Lagunas legales

Como siempre, la reforma electoral aprobada a tiempo para que surtiera efectos en el proceso federal que concluirá con las elecciones del próximo 5 de julio, acusa ya lagunas, por lo pronto, insalvables.

De manera significativa, el día de ayer en Guanajuato, el Instituto Federal Electoral (IFE) inició la firma de 11 convenios con los institutos electorales de los Estados en donde se celebrarán elecciones intermedias este año.
Y empezó en Guanajuato, precisamente en donde se ha desatado la polémica y se ha despertado la inconformidad, por el uso electoral, abierto y sin ambages, que el Partido Acción Nacional (PAN) está haciendo de programas federales y estatales de Gobierno, de carácter social y también de seguridad pública.

Ante los vacíos en el marco legal electoral, al IFE no le queda otra sino promover convenios que apelan a la buena fe y a la ética, por lo menos para tratar de transparentar los procesos y regular el uso del tiempo en medios de comunicación electrónica.

Claramente, el consejero presidente del organismo electoral, Leonardo Valdés Zurita, reconoció que no se logró una legislación secundaria en donde se establecieran con precisión los procedimientos para sancionar presuntas violaciones al Artículo 134 Constitucional,  que tiene que ver con la promoción personalizada de servidores públicos en funciones.

Si bien esta laguna legal favorece en estos momentos a los candidatos del PAN en Guanajuato y en realidad favorecerá a quien recurra a ella, ya se apunta que por ahora no hay nada que impida a otros actores políticos promoverse con miras a la elección presidencial de 2012, como Marcelo Ebrard en el Distrito Federal y Enrique Peña Nieto en el Estado de México.

Y con esta información, queda en evidencia una vez más la influencia que los partidos políticos ejercen en el diseño y aprobación de leyes; es decir, queda claro para quién trabajan los legisladores.
En este contexto, otra vez también, es la ciudadanía la que debe estar atenta, investigar y allegarse de la mayor cantidad posible de información, y de calidad, para tomar la mejor decisión el próximo 5 de julio. El problema no es sólo en Guanajuato.