¿Y la soberanía, Apá?

Con un discurso pronunciado ayer en Ciudad Juárez, casi 24 horas después, el Presidente Felipe Calderón intentó atajar los anuncios injerencistas hechos en la víspera desde la Casa Blanca, sobre el envío a México de grupos de agentes de al menos siete agencias federales de Estados Unidos a territorio mexicano —decenas de agentes, según el “Washington Post”— que vienen a “investigar” y “cazar” en suelo nacional a los asesinos de tres ciudadanos estadounidenses.

“Es indispensable, insisto, que el embate al crimen organizado se asuma plenamente como una responsabilidad compartida entre Estados Unidos y México, y una batalla que a ambos lados de la frontera estadounidenses y mexicanos debemos de dar y ganar como aliados, cada quien en su territorio, cada quien en el ámbito de su competencia, pero con una estrecha colaboración en materia de información, de inteligencia y políticas públicas”, dijo ayer el Presidente desde Ciudad Juárez, y después de reunirse en privado con el embajador de Washington, Carlos Pascual.

¿Fue todo lo que le mereció al Gobierno calderonista un anuncio tan delicado como el de enviar “decenas de agentes” a indagar crímenes cuyo esclarecimiento es responsabilidad total del Estado mexicano y su aparato de procuración de justicia?
Cierto es que desde hace años en México los crímenes, sean de mexicanos o extranjeros, dejaron de investigarse, ya no digamos de esclarecerse y castigarse, y que con el conveniente genérico de “ejecuciones”, los procuradores federales y estatales, jueces y ministerios públicos archivan miles de casos de homicidios y eluden su responsabilidad, dejando en la total impunidad e injusticia casi 90% de los crímenes que se cometen en territorio nacional.

Pero de eso a aceptar que ante la incapacidad propia, vengan los marshalls del FBI y otros agentes del Gobierno estadounidense no sólo a “colaborar” en las investigaciones, sino, en sus propias palabras, a “cazar y perseguir” a los asesinos en territorio mexicano, hay un tramo tan grande como la soberanía estipulada en la Constitución y que debe resguardar y cuidar el Gobierno.

En descargo de la administración calderonista, vale decir que no parece para nada casual que justo cuando el Presidente ha centrado su atención en Juárez, y ha enviado a buena parte de su gabinete a atender, con recursos y programas federales, a una sociedad abandonada por décadas como la de Juárez, ocurran estos asesinatos que desatan las presiones y apetitos intervencionistas que históricamente han existido en Washington y en los estados fronterizos de Estados Unidos.

Así que, el Gobierno mexicano tendría que ser el primer interesado en esclarecer, rápido y de manera contundente, esos tres asesinatos —en realidad debieran esclarecer todos los del resto de mexicanos asesinados— y de ese modo evidenciar quién quiere desestabilizar los intentos por apaciguar Juárez.

Pero de entrada no es reaccionando casi un día después, y con un discurso que parece tibio, como el Gobierno mexicano va a contener los embates tanto de los injerencistas de Washington como de quienes insisten en hacer fracasar su cuestionada estrategia de combate al narcotráfico.