Calderón y la extradición

La muerte de Sergio Adrián Hernández Güereca —el menor que murió en Ciudad Juárez por las balas de un policía de la Bordel Patrol que incluso cruzó la línea divisoria para no errar los tiros— siguió ayer en los territorios del Congreso mexicano insuflando los rescoldos nunca apagados de la siempre muy difícil relación que han tenido México y Estados Unidos, desde que éste —por la vía de la fuerza— se apropió más de la mitad de lo que fue el territorio original de México.

Hasta los legisladores de Acción Nacional se pronunciaban ayer por que el Gobierno mexicano inicie los trámites jurídicos para la extradición del policía gringo asesino. Y en ello era muy explícito ayer Gustavo Madero, el senador líder de los panistas en Xicoténcatl, que además es oriundo de Chihuahua, Entidad a la que pertenece Ciudad Juárez.  

Ya ni se diga los del PRI, PRD y PT, que desde que se supo del crimen no han dejado de reclamar la extradición del agente que disparó su arma contra el niño Sergio Adrián y de los que le acompañaban.  El senador Tomás Torres Mercado (Zacatecas, PRD) ha sido desde el miércoles uno de los juristas metidos a legisladores que arengan a la Procuraduría General de la República a que pida a Estados Unidos la extradición del asesino, y —ha reiterado— Estados Unidos no tiene por qué negarla, si es congruente con todas las extradiciones que ha solicitado y que México le ha dado prácticamente sin chistar.  

El diputado federal del PRI Ricardo López ha exigido este viernes lo mismo: la extradición de los policías fronterizos que asesinaron al menor Sergio Andrés Hernández. Y ha exhortado al Gobierno mexicano a echar mano de todos los recursos jurídicos que las fuentes del derecho internacional le otorgan. Hay tratados internacionales y convenios judiciales bilaterales con Estados Unidos que se pueden convertir en herramientas eficaces para la causa judicial de la Procuraduría General de la República.  

Incluso recordó: “Estados Unidos debe someterse a las reglas jurídicas internacionales”. Y tildaba de ofensa que agravia al Estado mexicano el que la patrulla fronteriza ahora, en defensa del asesino de Hernández Güereca, argumente que “el policía dio muerte a Sergio Andrés porque eran agredidos por piedras”.

En el Senado, Tomás Torres y Silvano Aureoles (PRD) coincidían en decir que Estados Unidos incurre en una “sinvergüenzaza” cuando pretende justificar su abuso de la fuerza. Y Estos dos senadores han coincidido también en criticar al Congreso mexicano, que el miércoles no haya aprobado —en la sesión de la Comisión Permanente— un pronunciamiento de condena por el asesinato del niño de Ciudad Juárez.

Cuando el tema ha seguido aireándosele en el Senado de la República y en el palacio legislativo de San Lázaro, el Presidente Felipe Calderón ha emitido una declaración que de inmediato, los legisladores, la han leído entre líneas.

Calderón dijo en una parada técnica de su vuelo de regreso desde Sudáfrica que exige al Gobierno de Estados Unidos “una investigación profunda, imparcial, objetiva, que concluya con el castigo para los culpables”; esto, en alusión directa al asesinato del niño Sergio Adrián Hernández Güereca.

Pero, pateaba la pregunta en los pasillos de San Lázaro este viernes, ¿qué no es el Gobierno mexicano el que debe investigar profundamente, y de manera imparcial y objetiva, para que reciba su castigo el policía gringo que cruzó la línea divisoria hacia México para matar al menor mexicano?  

Nunca, en su declaración emitida ayer en Costa de Marfil, a su regreso a México, Calderón intentó siquiera mirar hacia la posibilidad de la solicitud de la extradición del homicida. Ni siquiera cuando aseguraba que “hay un agravio especial (en el crimen del niño de Ciudad Juárez) pues se trata de un menor que fue ultimado con disparos de arma de fuego a manos de autoridades de Estados Unidos”.

¿Echará mano del recurso judicial de la extradición o no? es la pregunta que le espera a Calderón cuando termine de regresar de Sudáfrica.  —¿Estaría usted por la extradición del responsable del asesinato del menor Sergio Adrián —se supo anoche en San Lázaro que en Campeche se le preguntó en conferencia al diputado federal del PAN Francisco Ramírez Acuña—.  

“Quien lo manifiesta no conoce de derecho; es absurdo”, respondió el presidente de la Cámara de Diputados.  —¿Por qué? —otro reportero le inquirió—.

“Porque las leyes son de un país y de otro, y en este caso tenemos que exigir que se haga la investigación y la sanción correspondiente, obviamente, con sus propias leyes”.  

El tema de los asesinatos está agendado para hoy, sábado. Hay un pequeño detalle que tratan de soslayar algunos legisladores: el asesinato no ocurrió en Estados Unidos, sino en territorio mexicano. Y el policía que cometió el crimen lo hizo acá de este lado, y no en aquel país.