la L3 inicie operaciones en el primer semestre de 2020?Participa en Twitter en el debate del día @informador
