Aunque son frecuentes los escándalos por las actuaciones de jueces, principalmente por no vincular a proceso a criminales, la mayor parte de las sanciones queda en amonestaciones, extrañamientos y suspensiones temporales.

Entre 1993 y 2020 han sido castigados 340 juzgadores en Jalisco, pero sólo 15 fueron destituidos del cargo en pasadas administraciones del Consejo de la Judicatura del Estado.

El último caso polémico se atribuye al juez de Puerto Vallarta, Jorge Solís Arana, quien no vinculó a proceso a un funcionario de ese municipio que abusó sexualmente de una menor de edad. Ya fue separado del puesto.

En la mayoría de los casos los jueces sancionados recurren al amparo y terminan siendo reinstalados por las fallas en los procesos.

Abren carpeta de investigación

Tras recibir dos denuncias por parte del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación para revisar el actuar del juez de Puerto Vallarta, Jorge Solís Arana. “Un par de días antes recibimos una vista por parte de la Visitaduría (de la Fiscalía estatal); es decir, el agente del Ministerio Público nos envió una copia de la carpeta de investigación de origen, sobre el abuso sexual infantil de donde nace todo esto (por parte de un funcionario de Vallarta)… y sí, nos dice que el juez no vinculó (a proceso)”, informó el fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz.

Se precisó que, debido a que las denuncias no llegaron acompañadas de las actuaciones o los motivos por los cuales el Consejo consideró que el actuar del juez fue indebido, para valorar cómo se condujo y qué resolvió, el primer paso será recabar las actuaciones completas, tanto de la carpeta de investigación como de la carpeta administrativa, donde están los audios y videos de las audiencias.

TELÓN DE FONDO

Congelan cuentas

El pasado 17 de agosto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que se congelaron las cuentas bancarias de Luis Alonso “N”, director de Recursos Humanos de la Policía de Puerto Vallarta, acusado de corrupción de menores, y del juez Jorge Solís Arana, quien no lo vinculó a proceso. 

El funcionario federal destacó que se actuó de esta manera como parte del compromiso que tiene para combatir la trata de personas. “No podemos permitir la violencia contra las niñas y los niños”. 

En diciembre pasado, este medio informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tenía 249 carpetas de investigación contra servidores públicos del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia por su presunta responsabilidad en la comisión o participación de un delito.

De éstos, los jueces concentraban el mayor número de expedientes (con 154), seguido por los secretarios (43) y los magistrados (16). El fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz, asegura que se han logrado vincular a proceso a secretarios del Poder Judicial. 

Recurren al amparo ocho de cada 10 jueces sancionados

En febrero de 2004, la sanción emitida por el Consejo de la Judicatura contra José de Jesús Sánchez,  juez de Cihuatlán, cambió de cese definitivo a suspensión sin goce de sueldo por cuatro meses. En 2003 había promovido un amparo contra el Consejo General del Poder Judicial. 

Rosalinda Hernández Arias, directora de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura de Jalisco, reconoce que ocho de cada 10 servidores públicos sancionados recurren al amparo.  “Son muy pocos los que no recurren (tras ser sancionados por anomalías), aunque sí hemos registrado sentencias firmes.  Se van al amparo, pero una vez que se substancia… si les conceden el amparo por alguna situación (porque faltó alguna fundamentación o algún detalle), cumplimentamos  y nos tienen por cumplido y se mantiene firme nuestra  sentencia”. 

Entre  2017 y 2020, la Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades ya emitió 118 sanciones, de las cuales, 18 han sido contra jueces. Ninguna ha sido destitución del cargo, sólo suspensiones por no más de tres meses, amonestaciones públicas y extrañamientos. 

Este medio informó en marzo del año pasado que, desde 2017 y hasta los primeros meses de 2019, 29 jueces del Poder Judicial de Jalisco habían recibido sanciones como un extrañamiento, una suspensión o la destitución. Todos recurrieron al amparo.

