En el Congreso de Jalisco presumen medidas de austeridad, pero los diputados son los segundos más caros en México: 24.3 millones de pesos, cada uno, al año.

Lo anterior surge tras una simple división entre el presupuesto y el total de legisladores, por lo que están sólo por debajo de sus homólogos de la Ciudad de México (26.7 millones), de acuerdo con el Informe Legislativo 2019 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Aunque no han bajado el costo de la nómina, Hernán Cortés, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, afirma que han mejorado en el manejo del gasto. Y presume que ya no se autorizan basificaciones masivas ni recursos para las casas de enlace, seguros de gastos médicos mayores, vales de gasolina y celular.

Mientras Jalisco gastará este año 923.7 millones de pesos en el Legislativo, el diagnóstico del Imco concluye que en todos los Congresos estatales planean y ejercen los presupuestos sin criterios de transparencia ni eficiencia, gastan más de lo asignado y destinan recursos para ayudas sociales (sin atribuciones legales). Por eso recomienda “que el ejercicio se haga con parámetros claros de actuación, apegados a la legalidad, austeridad y transparencia. Deben profesionalizar el trabajo para mejorar el sistema de pesos y contrapesos… deben fortalecer el desarrollo democrático”.

Burócratas disfrutan de puente y bono

Además del puente otorgado con motivo del Día del Servidor Público, los casi mil trabajadores del Congreso de Jalisco recibieron como bono una quincena extra y un recurso adicional de 900 pesos.

El secretario general, Salvador Rodríguez, informó que esas gratificaciones implicaron el gasto de 11.4 millones de pesos para 592 empleados con base y 3.5 millones para 325 supernumerarios. Adicionalmente se erogaron 825 mil 300 pesos para 917 burócratas en lugar de pagar un evento por el festejo.

Los diputados y directores no están entre los beneficiados.

Jalisco tiene legisladores más caros que en España

Las estrategias que se han implementado en Jalisco para reducir el gasto del Congreso del Estado no han sido suficientes. No sólo se coloca entre los más caros del país, sino que su costo supera incluso a los de Madrid y Andalucía, en España.

En el Informe Legislativo 2019 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) se hace un comparativo en millones de dólares (ajustados por paridad de compra), en el que se señala “que el Congreso de Jalisco cuesta 75 millones de dólares, por encima de los 66 millones de Andalucía y los 51 millones de dólares de Madrid”.

Por otra parte, tras una revisión realizada por este medio, Andalucía es más similar a Jalisco, pues ambos superan los ocho millones de habitantes. El Parlamento de la comunidad española tiene un presupuesto de alrededor de 887 millones de pesos para este año, mientras que el de Jalisco  gastará 923.7 millones.

También la nómina es más cara. La del Congreso del Estado es de 793.8 millones de pesos, mientras que la del Parlamento andaluz cuesta 421 millones de pesos. Y la Asamblea madrileña es de 438 millones.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, Hernán Cortés Berumen, recuerda que se tiene un ahorro de alrededor de 200 millones de pesos de legislaturas pasadas, que se incluyeron en este presupuesto y que se deberán gastar para disminuir el ejercicio presupuestal de los próximos años.

“Se está pensando hasta en alguna posible obra de inversión en este edificio (Palacio Legislativo), gracias a este tipo de ejercicios”.

Alberto Bayardo, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, acentúa que se debe revisar si el gasto se está distribuyendo a lo que se debe y la calidad del trabajo que se realiza. “Recortar el gasto no asegura que se harán las cosas mejor”.

Los diputados jaliscienses son también de los más caros. De acuerdo con el presupuesto, cada uno cuesta 24.3 millones de pesos (en una división entre el presupuesto total y el número de diputados).

Bayardo Pérez recuerda que a los funcionarios públicos de México se les paga más que en cualquier otro país. Subraya que, por ello, fue bien recibida la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de bajar los sueldos y fijar un tope de 108 mil pesos mensuales netos.

