Círculo vicioso

La pretensión de un incremento en la tarifa del transporte público se percibió como una postura equivocada. Representantes del sector empresarial, organismos sindicales y del Gobierno estatal, reaccionaron unánimemente contra la intención, todavía no oficial pero sí en proceso de justificarse, de aumentar el costo por el uso de este recurso indispensable.

El Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte informaba hace unos días que ocho de cada 10 personas llegan al Centro de Guadalajara en alguno de los medios públicos de traslado. Ese dato es una prueba de que el uso de camiones, midibuses y Tren Ligero, antes que reducirse tiende a ser mayor. A primera vista, es un buen negocio.
En medio de la situación económica que tiende a empeorar, los usuarios del transporte público —trabajadores y estudiantes la mayoría— recibirían un golpe mayor en sus mermados ingresos económicos. Por eso, la general coincidencia contra la petición de un aumento se recibe con alivio.

Visto lo anterior, cabe preguntarse cómo es que siendo el transporte público casi indispensable para la mayoría de las personas en las urbes jaliscienses, insisten quienes lo ofertan en encarecerlo.

La cuestión, sin embargo, no es simple. Están ahí los costos crecientes del combustible y los insumos; los obstáculos de una movilidad urbana que afecta la calidad del servicio; la corrupución de organismos sindicales y algunos agentes viales, que opera contra los conductores y acaba por afectar también a los usuarios.

Ante este conjunto de cosas, la gente ya no reacciona ingenuamente. Acepta el gesto del rechazo a un aumento inmediato, pero desconfía del reciclado juego de las negociaciones en las que se pide más para obtener menos y que han acabado siempre en un incremento aparentemente resistido y con un servicio sin mejoras.

La oportunidad se presenta meridianamente: aunque haya manifestaciones en contra, la petición del aumento se sostendrá y en el “estira y afloja”, ésta es la ocasión de romper con un círculo vicioso, pues la autoridad estatal es la que otorga y niega las concesiones. Es tiempo de darle al ciudadano un servicio eficiente, tal como lo estipula el marco legal.