Vital, perseguir a la delincuencia común: subsecretario de la SSP

CIUDAD DE MÉXICO (05/AGO/2010).- La arraigada noción de que el crimen organizado se encuentra en una esfera distinta a la de los delincuentes comunes debe cambiar, pues se trata de un continuo del mismo eje y no de dimensiones distintas, considera uno de los funcionarios con mayor experiencia en el ramo en el país: Monte Alejandro Rubido, actual subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

El problema de la violencia, de las ejecuciones y de la guerra entre cárteles no empieza con el narcomenudeo, que deriva en el control territorial y éste a su vez en el control de la sociedad y la violencia visible. Empieza, según el especialista, en la aparentemente inofensiva actividad del comercio ilegal.

“Se inician en delitos de aparente menor impacto, como venta de autopartes robadas o venta de piratería, y luego escalan en la cadena delincuencial: robo sin violencia, robo con violencia, homicidio”, explicó quien fuera secretario general del Cisen en época de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Se trata, detalló, de una carrera profesional que debe atajarse en el inicio.

Ésta, es la principal razón por la que el peso del combate al crimen organizado recae en la primera esfera de Gobierno: el nivel municipal.

El argumento de Rubido se da en un contexto de debate sobre el nuevo modelo de seguridad pública en el país, un modelo cuyo eje es la coordinación policiaca con base en la creación de 32 mandos únicos que aglutinen a los 164 mil 237 policías municipales que hay en el país.

El modelo clásico en México mantiene separadas las competencias de los distintos cuerpos de seguridad, y los municipales no persiguen los delitos federales cometidos por el crimen organizado. Sin embargo, su papel es fundamental en el combate al narcotráfico precisamente en la esfera de su responsabilidad: los robos.

El subsecretario advirtió, sin embargo, sobre la multicausalidad del narcotráfico que hoy combate el Gobierno federal: la impunidad en los delitos comunes, la vulnerabilidad de los policías municipales, la base social significativa que adquieren los delincuentes, el tráfico de armas (en los últimos cuatro años se han decomisado casi seis mil granadas y 83 mil armas) y sobre todo, el desgarramiento del tejido social.

Ivabelle Arroyo