GUÍA

Entre los primeros

• El Congreso de Jalisco se mantiene entre los más caros a nivel nacional con un gasto para este año de 923.7 millones de pesos, sólo por debajo de la Ciudad de México, Estado de México y Michoacán.
• De acuerdo con el Informe Legislativo 2019 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), los 32 Congresos costarán 14 mil 057 millones de pesos, aunque falta conocer el gasto al final de la presente anualidad.
• Tras la revisión realizada por el organismo, el gasto de los Legislativos estatales es superior al de 128 órganos autónomos, entre los que se encuentran los de Derechos Humanos, de Transparencia y Tribunales de Justicia Administrativa, entre otros. Además, está por encima del financiamiento local a los partidos políticos en las 32 Entidades. Estos últimos gastarán 13 mil 926 millones de pesos en 2019. En el documento se señala que en nueve legislaturas locales, el costo por diputado fue superior al de la Cámara Baja federal en 2018.
• Si se toma en cuenta todo el presupuesto del Congreso de Jalisco y no sólo el subsidio que es entregado por el Gobierno del Estado (que se consideró en el análisis del Instituto), los diputados de Jalisco son los segundos más caros del país, con un costo de 24.3 millones de pesos cada uno (tras una división del presupuesto y el total de diputados), sólo por debajo de los legisladores de Ciudad de México, que cuestan 26.7 millones en ese mismo comparativo.  Aunque el Congreso no ha logrado reducir su nómina y se mantiene como uno de los más caros del país, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso considera que sí han tenido un mejor manejo del gasto.
• Uno de los avances en las últimas legislaturas y que se pretende fortalecer en la actual, dice, es que ya no se autorizan basificaciones masivas al término de cada gestión.

Arrastran con nómina obesa

A pesar de los recortes de personal para hacer una limpia de “aviadores” en el Congreso y la puesta en marcha de un programa de retiro voluntario, los diputados no han logrado reducir el gasto de la nómina.

En noviembre pasado, cuando la actual Legislatura entró en funciones, se recibió una nómina de 982 empleados. Actualmente se tienen 17 menos, pero en enero pasado, la plantilla del personal era de 930.

Lo anterior significa que, en los últimos ocho meses, se han contratado personas, como ocho empleados para la puesta en marcha del Sistema de Radio y Televisión del Legislativo.

Hace tres meses, la Comisión de Administración autorizó la contratación de seis empleados supernumerarios para integrarse a las comisiones de Vigilancia y Gobernación, con sueldos de 20 mil 200 pesos mensuales. La justificación fue que esto permitiría reducir la carga de trabajo de ambas comisiones.

Este medio dio a conocer que durante esa sesión se avalaron también modificaciones al presupuesto para suprimir las siete plazas de personal que quedaron vacantes, por las personas que se sumaron al programa de retiro voluntario.

Aunque se dijo que esto permitiría un ahorro de 3.4 millones de pesos, los espacios prácticamente se cubrieron con las nuevas contrataciones.

Hernán Cortés Berumen, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, reconoce que muy pocos empleados de base decidieron dejar su plaza. “Realmente fueron muy pocos los que se inscribieron para poder aprovechar esta posibilidad”.

En este año, el Capítulo 1000 de Servicios Personales tiene presupuestados 793.8 millones de pesos, lo que representa 62.9 millones de pesos más con respecto al recurso asignado durante el año pasado.

Y eso que la actual Legislatura tiene un diputado menos (suman 38) y se llevó a cabo una reestructura para reducir también el número de comisiones: pasó de 38 a 19. Y de nueve direcciones se dejaron cinco coordinaciones.

También se informó que se tendrían ahorros en la contratación del personal eventual, pero la partida destinada a este rubro aumentó. Mientras el año pasado se presupuestaron 113.5 millones, para 2019  se tiene una bolsa de 121.9 millones.

Una clara muestra de que las estrategias en contra de los “aviadores” han sido fallidas, el coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, Alberto Bayardo Pérez, subraya el caso de Arisbeth Arellano, empleada del área de Vinculación, la cual fue señalada por la Contraloría Interna. Sin embargo, en días pasados recibió un reconocimiento del pleno por cumplir 10 años de antigüedad como trabajadora del Congreso.

“Es un caso que habría que revisar porque parece que le están dando un premio por haber durado 10 años como ‘aviadora’. Desde hace dos Legislaturas intentaron despedir gente y, al final, se maniobró mal y salió peor, porque hubo que reinstalar a las personas y pagar los salarios caídos”.

Añade que es uno de los motivos para no reducir el costo de la nómina.

En cinco años pierden 269 juicios laborales

Desde 2015 y hasta el primer semestre de este año, 269 trabajadores han ganado juicios laborales al Congreso del Estado. Durante este año, el Legislativo aprobó ampliar la bolsa etiquetada inicialmente para el pago de indemnizaciones. Actualmente es de 24.8 millones de pesos.

Esto obedece, en gran medida, a que no se ha logrado combatir el problema de “aviadores”, insiste Bayardo Pérez. “Puede ser una maniobra, hacerlo mal, para aparentar que sí se quiso resolver algo, pero si se fundamenta mal el despido de algún ‘aviador’ se le dan elementos para que pueda impugnar ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado para que se le reinstale”.

