Tren parlamentario

Anoche, cuando comparecía el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, dos formas de mirar al Derecho Penal en México restallaron en la atmósfera parlamentaria de la Cámara de Diputados con la violencia con que chasquea un látigo en el aire. Y, de paso, la legalidad y la justicia se volvían a mirar divorciadas.

“¿Por qué opina que Godoy debe perder sus derechos sin antes haber sido condenado por el juez, y soslaya también la prevalencia del principio del derecho de la presunción de inocencia?”, fustigó así el diputado del PT y doctor de Derecho Constitucional, Jaime Cárdenas Gracia, al procurador general de la República.

Entonces Arturo Chávez Chávez respondió: “Le recuerdo que hubo jueces que los absolvieron, y los respetamos; pero también hubo jueces que en su momento ejercitaron el acto de formal prisión y que dictaron el arraigo”. Y fue cuando el procurador advirtió que la situación jurídica de los 32 liberados podría cambiar, “si en un futuro hay nuevos elementos de prueba”.

Hacía unos minutos, el empleado mayor de Felipe Calderón encargado del Ministerio Público Federal había rechazado la acusación reiterada del perredismo de que su accionar está subordinado al interés político y electoral del Partido Acción Nacional (PAN).

Víctor Báez, diputado federal coordinador de los diputados perredistas michoacanos, dijo a Chávez: “Sus aprehensiones son espectaculares, pero ha probado que es un inepto, un incapaz. Tres jueces han otorgado el amparo, y sus acusaciones se basan sin sustento jurídico. Le solicito que deje esta persecución política”.

Y era entonces cuando el perredista, en nombre de su partido, decía en la comparecencia lo que habían estado anunciando desde la víspera: “Es importante, señor procurador, que presente su renuncia, porque no tiene la capacidad”.

Compareciente y diputados se referían, a las ocho y minutos de la noche, a la situación jurídica de los 32 funcionarios públicos de Michoacán que, hace unos  días, fueron liberados luego de más de un año de haber permanecido presos, acusados de complicidad con criminales del cártel de “La Familia”.

La comparecencia había generado desde temprano una inusual expectación, porque Julio César Godoy —el recientemente ungido como diputado federal por el PRD— desde la víspera había prometido que estaría ante Chávez, cuestionándole. Incluso, durante el día, un grupo de los funcionarios aquellos de Michoacán que permanecieron presos más del año en cárceles de alta seguridad,  afirmaron que también estarían allí, ante el procurador.

Por la mañana, este grupo de 15 ex funcionarios —entre los cuales estaba el ex procurador estatal de Michoacán, ex subprocuradores y ex presidentes municipales— se habían reunido con senadores, en Xicoténcatl; y por la tarde, hicieron lo mismo en San Lázaro, y fueron recibidos por el diputado coahuilense Rubén Moreira Valdez, desde su doble condición de presidente de la Comisión de Derechos Humanos y presidente del Grupo Plural de Trabajo de Seguimiento al Caso del “Michoacanazo”; ambas, de la Cámara de Diputados.

Entonces, el influyente Moreira los recibió, diciéndoles: “Desde que la CNDH emitió aquella recomendación (aludía al día en que el ombudsman nacional fustigó al Ministerio Público Federal),  nos quedó claro que había sido una injusticia”.

Y avisaba coahuilense que su partido, el PRI, impulsará reformas que den pie a desaparecer la figura del arraigo y la figura de los testigos protegidos. “No es posible”, les decía a los michoacanos, “que un ciudadano tenga que demostrar su inocencia en condiciones tan precarias como en las que ustedes lo hicieron”.

Por la noche, cuando comparecía el procurador, éste aludió de modo directo a las dos figuras aquellas. “El arraigo”, decía, “en la actualidad es una herramienta muy valiosa”, para la PGR. En 2008, hubo insistido, fueron arraigadas 216 personas.

La expectación aquella, de ver frente a frente a Godoy y Chávez, su acusador, decreció cuando el diputado no se presentó, como tampoco los michoacanos.

Dos versiones había dejado ir el PRD por el pasillerío: Una: que habían sostenido un encuentro previo, ya, Chávez y Godoy. Y dos: que la cúpula perredista había decidido que no estuvieran porque temían que Godoy chocara con gran ímpetu contra Chávez. E iba a ser más compleja una situación jurídica que permanece abierta, al grado de que ha solicitado la PGR su desafuero.