En febrero de 2019, los jueces Roberto Ramos, Sergio Peña y José Luis Álvarez Pulido recibieron una sanción, pero ésta consistió sólo en separarlos de su cargo, por lo que un mes después fueron reinstalados. 

Hernández Arias acentúa que hay sanciones que pueden salir en dos o tres meses, pero hay otras que pueden tardar más de un año por la presentación de los amparos. 

“Precisamente porque cada una de esas etapas  puede ser recurrida por alguna de las personas que participan en ésta, y entonces tienen a su alcance los medios de impugnación… ellos pueden recurrir a esas determinaciones”. 

Una vez que su área emite la sanción, el servidor público todavía puede irse al amparo o presentar un juicio de nulidad ante el Tribunal de  Justicia Administrativa. 

Aunque asegura que desde hace un año no le  han revocado alguna sentencia. 

“De las anteriores que no fueron resueltas por tu servidora, sí hemos tenido algunas modificaciones, pero no son tantas. A lo mejor la mitad sí puede ser revocada”.

Sólo registran un caso por falta grave

Entre 2019 y 2020, el Consejo de la Judicatura sólo remitió un caso ante el Tribunal de Justicia Administrativa por falta grave, cometida por un juez menor, informa la directora de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades. 

Recuerda que su área sólo puede emitir sanciones por procedimientos administrativos relacionados con faltas no graves. 

El órgano investigador del Consejo de la Judicatura se encarga de determinar si se trata de un asunto grave. “Una vez que nos mandan el caso a nosotros, el procedimiento ya viene con la calificación y dice: es una falta grave del servidor público. Lo recibo, emplazo al servidor público y una vez que desahogo una audiencia lo mando al Tribunal de Justicia Administrativa, mientras éste es el que debe resolver las faltas graves”. 

Las faltas graves están relacionadas con delitos de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones y  actuación bajo conflicto de interés, entre otros. 

Aclara que el Tribunal de Justicia Administrativa tiene otros cinco procedimientos que fueron remitidos por el Consejo por recursos de reclamación presentados contra los procedimientos. Corresponden a cuatro jueces y un secretario, los cuales se encuentran en las distintas salas unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa. 

Puntualiza que han enviado cuatro oficios a las salas para que les informen por qué no les han respondido. “Probablemente ellos estén en algún impedimento...  a lo mejor contra su resolución presentaron algún amparo o pasó algo. Pero ya deberían de avisarme”. 

La semana pasada firmó otros oficios que serán presentando en las salas del Tribunal de Justicia Administrativa, con la misma petición. Si ya se concluyeron deben regresar a la Judicatura para emitir una resolución.

No hay vinculados a proceso

A más de dos años y medio de la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción, en Jalisco ningún juez ha sido vinculado a proceso, reconoce el fiscal Gerardo de la Cruz. 

En ese periodo se han presentado 70 denuncias contra integrantes del Poder Judicial, de las cuales, 10% fueron judicializadas. “Se han presentado acusaciones en contra de cinco jueces, pero no hemos logrado vincular a ninguno”. 

En febrero pasado se esperaba que el juez Octavo de Control en Materia Penal, Sergio Salvador Peña Sánchez, se convirtiera en el primer juzgador en ser vinculado a proceso. Éste fue señalado por los ejidatarios de El Zapote por abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de la justicia por el presunto despojo de terrenos del Aeropuerto de Guadalajara. Sin embargo, Juan José Rodríguez Velarde, juez Segundo de Control en Materia Penal, lo exoneró. En su momento, se informó que también sería denunciado por corrupción. 

A mediados del año pasado, el fiscal reconoció lo complicado que resulta que los jueces lleven a juicio a uno de sus pares. “No creo que sea sencillo que un juzgador  sea el primero que vincule  a un compañero, pero eso pasará en algún momento”.

Lucía Almaraz, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, declara que la Fiscalía “va muy lenta” en estos procesos, “pero no tiene que ver con las capacidades de investigación de la Fiscalía, sino por el tema del fuero”. 