Con este tipo de acciones, dice, podrían intentar justificar que el Tribunal no los deja correr a la gente que está de “aviadora”. “Probablemente ni siquiera integraron bien el caso y, por lo tanto, era muy probable que lo perdieran”.

De 2015 al primer semestre de 2019, el Congreso ha destinado 70 millones de pesos para pagar 198 laudos. Además, en los últimos años se han reinstalado a 61 extrabajadores.

En la propuesta de 2018 aparecían 45 personas que se incluyeron tras ganar un juicio, y en la de este año se agregaron otros cinco.

A finales de agosto pasado, la Comisión de Administración autorizó el pago de 2.2 millones de pesos a favor de Alfonso Chen Chi, quien fue despedido en 2013 tras ser señalado como “aviador”.

A principios de este mes, este medio reportó que durante la sesión de la Junta de Coordinación Política, el titular de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, Francisco Javier Ulloa Sánchez, informó que se debían pagar otros tres laudos por alrededor de cinco millones de pesos.

Además, advirtió que se tienen otros 24 juicios laborales activos que se arrastran desde antes de la reforma de 2012, que puso como tope de pago un año de salarios caídos. Estos proceso podrían representar un pago de 13.2 millones de pesos.

El pasado 24 de septiembre se aprobó también el pago de una indemnización por 2.9 millones de pesos y la reinstalación de un trabajador que ganó un juicio laboral.

Pendiente, evaluación estatal

A un mes de que se cumpla el primer año de la actual Legislatura de Jalisco, la evaluación que realiza el Observatorio Legislativo del ITESO sobre la calidad del trabajo de los diputados se encuentra pendiente, debido a que la presentación de las iniciativas es mayor.

“Usualmente, el promedio era de 400 iniciativas de ley por cada año, pero en esta Legislatura llevan casi mil 200 iniciativas presentadas”, puntualiza el coordinador del organismo, Alberto Bayardo.

Aclara que en el sistema Infolej, que concentra toda la información del trabajo de los diputados, se incluyeron también las propuestas presentadas por los legisladores con relación a las leyes de ingresos de los municipios. “Hay que restarlas”.

Acentúa que no deberían contabilizarse porque, en su mayoría, se trata de iniciativas que sólo contemplan observaciones o modificaciones, “como esas se presentan una por una, entonces tenemos algunos diputados que tienen más de 100 iniciativas, pero porque están modificando estas leyes de cada uno de los municipios”.

Pese a esto, aclara que se deberá revisar una por una, ya que en algunos casos, como es el de la diputada Patricia Meza, propone que se apliquen descuentos a personas de la tercera edad o con discapacidad, “parecería que es algo pertinente. Creíamos que iban a tener un arranque más lento y estuvimos revisando otro tipo de trabajo, no las iniciativas de ley, y resulta que se acumularon muchas”.

Durante la última evaluación, la XVI Legislatura pasó de “panzazo”. La calidad de las iniciativas presentadas por los diputados  les alcanzó para una calificación global de 64.5 por ciento.  La calificación de los legisladores pasados representó 10 puntos más que el promedio obtenido por sus homólogos de la anterior gestión, quienes obtuvieron 54 puntos.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Es muy probable que todos salgan embarrados”

Alberto Bayardo (coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO)

El coordinador del Observatorio Legislativo señala que, a la fecha, no se conoce cuántas personas realmente están trabajando en el Congreso de Jalisco, qué funciones desempeñan y si cumplen con el perfil adecuado para estar en las áreas que les fueron asignadas.

Lo anterior, debido a que no se ha logrado cumplir con hacer público este tipo de información. Sin embargo, reconoce que la Contraloría Interna asegura tener un avance en la detección de “aviadores”.

Indica que puede ser tardado documentar y comprobar quiénes son “aviadores”. “Eso implica tener también autonomía, por eso desde que se tiene un contralor interno es que se ha avanzado en el tema, porque el contralor, digamos, no le responde directamente a un político en particular y sí puede hacer su trabajo”.

Sin embargo, recuerda que hay muchos intereses en juego. “Todos los que son ‘aviadores’ son gente que algún diputado les quiso dar apoyo. Incluso, no sabemos si los propios ‘aviadores’ se quedan con el dinero que cobran o eso se lo pasan a quien los apadrinó y les consiguió ese puesto”.

Insiste en que, a la fecha, no hay una voluntad real porque genera otro tipo de conflictos. “Es muy probable que todos los partidos políticos salgan embarrados si se entra a fondo a la revisión de estas situaciones”.

