A más de dos años de la actual administración, la Coordinación Estratégica de Seguridad de Jalisco mantiene rezagos en el cumplimiento de objetivos. Aunque su gasto continúa en aumento, la Entidad se ubica entre los primeros lugares con más víctimas de masacres. Y también incrementaron la percepción de inseguridad y las fallas del sistema de videovigilancia (Escudo Urbano C5).En 2020, la Coordinación tuvo una bolsa de 723.5 millones de pesos y para este año aumentó a mil 157 millones, según el avance presupuestal del Gobierno.Jorge Tejada, académico del ITESO, destacó que el Gobierno debe destinar más recursos a la inteligencia e investigación, y consideró que la operación del C5 es buena, “pero no hay reacción inmediata”. Por ejemplo, se pudo tener un mejor resultado en el caso del asesinato de los hermanos González Moreno. También se deben reforzar las instituciones con presencia operativa y carrera policial. Mientras Jalisco se ubica en el segundo lugar nacional con más víctimas de atrocidades, con 252 muertos en masacres, fosas clandestinas o calcinamientos entre enero y abril de este año, para Augusto Chacón, director del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, la Policía Metropolitana es “casi inexistente”.Tras un análisis del gasto total en seguridad y procuración de justicia, el Gobierno estatal desembolsó cuatro mil 652 millones en 2013, pero este año erogará el doble: más de nueve mil millones entre la Coordinación de Seguridad, pero sumando a la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General.Arturo Villarreal Palos, académico de la UdeG, lamentó que la violencia empeore. “No sabemos exactamente el grado de consolidación de la Agencia Metropolitana de Seguridad (Policía Metropolitana)”.En 2018, como candidato, el actual gobernador de Jalisco prometió mejorar la seguridad con una Fiscalía autónoma, un Mando Único Metropolitano y acciones a fondo en el sistema de reinserción social. Sin embargo, aunque hay más presupuesto, la violencia no cesa.Se solicitó entrevista a la Coordinación para abundar sobre sus logros y pendientes, pero no la concedió. “Se está trabajando la información”, contestó.Vecinos de Lomas del Gallo vieron cómo el pasado 10 de abril, una camioneta negra arrojó un sillón en el cruce de las calles Roberto Weeks y Lira. En el interior del mueble fueron encontrados los cadáveres de una mujer y un hombre. Ambos estaban maniatados y con las cabezas cubiertas de plástico, de acuerdo con la Comisaría.Las dos personas fallecidas forman parte de las 252 víctimas de atrocidades registradas en Jalisco entre enero y abril de este año, ubicándose en segundo lugar a nivel nacional, según la organización Causa en Común.En ese periodo se reportaron un total de dos mil 087 víctimas en todo el país. Guanajuato ocupó el primer lugar, con 283.De acuerdo con la organización, se considera como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para provocar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, además de provocar terror. Se incluyen masacres, fosas clandestinas, calcinamientos, mutilaciones y maltratos extremos, entre otros. Las víctimas forman parte de las mil 941 atrocidades reportadas en notas periodísticas en ese periodo. “Es también evidente que la acumulación de las violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos deben sumarse los enfoques psicológicos”, se destaca en el estudio.Los programas del sector salud, se añade, deben priorizar la atención psicológica especializada a escala nacional.Señala que estos hechos muestran que no son perpetrados sólo por el crimen organizado, como prevalece en la conversación pública. “Se trata de violencia criminal, sí, pero es, también, violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social”.Académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), del Departamento de Sociología y del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, presentaron recientemente un análisis en el que reportan que Jalisco superó a Estados Unidos en la cantidad de masacres registradas desde 2018 hasta marzo pasado.En ese lapso, en Jalisco se han reportaron 776 víctimas de masacres, mientras que en el vecino país fueron 736.TRAGEDIASMil 941 atrocidades registradas en las fuentes periodísticas durante enero y abril de 2021.Entre las 10 principales se encuentran:NacionalFuente: Causa en Común.POLICÍA METROPOLITANAEntre el 1 de mayo de 2020 al 15 de enero de este año, la Fuerza de Reacción de la Policía Metropolitana realizó 71 detenciones: siete por delitos federales, 62 por delitos del fuero común y dos por faltas administrativas, según la corporación.Aunque se solicitó información de cuántos operativos se han desarrollado en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado y la Fiscalía de Jalisco, entre otras corporaciones, no se entregó la estadística, sólo se argumentó que se mantiene un operativo conjunto.Se negó también el dato sobre el número de elementos que la conforman, pues está considerada como información reservada.Jorge Tejada, académico del ITESO, resaltó que la Policía Metropolitana es un proyecto que le queda a deber a los jaliscienses. Indicó que tiene muchas cuentas pendientes porque se pensaba que sería una Policía especial de excelente coordinación, “pero no ha podido dar esos resultados”.En el reporte entregado por Transparencia se agregó que durante las detenciones se han asegurado nueve armas de fuego, explosivos y municiones. Y se han recuperado 44 vehículos con reporte de robo. Además de sustancias ilícitas aseguradas, se recuperaron 798 mil 673 pesos en mercancía robada.Por otra parte, sobre todo el trabajo del Gobierno estatal, el gobernador presumió en sus redes sociales que “hace tres semanas se vincularon a proceso 104 presuntos