Un conejo en la chistera

Si los partidos de oposición piensan que su pesadilla electoral es la utilización de los programas sociales por parte del Gobierno de Felipe Calderón, aún no saben lo que les viene encima. En el perol de Los Pinos se está cocinando una sorpresa política para 2009. Se trata de una nueva secretaría de Estado en el único sector del que pueden presumir éxitos los gobiernos panistas desde que llegaron al poder nacional en 2000: la vivienda.

Ese sector es uno de los más sensibles en la sociedad y sirve como galvanizador y fortalecedor del núcleo familiar. El techo, para referirnos en términos coloquiales a la vivienda, es un anhelo permanente del individuo, que busca siempre hacerse de uno como patrimonio y como factor de pertenencia. Durante muchos años, la industria de la vivienda se desarrolló en forma caótica, anárquica y frecuentemente agobiada por los problemas de propiedad de la tierra y de una pésima planeación urbana.

Sólo como referencia, hasta el año 2000, cuando el primer Gobierno panista comenzó a tomar la vivienda como un proyecto político toral de subsistencia en el poder, 85% de las 18 mil hectáreas destinadas en el país al desarrollo urbano, no tenían ningún plan, precisamente, de desarrollo. De acuerdo con las estadísticas oficiales, las 55 zonas metropolitanas que existen en México concentran a 53% de la población —y crecen a una tasa de 2.3% anual, un punto porcentual superior al del resto del país—, y generan 70% del Producto Interno Bruto (PIB). Pero en esas grandes manchas urbanas, siete de cada 10 habitantes viven en barrios y colonias de alta marginación, donde carecen de servicios básicos como agua y drenaje.

Un proyecto de desarrollo de vivienda bajo el mando unificado de una secretaría de Estado, no podría caer en mejor momento para un Presidente herido por la deficiencia e insuficiencia de sus políticas públicas, agravadas por la crisis económica mundial que tendrá su impacto en México durante el transcurso de este año. La demanda de vivienda en el sexenio está calculada en 3.9 millones de personas, que si se suman a las 2.1 millones de personas que hoy necesitan casa, hacen un total de seis millones de personas que son clientela política muy alejada del Partido Acción Nacional (PAN), y que votaron históricamente por el Revolucionario Institucional (PRI) y en los últimos años han repartido votos con el de la Revolución Democrática (PRD). Es decir, si se analiza electoralmente el proyecto de la Secretaría de Vivienda, esta nueva dependencia sería el motor clientelar que necesita Calderón.

El discurso presidencial, por supuesto, dibuja derroteros más altruistas, como lo planteó el Presidente al presentar su Plan Nacional de Vivienda en 2007: “Fortalecer a la familia es un propósito primario de toda sociedad”, para lo cual, agregó en ese momento, “el reto es diseñar y consolidar los instrumentos institucionales, jurídicos y administrativos que doten al Gobierno federal de un esquema articulado y eficaz de facultades en materia de vivienda, ordenamiento urbano y territorial, que fortalezca la integralidad sectorial y la transversalidad de las acciones públicas”.

La respuesta para aglutinar bajo el mismo paraguas a la Comisión Nacional de Vivienda, al Fondo Nacional para la Vivienda, al Infonavit, al Fovissste, al Fondo de Habitaciones Populares del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, a los aparatos de apoyo a la vivienda que tienen Pemex, la CFE y la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, por mencionar a los organismos públicos federales más conocidos, e integrar a sus pares estatales y municipales para lidiar con poco más de tres mil empresas que se dedican a la industria de la construcción, con sus respectivas cámaras, así como con la banca de desarrollo, los intermediarios financieros e inclusive aquellos que construyen por cuenta propia sus casas, es la Secretaría de la Vivienda.

Por instrucciones presidenciales, se ha venido trabajando en el tema desde hace más de año y medio, acelerado en fechas recientes porque les podría servir también como un detonador controlado de desarrollo económico. Las empresas que se dedican a la construcción aportan 2.4% del PIB, y 61.3% a la construcción, y generan empleo directo a millón y medio de personas. Una economía deprimida no tendría mejor bálsamo que una revigorización del sector habitacional bajo el marco de una nueva secretaría de Estado, con todo el estímulo político y anímico que ello entraña. Se atacaría la falta de vivienda con prioridad para aquellos grupos de menores ingresos —hasta cuatro salarios mínimos— y de paso se le daría una ayudadita a la creación de empleos. Ni decir, por supuesto, de los votos que le podría llevar al PAN en las próximas elecciones de mediados de año. La utilización electorera de los programas sociales, de acelerarse la concreción de la nueva Secretaría de Vivienda, sería entonces, pecata minuta.

RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: r_rivapalacio@yahoo.com