Prepotencia armada

Violar un derecho humano por parte de un uniformado es un acto relativamente sencillo; máxime, si tiene a mano un arma que le confía el Estado y una estructura de personalidad que le permite actuar sin remordimientos.

El dato no pasaría de ser una obviedad, si no se le insertara en un orden de cosas que facilita este tipo de conductas.
La decisión del Gobierno actual, y del pasado también, de combatir la presencia del narcotráfico con el Ejército en la calle, es entendible sólo si se argumenta que las Fuerzas Armadas poseen un poder de fuego que la delincuencia, aún, no ha podido superar como sí lo ha hecho con las policías municipales o estatales.

No sólo el Estado provee armas, sino capacitación que permite a militares y policías el dominio de la logística en comunicaciones, espionaje y presencia masiva en las calles.
Éstas son las bondades que desde hace nueve años el Gobierno federal defiende a capa y espada, porque le sirve para decirle al mundo que la guerra contra el narco se está ganando.

El problema es que tan acrítica, y acaso fundamentalista, resulta la posición de las autoridades federales con respecto a la violación de los derechos humanos, que no envía señales concretas, más allá del discurso circunstancial, sobre qué va a hacer con estos desbordes, cómo va enfrentar la prepotencia armada.

Basta citar un ejemplo: los casos de tortura, desaparición forzada y asesinato que involucran a militares y policías federales sacuden Ciudad Juárez, a tal punto que empresarios, académicos y organizaciones civiles salieron a la calle el domingo para exigir un cambio profundo en la estrategia de combate al crimen organizado.

Piden, ni más ni menos, que los cascos azules se hagan cargo de la situación. Confían más en un ejército de las Naciones Unidas que en el nacional.

En este contexto, hoy Amnistía Internacional, capítulo México, una de las tantas organizaciones prestigiosas en materia de derechos humanos, dará a conocer su diagnóstico sobre el cuadro de situación. La facilidad con que el desquiciado abusa, dejará de ser un problema doméstico para cobrar una dimensión internacional inconmensurable.