Tren parlamentario

Cada año, cuando las dos Cámaras del Congreso de la Unión analizan el informe presidencial, es común que el país se pregunte si son realmente los legisladores el contrapeso político que la Constitución mandata, o si, en los hechos, sólo siguen siendo la suerte de oficialía de partes que el Ejecutivo siempre ha pretendido que sean.
En este espacio se ha escrito con regularidad sobre las dos funciones esenciales que la Constitución ha otorgado al Congreso General mexicano: la de legislar, haciendo leyes, y la de servir de control político de quienes ejercen el poder público desde el Ejecutivo Federal.

También se ha dicho aquí que la hora climática de la función de control político tendría que ser sin duda el periodo en que diputados y senadores se dedican a revisar, discutir y autorizar los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación del año siguiente.
Pues, justamente, ahora está el Congreso en su momento de revisión de ambas circunstancias.

Por un lado, el Poder Legislativo hace la Glosa, el análisis, del Informe Presidencial del cuarto año de Gobierno de Felipe Calderón. Y por otra, ha iniciado la revisión del paquete fiscal de marras.

Pero, ¿el Congreso mexicano realmente hace la Glosa y realmente mandata al Ejecutivo vía presupuestos?

No, es la respuesta. Si nos atenemos a esperar que ese contrapeso constitucional se tenga que expresar —como muchos estudiosos del derecho parlamentario lo consideran— en una eficaz rendición de cuentas, en el acatamiento de los mandatos del Legislativo y en la aplicación de las sanciones correspondientes a los hombres de las instituciones que no cumplan con estos criterios. Criterios, por cierto, que han sido anhelo y aspiración de generaciones en el país.

Veamos algunos ejemplos de cómo el Legislativo no tiene en realidad la fuerza para obligar al Ejecutivo a acatar sus mandatos. Y, por lo tanto, a que el poder se controle a sí mismo.

En el “Espíritu de las Leyes” (1748) —el ensayo histórico aquel que inspiró la creación de sistemas de Gobierno en el mundo como el presidencialista, dividido en tres: ejecutivo, legislativo y judicial—, Montesquieu discernió que para que hubiera equilibrio en el ejercicio del poder público, éste tendría que controlarse a sí mismo.  

¿En el caso de México, es posible afirmar que el equilibrio del poder se ha conseguido? Estudiosos del derecho parlamentario afirman que no, sencillamente porque las leyes han sido hechas para beneficiar no propiamente a la mayoría de la población, sino a grupos minoritarios. Y esto se ha visto a lo largo de la vida de la República, particularmente en momentos de crisis social y política, como la actual.

En momentos como ahora, el Legislativo tendría que dictar agenda y someter al Ejecutivo a los ritmos y tiempos del Congreso. No sucede así, para desgracia de la mayoría poblacional representada en el Legislativo.

Verbigracia: el Ejecutivo Federal acude a la Glosa cuando le conviene, y cuando no, pues no. Y, bajo ese tenor, suele aportar únicamente la información que le interesa, cuando los legisladores se lo piden, a propósito de la revisión de los presupuestos con fines de su aprobación.

En el calendario de comparecencias de secretarios del gabinete presidencial, ante diputados y senadores, el Ejecutivo ha hecho más de cinco cambios de fecha. El más reciente, ayer, cuando la Secretaría de Hacienda informó que Ernesto Cordero se apersonará este lunes ante los diputados —para la revisión del paquete fiscal— no a partir de las 10 de la mañana, sino de las ocho.

En otras ocasiones, manda el Ejecutivo a sus encargados de despacho por montón, y no cuando a los diputados y senadores les sea más beneficioso —para el cumplimiento de la función de control político— el intercambio de preguntas y respuestas.
La agenda legislativa, en los hechos, no la controla el Legislativo, sino el Ejecutivo. Y esto es manifiesto estos días, lo que hace ver al Legislativo, no como el contrapeso constitucional, sino como una mera oficialía de partes, adonde el Ejecutivo sólo informe lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere.

¿Qué tendría que suceder para que el Legislativo adquiriera la fortaleza suficiente que le permitiera doblar al Ejecutivo, y éste acatara los mandatos legislativos? Ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para modificar la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso. Pero no lo hacen, porque los que pueden hacerlo, suponen que fortalecer al Legislativo sería como darse un tiro en el pie, ante la posibilidad de estar ellos, en el futuro, en el pináculo del Ejecutivo Federal.