Contaminados y agraviados

Parafraseando a Carlos Monsiváis, diría que la reciente declaración de Alfonso Petersen Farah, secretario de Salud de Jalisco, respecto de la contaminación del Río Santiago, es en realidad una confesión del estado en que se encuentran sus facultades mentales. Una prueba más de que el poder daña, obnubila y enferma. Pero por otro lado, su dicho confirma la inutilidad del cambio supuesto en esta dependencia. Sus afirmaciones irresponsables y carentes de todo fundamento patentizan el desprecio que quienes están en poder tienen por la vida de la gente, en este caso, que vive en los pueblos localizados en las márgenes del Río Santiago.

Constata que el espíritu del otro Alfonso, el chofer de Emilio, el que suponíamos que se había ido, se mantiene en esa institución y con él la política de desatención y abandono por parte del Estado.

 Se cumplió el segundo aniversario de la muerte de Miguel Ángel López Rocha y nadie es responsable de ello, aunque en su sangre se encontró una fuerte dosis de arsénico proveniente de las aguas del Río Santiago. Este Alfonso, al igual que el otro, pretende convencer que este tóxico no proviene de las industrias, sino que debe estar siendo utilizado por los habitantes en sus baños y en sus labores domésticas. Además de ello, pretende persuadir de que la contaminación del Río Santiago, así como la que provoca en El Salto y Juanacatlán el basurero “Los Laureles”, es inofensiva. Contra la versión de la “eminencia” médica, abundan los testimonios respecto de gente que ha muerto y que se encuentra gravemente enferma. Petersen Farah insiste en continuar agraviando a la gente. Los mercenarios de la política están siempre dispuestos a hacer cualquier tipo de desfiguro con el fin de mantenerse en el poder.

También van a cumplirse dos años (abril de 2008) que los habitantes de El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán entregaron al Gobierno de Jalisco un pliego petitorio donde exigían se declarara en sus pueblos emergencia ambiental y se actuara en consecuencia. Es hasta ahora, con una lentitud exasperante y varios muertos de por medio, que la Secretaría del Medio Ambiente promueve se declare un polígono de alta fragilidad ambiental, y algunos diputados dicen que debe decretarse zona de desastre ecológico. La decisión no debería aplazarse más, e independientemente de cómo se denomine, ningún efecto positivo tendrá si no se considera  que los principales agentes contaminantes se producen en las fábricas y en los basureros que el propio Gobierno ha autorizado se instalen a lo largo de toda la Cuenca del Río Santiago.

POR JORGE REGALADO SANTILLÁN
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