Sucesión en el PAN

En un hecho inusitado en la historia contemporánea de nuestro país, el lunes 6 de julio el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez Cázares, anunció que renunciaba al cargo, por considerar que la principal responsabilidad por la derrota del panismo nacional en las urnas recaía en su persona.

De inmediato se convocó a la dirigencia en pleno del blanquiazul y se determinó que en un plazo de un mes los consejeros nacionales deberían elegir a un presidente interino, que concluirá el periodo para el cual fue electo Martínez Cázares, y que se cumple a finales de 2010. Está en curso, pues, un proceso estatutario que deben cumplir los integrantes del PAN, pero el hecho tiene resonancias que trascienden el ámbito partidista.

En primer lugar, porque los ciudadanos estamos asistiendo a una situación que, siendo normal, no se había visto: que un dirigente partidista se haga cargo de una derrota electoral y deje el puesto. Pero también porque el PAN tendría en este momento una gran oportunidad para recomponer lo que muchos de sus militantes denuncian como desviaciones de los propósitos originales que motivaron a sus fundadores a convertirlo en un bastión de la lucha por el bien común.

Siendo, como lo define la Constitución Política de nuestro país, una entidad de interés público, a todos los ciudadanos les atañe lo que ocurre en la vida de ese partido, lo mismo que en el resto de las organizaciones partidistas. Máxime si, como señalan cuadros directivos y legisladores panistas, en este proceso de sucesión forzada se estuviera registrando una intromisión gubernamental.

En el fondo, lo que importa para la sociedad es que los partidos políticos no se contaminen con manipulaciones provenientes desde la administración pública, cualquiera que sea el orden (federal, estatal o municipal), particularmente si esto implica utilización de recursos públicos.

Que los partidos diriman sus diferencias internas de la mejor manera y apegados a las normas que ellos mismos se han dado y que son vigiladas por las autoridades electorales y que pueden ser sancionadas. Y luego, que esos partidos, fortalecidos o debilitados por esos ejercicios, regresen a la arena política a competir en igualdad de condiciones, que de eso se trata (entre otras cosas) la democracia.