Corrupción inadmisible

El estudio sobre actos de corrupción y su impacto en la erogación de recursos a efecto de eludir trámites o alcanzar ventajas en la relación de los ciudadanos con los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan es francamente escalofriante, por las cifras que arroja, y por lo que dice acerca de las conductas ilícitas de ambas partes.

Primero que nada, en justicia debe decirse que tiene mérito el hecho de que hayan sido las propias autoridades de ambos municipios las que hayan tomado la iniciativa de encargar dicho estudio a un grupo de profesionales, que han escudriñado por todas las dependencias para conocer no sólo lo que los ciudadanos viven como experiencia en materia de este tipo de transacciones al margen de la ley, sino lo que los propios servidores públicos admiten hacer, violentando el cumplimiento de sus responsabilidades.

El problema es mayúsculo. Baste decir, tomando como ejemplo el caso de Zapopan, que los montos de dinero que se mueven en un lapso ligeramente mayor a un año, superiores a los cuatro mil millones de pesos, equivalen casi exactamente al presupuesto que ejerció el Ayuntamiento durante 2008. Pero los más de mil millones de pesos que se erogan por “mordidas” en Guadalajara también son una enorme cifra, que debiera destinarse a actividades productivas, o que, al menos en alguna proporción, tendría que entrar a las arcas municipales para que los gobernantes los aplicaran en la prestación de servicios para todos los ciudadanos.

La llamada de atención que da este estudio no debe ser desatendida, porque nos habla de un mal generalizado que debe extirparse de raíz, a riesgo de que sea un fenómeno imparable. No se trata sólo de que haya buena voluntad, o que se pretenda inculcar en los ciudadanos la honestidad como una virtud que lo va a resolver todo y pronto; es indispensable que las autoridades municipales (y en su caso las de los otros órdenes de Gobierno) se comprometan a tener métodos eficaces para cerrarle el paso a la corrupción.

En efecto, como se ha dicho, están encendidos los “focos rojos”; ahora es urgente que se apaguen con decisión, y sancionando a quienes dan y reciben al margen de la ley.