Castellanos, el “defensor de principios”

El jueves 17 de julio pasado entrevisté en el programa “Cara a cara” de Grupo Promomedios Radio, al doctor José Luis Castellanos, entonces consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ). Se vivían días difíciles para la institución, porque los diputados locales, fieles a su estilo, habían dado claras muestras de su intención de desmantelar al IEEJ y crear un instituto con nuevos consejeros, que respondieran claramente a los intereses de los partidos que dominan la escena política del Estado.

Cuando le pregunté a Castellanos sobre la intención y los alcances de la reforma constitucional que promovían los diputados, y el correspondiente Código Electoral, de nueva factura, respondió: “He señalado que es una reforma que afecta y daña gravemente la democracia en nuestro Estado, implica un retroceso porque en el afán de generar un organismo a modo para los partidos y los diputados en el Congreso, se instrumentó un cambio de nombre (para crear el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana) y esto fue una estrategia jurídica que implica la remoción de los consejeros y la elección de nuevos consejeros en ese nuevo organismo (...) Esto atenta, lo señalo contundentemente, contra la autonomía y la independencia de los órganos constitucionales autónomos”.

En esas fechas ya se había discutido, y no eran pocos los que lo afirmaban, que la molestia de los diputados contra los consejeros del IEEJ se movía por una palanca clave que era la resolución pendiente de aplicar multas a los partidos por haber rebasado los topes de campaña en sus gastos en medios de comunicación durante la campaña electoral de 2006.

Le pregunté al entonces presidente del IEEJ si el responsable directo de la dilación para dar a conocer los resultados del monitoreo que comprobaría los excesos de los partidos era el presidente de la comisión, el consejero Sergio Castañeda, y dijo: “Son los integrantes de la Comisión, son Sergio Castañeda, Armando Ibarra y Rosa del Carmen Álvarez”.

Entonces entramos al tema del recurso de amparo que promovió Castellanos (lo hicieron también otros tres consejeros, en lo individual) para no ser removido del cargo, y si su motivación era aferrarse a un cargo bien remunerado, en el que le quedarían todavía dos años de ejercicio, y su respuesta me pareció digna de elogio: “Se está ventilando en el juzgado de distrito y lo hago en un convencimiento personal, porque estoy convencido que jurídicamente no puede darse esta lesión y esta afectación a la autonomía de los órganos constitucionales, y lo hago independientemente de cualquier cosa; no defiendo una chamba, defiendo los principios de una institución que ha trabajado (...) Hay quien dice que me amparo por más dinero, ésa es una situación que está fuera de mi óptica o de mis pretensiones (...) Desde un principio dije que si se afectaban mis derechos los iba a defender, estoy siendo congruente con mi forma de pensar”.

El jueves pasado, 70 días después de esas declaraciones, José Luis Castellanos se marchó en silencio y dejó de ser consejero presidente. Se habla de que negoció una liquidación de 6.5 millones de pesos, cuya documentación tal vez no aparezca pronto. Si así se van los defensores de principios, ¿qué nos queda?

VÍCTOR E. WARIO / Periodista.

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