Coincide en que los mismos jueces pueden frenar los procesos. “Ahí nos vemos a lo mejor con un impedimento que, finalmente en el ámbito de los jueces, todos se conocen. A lo mejor no todos son amigos, pero sí se conocen y, previendo que les pudiera suceder a ellos, seguramente van a tomar sus reservas con respecto a las posibles sanciones”.

GUÍA

Libran destituciones

• Los jueces de Jalisco no sólo gozan del fuero para evitar ser sometidos a los procesos  penales, sino que también libran las investigaciones internas iniciadas por el Consejo de la Judicatura del Estado, ante las quejas recibidas por sus malas actuaciones.
• Entre enero de 1993 y junio de 2020, se han sancionado a 666 servidores públicos de la Judicatura,  de los cuales 340 son jueces. En gran medida son extrañamientos, amonestaciones y suspensiones que van desde los tres días hasta los tres meses, por lo que la mayoría son reinstalados. En esas más de dos décadas, sólo 15 jueces han sido destituidos del cargo, pero desde 2017, ningún juzgador ha sido cesado.
• El juez de Puerto Vallarta, Jorge Solís Arana, quien decidió no vincular a proceso a un servidor público detenido por abuso sexual infantil, podría convertirse en el primer juez destituido en los últimos cuatro años.  El pasado 16 de agosto sólo fue separado de su cargo sin goce de sueldo.
• Rosalinda Hernández Arias, directora de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades de la Judicatura, declara que no puede dar  mucha información “porque está substanciándose el caso y se están realizando las investigaciones”.
• Aunque son de los servidores públicos más denunciados, en Jalisco tampoco se han sentenciado a juzgadores por corrupción. El fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz, precisa que se han presentado 70 denuncias contra integrantes del Poder Judicial del Estado, pero sólo 10% de las carpetas de investigación fueron judicializadas. “Se han presentado acusaciones contra cinco jueces, pero no hemos logrado vincular a proceso a ninguno”.
• La Entidad se ubica también en los primeros lugares con mayor número de cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Desde el año pasado, esta instancia anunció el congelamiento de cuentas de magistrados locales y federales.

Supremo tribunal, sin órgano interno de control

• El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco se mantiene sin un órgano interno de control para investigar el actuar de los magistrados, los auxiliares, los notificadores, los actuarios y los secretarios relatores, entre otros. 
• En septiembre pasado, este medio informó que, entre enero de 2013 y hasta el primer semestre de 2019, el Supremo Tribunal había recibido 15 quejas contra sus magistrados; sin embargo, ninguna terminó en sanción.
• De acuerdo con información otorgada vía Transparencia por el Poder Judicial del Estado, en todas se informaba que fueron presentadas por “cuestiones jurisdiccionales”, pero no se brindaban más detalles y se reportaban como concluidas por parte de la autoridad.
• La presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, Lucía Almaraz, recuerda que todos los entes públicos deben contar con estas áreas para prevenir los actos y las omisiones que pudieran constituir faltas administrativas. 
• Debido a que es el único Poder que no cuenta con este organismo, aunque el Consejo de la Judicatura sí lo tiene, Lucía Almaraz informa que en la penúltima sesión del Comité se aprobó realizar una propuesta al titular del Supremo Tribunal del Estado, Ricardo Suro, para que ya opere esta figura. 
• “Porque de otra forma, pues los magistrados no pueden ser vigilados ni observados ni sancionados. Es el único Poder que no cuenta con este organismo”. 
• Se le propuso que, para no crear mayor burocracia y aumentar el presupuesto, el Centro de control y confianza del Supremo Tribunal sea el que se encargue de estos procesos. 
• “Pero como éste todavía no se ha instalado, traen un retraso en ese tema. Tendríamos que estar urgiendo a que se instalara esa comisión para que empiece fungir”. 
• La propuesta ya se entregó de manera formal. “Ahora falta impulsar que este comité de control de evaluación y confianza opere en Jalisco. Sí hay una resistencia de este Poder Judicial para ser observado; es decir, no es que esté recibiendo con alegría tener un órgano interno de control. No hay nadie que los vigile, los observe ni los sancione”.

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