El marshal de hojalata

Los astros se alinean en contra de Mauricio Fernández, el atrabancado presidente municipal de San Pedro Garza García, el afluente suburbio de Monterrey. Desde que arrancó su gobierno el último día de octubre del año pasado, su lengua larga cuando anunció que un narcotraficante que lo había amenazado de muerte, había sido asesinado en la ciudad de México lo metió en un hoyo del cual, lejos de salir, se ha ido hundiendo cada vez más. El problema es que nadie, salvo quienes lo mataron a escasas cuatro horas de haber llegado a la capital federal y Fernández, sabían de la muerte del lugarteniente local del ex capo Arturo Beltrán Leyva.

Fernández tomó vuelo. De tan franco que parecía ingenuo, siguió en su lógica de soslayar los cuestionamientos sobre el origen de esa información criminal, y anunció que formaría un comando de “limpieza” y otro de inteligencia, a fin de que les suministraran información sobre los narcotraficantes que secuestraban, extorsionaban y controlaban el narcomenudeo en San Pedro Garza García. Como el presupuesto público no le daba para esas pretensiones, recolectó de cinco mil a 100 mil pesos por cabeza entre sus acomodados vecinos. Y cuando otros le reclamaron que esas acciones eran ilegales, respondió que no le importaba, si de esa manera combatía a la delincuencia organizada.

Mauricio Fernández, nieto de uno de los fundadores del mítico Grupo Monterrey, Roberto Garza Sada, se debe haber sentido muy poderoso en ese momento, empujado por los elogios y aplausos de una sociedad que, como varias veces lo hizo en el pasado, cerró los ojos ante la ilegalidad con el único propósito del bien particular. Los narcotraficantes habían llegado a San Pedro Garza García a vivir en un territorio que los criminales acordaron sería neutro y pacífico, y como inyectaron recursos y contribuyeron al repunte del comercio, los sampetrino cerraron los ojos. Cuando esos mismos comenzaron a secuestrarlos y extorsionarlos, y Fernández utilizó recursos ilegales e ilegítimos para defenderlos, también cerraron los ojos.

Fernández es un delincuente confeso. Cuando tomó posesión, dijo que aún fuera del límite de sus atribuciones, terminaría los secuestros, las extorsiones y el tráfico de drogas en el municipio bajo su cargo. Con desprecio y soberbia pasó sobre la ley, y anunció la creación de esos grupos de “limpieza” que llamó “rudos”, donde durante meses estuvo pagando a delincuentes del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva para que le suministraran información sobre delincuentes del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva. El edil dijo que le funcionaba muy bien, y los presumió hasta que el Ejército se le metió en el camino, al detener en marzo pasado a Alberto Mendoza Contreras.

Mendoza Contreras tenía como apodo el de “El Chico Malo”, y durante 2009 fue el jefe de la célula de los Beltrán Leyva en San Pedro Garza García. Había sido  subordinado de Héctor Saldaña, apodado “El Negro”, quien había amenazado de muerte a Fernández. Precisamente a él se refería el nuevo alcalde cuando anunció en su toma de posesión la ejecución de “El Negro” y tres personas más, seis horas antes de que unos vecinos en una colonia en la ciudad de México reportaran a la policía una camioneta sospechosa, en donde se encontraban las cuatro personas asesinadas.

Fernández siempre ha mantenido en público que la información sobre la ejecución de los sicarios de los Beltrán Leyva, quienes habían roto con un código criminal de esa organización de no secuestrar ni extorsionar, le llegó de fuentes anónimas. No se ha podido establecer públicamente tampoco si “El Chico Malo” fue uno de quienes le suministró esa información, pero la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), lo ha llamado a declarar en cuando menos tres ocasiones para establecer el grado de vinculación del edil con la banda de los Beltrán Leyva.

Cuando el Ejército detuvo a “El Chico Malo”, Fernández dijo que no sabía que trabajaba para el narcotráfico. Previamente había admitido que sus chicos “rudos” podían trabajar para los delincuentes, argumentando en su favor que en todo el mundo se tienen ese tipo de relaciones con delincuentes para hacer trabajos de esa naturaleza. Pero en tanto más declaraba y soltaba la lengua, más personas vinculadas a los Beltrán Leyva iban cayendo en Nuevo León y, como si fuera una coincidencia, el camino de varios de ellos los llevaba a Fernández.

Hace unos días la Marina detuvo a Rafael Valdés, conocido como “La Pantera“, a quien las autoridades identificaron como uno de los miembros del grupo de “los rudos”. Fernández salió rápidamente a cubrirse y alegó que había una campaña de descrédito en su contra. “Hay una cargada o de tratarme de involucrar con el crimen organizado o de tratarme de estar duro y dale, porque, qué curioso que agarran a este personaje y el comunicado de la Marina es que es uno del Grupo Rudo de Mauricio”, dijo a periodistas locales.

Fernández empezó a sentir fuertemente el calor en sus pies. Del echado para adelante y al que no le importaba violar cuanta ley se le pusiera enfrente, ahora está a la defensiva. El respaldo colectivo de los sampetrinos se ha diluido. Va de regreso el edil que selló su suerte cuando comenzó a criticar al presidente Felipe Calderón y señalar que su estrategia para combatir el narcotráfico era equivocada porque, a diferencia de él, “no había tomado el toro por los cuernos”. Sobradito el edil, ya hasta se veía en la candidatura presidencial de 2012.

Los cálculos le salieron mal, en buena parte por el hecho de que aquellos en los que se apoyó para combatir a la delincuencia, eran criminales de tiempo completo. O lo engañaron o, como sugirió durante su campaña en un mitin con sampetrinos, pactó con los Beltrán Leyva. En todo caso, es un accesorio de delitos. En el gobierno federal están decididos a ir por él y se le sigue abultando el expediente. No se sabe si entre los detenidos ya lo han señalado como directamente involucrado en negociaciones con los narcotraficantes, pero Fernández está metido en el potaje de los criminales, con declaraciones a la prensa que son confesiones de un violador de leyes y pagador de delincuentes. Su resurrección como el marshal Matt Dillon, garante de la seguridad de los ciudadanos no ha funcionado. San Pedro Garza García no es Dodge City, la frontera del Viejo Oeste, ni él es el marshal Dillon. Si acaso, es un marshal de hojalata que abrió sus fronteras a criminales.