Balconeando a los secretarios

La ratificación de Sonia Sotomayor como ministra de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos es el “reality político” más visto y seguido en ese país en los últimos días.

 Y a pesar de que una vez que Barack Obama la seleccionó como su candidata para reemplazar al ministro David Souterm quien anunció su retiro del tribunal, Sotomayor tenía casi garantizada su ratificación por parte del Senado, más que nada por la popularidad y la luna de miel que disfruta aún el Presidente Obama y una mayoría demócrata en la Cámara alta.

Después de semanas de artículos y primeras planas en periódicos y revistas, por fin llegaron los tres días de audiencias ante el Comité Judicial del Senado, que fueron transmitidas por cadenas nacionales e internaciones de noticias.

Aunque en este momento el Senado mexicano sí tiene que ratificar las propuestas del Presidente para la Corte Suprema, la verdad es que el escrutinio que reciben los candidatos es relativamente poco. En el caso de los puestos en el Ejecutivo, solamente el procurador, los embajadores, cónsules, algunos funcionarios del sector económico tienen un proceso de ratificación. Pero no el suficiente.

Ante la realidad de la crisis que se está viviendo en el país, y la mediocridad de varios de los actuales secretarios, ¿no es hora de considerar como requisito que todos los secretarios de Estado se sometan a un proceso de escrutinio público y ratificación ante la Cámara alta? No estoy proponiendo que todos los puestos del Ejecutivo y la rama judicial tengan que someterse a un proceso de ratificación. Pero por lo menos requerir que todos los secretarios tengan que enfrentar un proceso de nombramiento más transparente y con cuestionamientos del Senado.

La propuesta sería incluir en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que todos los Secretarios de Estado deberán ser ratificados por el Senado de la República, antes de que puedan tomar posesión. El Senado decidirá las modalidades y el número de audiencias a que someterán los candidatos propuestos por el Presidente.

Hay que señalar que sí habrá analistas que argumenten en contra de esta propuesta, por la preocupación de que se politicen y se retrasen los nombramientos y se coarte la facultad constitucional del Presidente de nombrar libremente a los secretarios de Estado. Son argumentos válidos y hay que buscar procedimientos que impidan que se paralice la administración pública. Francamente, pienso que los estados también deberían de considerar procedimientos similares para el nombramiento de Secretarios estatales.

¿Cuántos de los secretarios actuales hubieran podido enfrentar un proceso de ratificación en donde se les cuestionara su nivel educativo, su experiencia profesional, su capacidad de ejercer el cargo, o los conflictos de interés que pudiesen surgir?

Pero en este momento hay muy pocos incentivos por parte de los presidentes de darle prioridad a nombre personas capaces, con experiencia y trayectoria política necesaria para ejercer estos cargos, que darle menos prioridad a nombrar una camarilla de “cuates”, sin perfiles ni trayectorias políticas.

La actual democracia mexicana no puede permitirse un resabio de un presidencialismo ilimitado que no corresponde a las realidades actuales del país.

ANA MARÍA SALAZAR / Analista Política.
Correo electrónico: anamaria@anamariasalazar.com