Urge protección y respaldo a defensores de migrantes: CIDH

CIUDAD DE MÉXICO (12/SEP/2014).- Elaborar normas para migrantes y mecanismos de control en el Instituto Nacional de Migración (INM), y las dependencias del Estado, así como instrumentar estrategias de prevención y seguridad para dueños de albergues, defensores que llevan casos, y un apropiado monitoreo de derechos humanos de migrantes; son algunas de las solicitudes que emitió Felipe González, relator sobre los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Gobierno federal.

Durante la presentación del informe Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, el relator aseguró que “el Estado debe ver a los defensores de derechos humanos como aliados”, pues “los migrantes tienen menos derechos ante los tribunales, aún menos que si hubieran cometido un delito”.

El documento detalla que en el periodo 2005-2010, el 95% de detenciones por irregularidad migratoria en México correspondió a provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, es decir, fueron registradas en la frontera sur del país. Ante esta situación, Felipe González enfatizó que “se requiere voluntad política para el cambio, para implementar el acceso a la seguridad y la sociedad civil en los centros de atención migratoria”.

En 2012, México deportó 79 mil 643 migrantes en situación irregular, más del 90% eran centroamericanos, es decir, 77 mil 733, que representó un incremento del 30% comparado con 2011, cuando se reportaron 61 mil 202 migrantes en territorio nacional. De acuerdo con el comisionado de la CIDH, “se ha producido un fenómeno de desplazamiento interno por lo que se ha desarrollado todo tipo de victimización”.

Sin embargo, la condición de los migrantes mexicanos en el extranjero, también tienen una representación importante. Según muestra el documento, de 2009 a 2011, las autoridades migratorias estadounidenses deportaron más de un millón de mexicanos; “cifras que además de evidenciar la magnitud de migración a Estados Unidos, también refleja el impacto del endurecimiento de las políticas de control” en ese territorio.

De 2008 a 2012, dos millones 423 mil 399 deportaciones se llevaron a cabo de Estados Unidos a México. En el último año reportado, 369 mil 492 connacionales fueron devueltos al país, de los cuales, 17 mil 129 eran niños, niñas y adolescentes.

Tan solo en 2010, Estados Unidos reportó 11.2 millones de migrantes en situación irregular, el 58% provenían de México, con un total de 6.5 millones. El reporte detalla que en el mismo año, aproximadamente 4.5 millones de niños nacidos en ese país, tenían al menos a uno de sus padres en situación migratoria irregular, lo que implicó la deportación de más de 46 mil padres y madres en 2011.

Según el informe, en el país la mayor parte del flujo migratorio ingresa de forma terrestre por la frontera sur de México, a través de los mil 139 kilómetros de la zona; de los cuales, 962 colindan con Guatemala y 176 con Belice. Detalla que uno de los principales problemas que lleva a las personas a colocarse en condición de migrante son los niveles de pobreza, donde Centroamérica, representa el 40.4% de la problemática.

Los datos que presentó la CIDH revelan que en 2012, México se colocó como el primer receptor de remesas en el continente americano y se posicionó en el cuarto lugar a nivel mundial, después de India, China y Filipinas, con 23 billones de dólares, lo que representa la segunda fuente de ingresos externos.

Ante esta situación y la necesidad de controlar los abusos y violación a los derechos humanos de los migrantes, Felipe González aseguró que el informe asume el carácter global que atiende el fenómeno de la migración y muestra los principales desafíos para enfrentar la problemática que aqueja a miles de personas en su tránsito por México.

Enfatizó que sin importar la procedencia, los seres humanos deben tener derecho a solicitar refugio y “el Estado como conjunto tiene la obligación de avanzar en la protección de los derechos humanos de las personas en situación migratoria” debido a que en esta materia, la situación del migrante es sumamente grave.

En este contexto, el relator de la CIDH detalló que “hace falta proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos de los migrantes, ya que es fundamental que puedan desarrollar sus labores sin acoso del Estado”. Destacó la importancia del tema por la enorme cantidad de denuncias que se presentan contra los agentes estatales y recordó al Gobierno Federal, la relevancia de avanzar en materia judicial.

Además, advirtió que “la ausencia de una política de seguridad ciudadana específica para la prevención, protección y persecución de delitos que afectan a las y los migrantes, constituye un grave problema que requiere una solución urgente”.