Acto de justicia

La noticia de que hubo niños que debieron ser atendidos en el Hospital Civil por el contagio de moluscos, a causa del contacto constante con las aguas contaminadas del Río Santiago, sorprendió incluso al secretario estatal de Salud, Alfonso Petersen Farah, quien subrayó en su momento, al ser consultado, que esto ocurre solamente en casos de suciedad severa. La paradoja es que las personas que viven en Los Arcos, una pequeña población de Juanacatlán a pocos minutos de la ciudad, recurrían a las aguas residuales precisamente para asear sus casas e incluso bañarse.

Los mismos médicos que atendieron a los niños manifestaron su indignación por lo ocurrido.

Y las autoridades municipales de Juanacatlán, movidas por la urgencia, actuaron con cierta rapidez. No han pasado 15 días de que se conocieron los hechos y ya anunciaron que la gente de Los Arcos tiene a su disposición, con tuberías de por medio, el agua potable. En varios domicilios sólo queda pendiente que se conecten con las tomas municipales.

La acción del Ayuntamiento de Juanacatlán, sin embargo, no puede aplaudirse como un logro, pues se trata del cumplimiento retrasado de una obligación, e incluso de un acto de elemental justicia.

Ahora, sin ninguna duda, debe cuestionarse si esta situación se estará repitiendo en otras poblaciones jaliscienses, pues si ocurrió en un lugar que comparte vecindad con la capital del Estado, igual se puede presentar en cualquiera de los municipios que, como es conocido, padecen históricas carencias de infraestructura básica y no hay posibilidades de que eso se corrija en un futuro de mediano plazo.

Una situación como la ocurrida en Los Arcos, es una bofetada a la aplicación de políticas públicas que deben garantizar los servicios básicos de los jaliscienses, y también a los programas sociales que pretenden, justamente, llegar a las personas con más carencias. El Gobierno del Estado y los gobiernos de los 125 municipios no pueden permitir que esto se repita, sin importar qué tan grave sea la crisis económica que afecta al país.

Si el acceso al agua potable, a los servicios de salud, a la educación básica, son garantías que proclama la Constitución del país, y por lo tanto también nuestras leyes estatales, el abatimiento de los rezagos que ocasiona la pobreza debe incluirse en la lista de tareas urgentes de los gobernantes.