Zetas y Maras, “fenómenos sobredimensionados” del gobierno: EPR

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la dirigencia del Ejército Popular Revolucionario ( EPR), la presencia y las acciones de los Zetas (grupo paramilitar que hasta hace unos meses estuvo al servicio del cartel del Golfo) y de las Maras (pandillas de origen centroamericano aparentemente ligadas a cárteles de la droga) son fenómenos "sobredimensionados a más no poder por el Estado Mexicano, como parte de una estrategia del aparato de inteligencia".

Esta estrategia tiene, según el EPR, dos fines: "evadir la responsabilidad directa del gobierno con respecto al presunto daño social que cause el personaje o el grupo, y justificar su brutal respuesta policiaco-militar represiva ante los ojos del país y el mundo".

En el número 106 de su órgano informativo El Insurgente, la comandancia general del EPR analiza diversos temas del contexto nacional. En uno de los artículos titulado "Maras y Zetas, mitos grotescos", aborda la manipulación del estado mexicano y su aparato de seguridad en torno a agendas sensibles como la del combate al crimen organizado.

El EPR acusa que "el minimizar o magnificar con dolo, es el camino previo a la justificación de la implementación de políticas, programas y medidas en el ámbito económico, político y social, que siempre son equivocadas e injustas para la mayoría de los trabajadores del campo y la ciudad".

Los eperristas definen el punto central de su análisis al señalar que de lo que hablan es de "recreaciones gubernamentales que van desde la más "sutil" mentira hasta engendrar de manera perversa grotescos mitos, dentro del contexto de deterioradas y polarizadas relaciones de producción que se encuentran aparejadas con el encono y la creciente descomposición social que prevalece en toda la geografía nacional".

Efectivamente, dice el EPR, "nos estamos refiriendo a personajes o grupos sobredimensionados (maras o zetas) a más no poder por el Estado mexicano, como parte de una estrategia del aparato de inteligencia".

La dirigencia del grupo subversivo destaca que "una vez vendida la idea del crecimiento incontrolable de la delincuencia organizada y permeado lo suficiente el terreno de la opinión pública, el Estado le declara supuestamente la guerra al crimen organizado por medio de una campaña policiaco-militar bajo los preceptos de seguridad del gobierno estadounidense, violando flagrantemente los más elementales derechos humanos, las garantías y derechos constitucionales".

En el fondo, dice el EPR, estas son "campañas de operación fascista, por la implantación de estado de excepción y carácter contrainsurgente por el control y sometimiento que se pretende hacer de la población".

El EPR asegura que "la publicitada lucha contra la delincuencia representó la nueva campaña de Felipe Calderón, después del fraude y su imposición en busca de legitimidad ante un amplio movimiento de masas que lo rechaza a una sola voz y el repudio no organizado con que se topaba en los diferentes eventos y regiones del país".

Dicha campaña "policiaco-militar" siguió la línea de "criminalizar la protesta social y estigmatiza como terrorista a los luchadores sociales y revolucionarios", añade el EPR.

El Ejército Popular Revolucionario va más allá y sostiene que en realidad debe hablarse de una asociación entre la delincuencia y el Estado, vínculo en el que se ha pasado "a un acuerdo de tipo empresarial financiero, donde los grupos de poder de ambos bandos se disputan palmo a palmo territorio, espacios de poder político, plazas de comercialización y operaciones financieras de cuello blanco donde se lava el dinero mal habido".

En esta dinámica de encuentros y desencuentros, el EPR habla de un gran rompimiento entre el Estado y los grupos criminales, fractura que ha provocado desde hace unos años el sangriento choque entre los cuerpos de seguridad y los sicarios del crimen organizado.

Entonces, antes esta situación "tuvieron que recrear el mito de los zetas, una vez desechado los tan "temidos" maras, para protegerse como Estado y justificar su injusto proceder, poner al aparato policíaco-militar por encima de todo, en un presumible combate a un mal prohijado por ellos mismos, la delincuencia organizada".

El EPR sostiene sin embargo, que todo el entramado se ha salido del control "por el abuso de la violencia institucional", y porque los actores de este enfrentamiento "rompieron sus ilegales acuerdos, (lo) que causó irritación en mandos medios de sus pares".

Dicha ruptura, añaden los analistas del EPR, "originó que en el país aflorara esta forma de hacer política burguesa y disputarse el poder por medio de la política-delincuencial-organizada, que por décadas se mantuvo soterrada y controlada por la cúpula gobernante y las cabezas de la delincuencia organizada".