Debate abierto

    El domingo pasado, el Congreso del Estado celebró una inusual sesión del pleno, en la que se atendieron las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al Código Electoral, que previamente habían aprobado los diputados.         La Legislatura votó por el rechazo al también llamado veto que se turnó a nombre del gobernador Emilio González Márquez, por lo que ese capítulo de la discusión sobre la nueva normatividad electoral quedó cerrado.
    Pero el debate amplio acerca de las nuevas reglas del juego para los partidos políticos y los candidatos que contienden por cargos de elección no ha terminado, porque hay actores sociales que no quitan el dedo del renglón, especialmente en dos temas: primero, en el financiamiento público a los partidos, que tras las reformas federales y locales a las respectivas constituciones engrosará los presupuestos de estas entidades; y segundo el tema de la desaparición del Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ), para dar paso al nuevo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
    El asunto de los recursos públicos que se asignan a los partidos es un tema candente y que tiene múltiples aristas. Por un lado, los dirigentes partidistas, que son quienes realmente empujaron a la aprobación de la nueva fórmula para la entrega del dinero, sostienen que “la democracia cuesta”, y que al entrar más fondos presupuestales se cierra el paso a la intervención de entidades privadas, e incluso de fuentes ilícitas de financiamiento para las campañas y candidatos.
    No parece convincente semejante argumento, si tomamos en cuenta que las leyes mexicanas siempre han dejado resquicios (o los que pretenden infringirlas los han encontrado de mil maneras) para que se cuelen las irregularidades y escapen al castigo de la justicia. Pero aun si esto fuera así como lo defienden los partidos, habrá que decir que siguen siendo desmesurados los montos que se les entregarán, habida cuenta de que se les ha quitado, merced a la nueva legislación, una de las cargas financieras más fuertes que afrontaron en las elecciones recientes, como es la contratación de tiempos para promoción en radio y televisión.
    Ayer, dirigentes de diversos organismos del sector empresarial, volvieron a alzar la voz para pedir al titular del Ejecutivo del Estado que considere la presentación de una controversia constitucional, a efecto de frenar las reformas que han aprobado los legisladores locales en materia electoral.
    Los líderes del sector patronal han descalificado, por considerarlas abusivas, las prerrogativas que se entregarán a los partidos políticos, lo mismo en años electorales como en los que no hay comicios locales. Consideran que hay prioridades que deben atenderse con recursos públicos, antes que financiar a los institutos políticos.
    Habrá que dejar en claro que aquí lo más importante es que en una materia como la que se está discutiendo, porque finalmente los partidos son entidades de interés público, no se cierre el debate por dar paso a las descalificaciones y los ataques personales. Y que se resuelva conforme a la ley.