Analizan revisar el presupuesto

En los últimos años, el Observatorio Legislativo del ITESO se ha dedicado a analizar la calidad del trabajo de los diputados. El coordinador del organismo comenta que posteriormente también podría revisarse el ejercicio del gasto.

Informa que deben diseñar el esquema para realizar este análisis. “Debemos tener un instrumento como los que utilizamos (en la revisión de iniciativas) para poder decir qué es adecuado”.

Lo único que han revisado, puntualiza, es que no se exceda el presupuesto autorizado. “Eso es una ganancia. Recuerdo la Legislatura LIX... en mayo ya se habían agotado todo el presupuesto anual”.

Recuerda que durante los tres años de esa Legislatura se acabaron el presupuesto antes de tiempo y se pidió el apoyo del Ejecutivo estatal, “pero eso afecta la división de Poderes. Ahora ya se corrigió. Necesitamos darle seguimiento más a fondo al gasto y comprobar si de verdad se está gastando en lo que se debería”.

Radiografía nacional

• Los Congresos planean y ejercen su presupuesto sin criterios de transparencia y eficiencia. Este año, Michoacán tiene un presupuesto tres veces mayor (923.8 millones) que el Congreso de Chiapas, a pesar de que cuenta con el mismo número de diputados.
• En 2018, 23 Congresos locales gastaron mil 233 millones de pesos por encima de lo presupuestado (15% más).
• Los Congresos locales  destinaron 12% de su gasto a las ayudas sociales para las cuales no tienen atribuciones legales.
• De acuerdo con el Informe Parlamentario Mundial, los Congresos nacionales representan 0.49% del total del presupuesto nacional. En México, los 32 Congresos estatales representan 0.76% de los presupuestos estatales. En el caso de Morelos representa 1.83% de todo el presupuesto estatal, mientras que en Puebla es de 0.16 por ciento.

Fuente: IMCO.

Derrochan más en legisladores que en el combate a la pobreza

En 2018, los Estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca destacaron en materia de rezago social. Pese a esto, en ese año asignaron dos mil 548 millones de pesos a los Congresos y sólo 757 millones para combatir la pobreza; es decir, tres veces más para las labores legislativas.

Lo anterior, de acuerdo con el Informe Legislativo 2019 elaborado por el Imco, el cual concluyó que en el país, los Congresos estatales “cuestan mucho, gastan más de lo planeado e invaden funciones que no les corresponden”.

“Existe una mala planeación y un manejo discrecional de sus presupuestos, sin criterios de eficiencia y transparencia”.

Durante el año pasado, se agrega, 23 Congresos locales gastaron mil 233 millones de pesos adicionales a lo presupuestado (15% más). Los Legislativos que más elevaron su gasto con respecto a lo aprobado inicialmente fueron Oaxaca, Tlaxcala, Tamaulipas, Guerrero y Puebla.

En lugar de asignar el gasto público a las verdaderas necesidades de la población, aprovechan la facultad para ampliar los presupuestos y destinarlos a actividades no sustantivas.

Por ejemplo, gastan en lo que no deben, incluso, de manera ilegal, como son las ayudas sociales. “No es función del Poder Legislativo de los Estados dar despensas, juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas económicas… y tampoco construir obra pública. En 2018, los Congresos locales le destinaron 12% de su presupuesto a esas actividades, al margen de la ley”.

Los que más gastaron en ayudas sociales fueron Guerrero, Veracruz y Tlaxcala. Entre los tres destinaron una bolsa de 630.7 millones de pesos para estos fines.

El Congreso de Jalisco no se encuentra entre las Entidades que destinaron recursos para ayudas sociales. Sin embargo, Bayardo Pérez recuerda que los diputados locales sí pueden realizar labores de “gestorías”, tras una reforma a la Ley Orgánica del Legislativo propuesta por el entonces diputado priista Jesús Casillas. Aunque reconoce que esta facultad “no debería de estar”.

Proponen mejoras

• El IMCO propone que el ejercicio del gasto de los Congresos se haga con parámetros claros de actuación, apegados a la legalidad, austeridad y transparencia.
• Pide contar con Congresos austeros y que cumplan sus funciones legislativas.
• Eliminar el gasto en ayudas sociales y enfocarse en el cumplimiento de sus verdaderas funciones.
• Aprobar presupuestos estatales que atiendan las verdaderas necesidades de la población. Además,  planear mejor su presupuesto y no gastar de más.
• Profesionalizar el trabajo legislativo permitirá mejorar el sistema de pesos y contrapesos, así como fortalecer el desarrollo democrático.

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