delincuentes, hace dos semanas fueron otros 124 y, en los últimos días, otras 95 personas fueron presentadas ante un juez, con los datos de prueba suficiente por distintos delitos”. Añadió que “28 fueron detenidos y vinculados a proceso acusados por robo, 16 por violencia familiar, 12 por abuso infantil, nueve por delitos contra la salud, ocho por delitos contra el medio ambiente y cuatro por homicidio. En tres semanas, 223 presuntos criminales están fuera de nuestras calles”.Añadió que “las corporaciones estatales, federales y municipales siguen deteniendo delincuentes. Y las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco dan con las pruebas necesarias para que el Poder Judicial actúe con todo el peso de la ley”.ELECCIÓN 2021Las propuestas en materia de seguridad realizadas por los candidatos a las alcaldías suelen rebasar el ámbito municipal, señaló Arturo Villarreal Palos, académico de la UdeG, recordando que “deben centrarse en lo que les tocará administrar, que es básicamente el patrullaje y la vigilancia de su municipio”.En lo que va de la actual campaña electoral, comentó, no se han escuchado cuestiones técnicas que se deben poner en práctica en este rubro. “¿Qué capacitación le van a dar a los policías? ¿Cómo piensan cumplir con los estándares del Sistema Nacional de Seguridad? ¿Cómo piensan obtener la certificación policial en el corto plazo? ¿Qué tipo de tecnología piensan implementar para el patrullaje?”.El académico subrayó que se debe realizar un aterrizaje en las propuestas y dejar de decir las generalidades sobre cómo combatir la inseguridad que se presenta en la Entidad.Recordó que en Jalisco hay una lucha entre los cárteles cada vez más agresiva y no parece haber una respuesta contundente del Estado. “Me refiero al Estado en general, que involucra tanto a las corporaciones federales, como estatales y municipales... estas últimas en menor grado, porque no tienen como tarea este tipo de acciones”.Agregó que se ve una falta de contundencia en las políticas para enfrentar esta criminalidad en particular. “Es la que desafortunadamente está causando alarma y daño a la sociedad, como en el caso de estos tres jóvenes (González Moreno). Hasta el momento, la línea de investigación pareciera llevarnos a que fueron objeto de una equivocación y, lo más lamentable, es que las familias tengan que cargar con las consecuencias de la incapacidad del Estado”.Reconoció que hay una doble dimensión de la violencia: la del crimen organizado que le compete atender directamente a la Federación, y la que también se origina de éste, pero relacionada con los delitos patrimoniales. “Tampoco hemos visto que su política de seguridad (del Gobierno estatal) esté dando algún resultado palpable”.LA VOZ DEL EXPERTOJorge Tejada, académico del ITESOJorge Tejada acentúa que el Ejecutivo estatal puede hacer una mejor distribución del gasto destinado a la seguridad, pues el dinero no debe ser solamente para policías, patrullas o uniformes.Para mejorar la coordinación con las autoridades federales, dijo, la Entidad va a necesitar más presupuesto para la instalación y el sostenimiento de las bases regionales de la Guardia Nacional.Consideró que se debe revisar también el gasto en los reclusorios, debido a que se destina una cantidad importante para su sostenimiento. “Bajó lentamente la población penitenciaria, pero se apostaba que bajara a un tercio. De 15 mil internos en el Estado, que ahorita tuviéramos alrededor de cinco mil, pero no hemos llegado a esa cifra”.Indicó que es necesario que se destinen más recursos a las tareas de inteligencia e investigación de los delitos, así como tecnología.Pese a considerar que la operación del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Estado (C5) ha sido buena en términos generales, el académico señaló que falta mayor investigación.“Falta el análisis e inteligencia para poder manejar muchos datos que se tienen a través del C5, y la coordinación de operativos urgentes”. Bien manejado el C5, añadió, podría generar datos de factores criminógenos; por ejemplo, con cruce de información relacionada a las denuncias de robos, de los delitos o eventos que ocurrieron fuera del alcance de las cámaras, incluso dentro de fincas.“Es una tarea doblemente de análisis policial y de trabajo operativo. En los hechos del viernes pasado (cuando plagiaron a los tres hermanos González Moreno de su domicilio en Guadalajara), pudo haber tenido mejores resultados un seguimiento con el C5”.TELÓN DE FONDOEn julio pasado, un mes después de las manifestaciones por las detenciones ilegales cometidas por policías investigadores en las marchas donde se exigió justicia por la muerte de Giovanni López, el hallazgo de nuevas fosas clandestinas y las presuntas amenazas de un grupo delictivo hacia el gobernador, Macedonio Tamez Guajardo dejó la Coordinación Estratégica de Seguridad del Estado.Tamez fungía como el principal responsable de la seguridad en Jalisco al coordinar el gabinete en la materia, compuesto por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad.Su lugar fue ocupado por Ricardo Sánchez. Se anunció que éste se encargaría de definir una estrategia para “el análisis, seguimiento, evaluación, articulación administrativa y puesta en marcha de nuevos programas, proyectos y políticas públicas en materia de seguridad”.Se informó también que debería hacerlo con la “compactación en su estructura administrativa”, pues la Coordinación tendría un recorte de 11 millones de pesos anuales. Sin embargo, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2021, esta área cuenta actualmente con más recursos que el año pasado.Sigue #DebateInformador¿Qué opina de la estrategia de la autoridad contra la delincuencia?Participa en Twitter en el debate del día @informador