¿Y los tonaltecas?

El próximo jueves se cumplirá un año de que en las calles de Tonalá, de hecho justo a las puertas del que fuera su domicilio, fue asesinado Carlos Romo Guízar, un funcionario de la administración municipal que en ese entonces no había llegado ni siquiera a los cuatro meses de vida. El crimen parecía uno más de los que se producen en una metrópoli en la que se entrecruzan intereses, bandas delincuenciales, condiciones de miseria, pugnas entre grupos y hasta rencores personales. Pero pronto se supo que no se trataba de un homicidio más para la estadística.

La subsecuente investigación sobre la muerte de este funcionario llevó a las autoridades de procuración de justicia a encontrar hilos que relacionaban el hecho con presuntos ilícitos que estaban en curso dentro del propio Ayuntamiento de Tonalá, encabezado entonces por Jorge Vizcarra Mayorga, un joven político que había "recuperado" para el Partido Acción Nacional (PAN) el Gobierno municipal.

A lo largo de los siguientes meses, hasta la segunda quincena de diciembre en que se consumó el desafuero de Vizcarra, la administración pública tonalteca fue todo, menos una entidad que respondiera a las demandas de servicios que le planteaba la población, acorde al marco constitucional que define las atribuciones y responsabilidades de los ayuntamientos. Lo que ahí se vivía era una pugna, nada soterrada por cierto, entre grupos políticos del mismo PAN y de éste con otras fuerzas partidistas.

Mientras los políticos se enfrascaban en luchas por el control del presupuesto municipal y por las plazas burocráticas, los habitantes de Tonalá quedaron sumidos en la desatención. Obras detenidas, servicios deficientes, reclamos desatendidos, promesas de campaña en el aire. Todo, menos un municipio con mando.

El desafuero de Vizcarra, quien por cierto permanece prófugo de la justicia, lejos de detener la ingobernabilidad, la ahondó. El PAN pretendió hacerse cargo de la situación, como correspondía por su condición de partido más votado en elecciones legítimas y válidas, pero sólo se escudó en maniobras para aparentar que tenía las cosas bajo control. Fue designado un alcalde "sustituto", pero a los tres meses los regidores de su propio partido lo "destituyeron", pasando por encima de sus facultades.

Los tonaltecas tienen hoy un tercer alcalde en funciones en menos de 16 meses de administración municipal, pero no encuentran el Gobierno. Viven en un municipio que buena parte es prácticamente un dormitorio de quienes todo el día laboran en otra parte. Sus índices de marginalidad son altos y las condiciones de sus servicios públicos distan mucho de ser dignos de una ciudad.

Ante la detención de Ricardo Sigala, el ex secretario municipal señalado de participar en el crimen de Romo, se abre una oportunidad más para que la justicia, el Poder Legislativo y el PAN que ahí gobierna hagan su parte y cumplan con los tonaltecas.