Una tautología entendible

Dejando de lado las bizantinas discusiones antropológicas que tienen más definiciones de cultura que antropólogos, huelga decir que ésta es uno de los ámbitos públicos más claramente establecidos como obligación del Estado en las diversas disposiciones jurídicas del país. Que el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) haya organizado una discusión con representantes populares de los tres niveles de gobierno, para solicitarles vean la cultura como un asunto público, no deja de ser una tautología, pues es el Estado el rector del fomento a la cultura.

Dicha rectoría está establecida en principios constitucionales tales como el artículo 3ro., en materia de acrecentamiento fortalecimiento y difusión de la cultura. En el artículo 4to., en materia de promoción y desarrollo de las lenguas, culturas, usos y costumbres, además del artículo que garantiza el acceso a los bienes y servicios culturales que presta el Estado. En el sexto constitucional, que establece la libertad de difundir el producto de la creación, y en el séptimo que garantiza la libertad de publicar el producto de la creación escrita.

Asimismo, el 26 en materia de democratización cultural de la Nación; el 28 que reconoce la propiedad del producto de la creación cultural; el 73 que faculta a los legisladores a legislar en materia de cultura, así como el 123 en materia de salarios que garanticen las necesidades culturales de la familia.

Así podríamos seguir enumerando la decena de leyes, los cinco reglamentos, los más de 30 decretos, los más de 20 acuerdos y las más de 300 disposiciones jurídicas que hacen alusión al arte y la cultura.

Es entendible y plausible la iniciativa del CECA, pues precisamente la renuncia del Estado a un fomento adecuado de la cultura, es lo que ha fortalecido en exceso al mercado. En la actualidad, más de 50 de las 100 economías más grandes del mundo son empresas como Walmart, Exxon-Mob, General Motors, Chrysler, Toyota y Ford, con un poder mayor que naciones como Turquía, Australia, Indonesia, Arabia Saudita, Noruega, Polonia, Dinamarca, Grecia, Finlandia, Sudáfrica, Tailandia e Irán. La gran mayoría de éstas tienen fundaciones culturales, con lo que la promoción y el fomento a la cultura se está dando a través de las empresas y ya no sólo a través del Estado. No estamos lejos de ver a las nuevas generaciones de ciudadanos depositando su lealtad, más en una empresa que en su propia nación.

Convocar a representantes populares para discutir acerca de la cultura como asunto público, podría ser una tautología, una repetición inútil y viciosa, pero cuando vemos la falta de imaginación de los convocados, que coinciden en que hace falta más dinero, más apoyo y más fomento, estamos ante una tautología entendible, que recuerda a los representantes populares lo básico elemental de su deber.