Tren parlamentario

En la visita que ayer, al Senado de la República, hizo Frank la Rue, relator Especial sobre la Protección y Promoción del Derecho de la Libertad de la opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  causó ayer en más de un partido político el regusto que provoca un cuerno quemado.

Frank la Rue, por la ONU, y Catalina Botero Marino, por la OEA, habían sido invitados por el Senado de la República a una reunión de trabajo que tuvo como objetivo  airear opiniones y posicionamientos en torno de las agresiones que en México sufren los periodistas.

El representante de la ONU planteó una serie de reformas de leyes que, definitivamente, no gustaron al PRI y menos al PAN, que habló en voz de Felipe González, el senador panista que ya fue gobernador de Aguascalientes.

Y los incomodó por la sencilla razón de que el guatemalteco Frank la Rue les vino a hablar de la perentoria y muy urgente necesidad de parar a la impunidad, “que se multiplica geométricamente y genera a quienes usan la violencia la sensación de que lo pueden seguir haciendo con total libertad y cada vez con mayor descaro”.

¿Pero por qué el PRI no dejó de escocerse con La Rue, cuando es un partido opositor al régimen calderonista  y, en su discurso al menos, ha incorporado la defensa de la libertad de expresión?

Todo iba bien para el PRI hasta que Frank la Rue de súbito se dirigió con su oratoria hacia aquel tema pendiente del Congreso mexicano como es la federalización de las agresiones y delitos cometidos contra periodistas y los medios de comunicación.

Y argumentaba su dicho diciendo que no es que no puedan enfrentar tal delito los códigos penales estatales o los procedimientos penales, o porque sólo los sistemas federales funcionen, sino por el hecho inobjetable de que en México  el crimen organizado cobró ya dimensiones enormes, muy poderosas, que desafía al poder estatal y no digamos al poder municipal. Y remachaba: Federalizar este delito es importante porque sólo el Estado federal tiene la fuerza y el peso político que se necesita para perseguir a los responsables de estos actos de violencia y garantizarle la seguridad a los periodistas.

El senador perredista Carlos Sotelo se puso con prontitud al lado de Frank la Rue, apuntalándole el dicho de la federalización del delito contra periodistas.  Pero el PRI respingó. Y lo hizo nada menos que en voz del influyente senador Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República.

Federalizar el delito, sin mirar la “integralidad” de todo el sistema de justicia penal, decía Pedro Joaquín, es como mirar  sólo a los árboles y no al bosque.  Y caer, insistía el priísta, en un gatopardismo.

Y apostillaba el quintanarroense: “Tiene que hacerse de fondo”. E insistía en que ya lo ha dicho en su informe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que “tampoco la instancia federal está llevando a cabo las averiguaciones previas conforme a derecho”.

Era evidente que el priista no perdía de vista el ángulo político. La federalización del delito contra periodistas podría ser utilizada como arma política por parte de la Federación contra los gobiernos estatales. Nunca lo dijo así; pero todo el mundo lo entendió de tal modo.  Como también se interpretó como una defensa a ultranza de gobiernos estatales y municipales que no han hecho gran cosa para investigar crímenes contra periodistas.

Pero las estadísticas que Pedro Joaquín mencionó al relator tampoco tienen desperdicio: 85% de las víctimas en México no acuden a denunciar los delitos; 99% de los delincuentes en México no terminan condenados, quedando impunes sus delitos; 92% de las audiencias en los procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez; 80% de los mexicanos afirma que se puede sobornar a los jueces; sólo 60 de cada 100 órdenes de aprehensión se cumplen;  la mitad de los presos en México no han recibido sentencia condenatoria; 70% de los detenidos en el DF, capital del país, no fue asistido por un abogado mientras se le privaba de su libertad; y del 30% que sí tuvo asistencia de un abogado, unos 20 no pudieron hablar con él a solas.

Pedron Joaquín entonces pedía al relator de la ONU que en vez de apoyar la federalización del delito contra periodistas, deberían ayudar a convencer a “otras instancias” (se refería al Gobierno federal) “de enfrentar el crimen con un sentido de integralidad”.

A Frank de la Rue con el panista Felipe González González le fue peor. El aguascalentense dio a entender a la concurrencia que los periodistas cuasi se lo merecen. Y hasta hizo un comentario que nadie le había pedido: “Y bueno, por lo de la difamación, que sí se quitó, nada más hubo un voto en contra de quitarlo, aquí en el Senado. Y fue el mío. La verdad de las cosas hay muchos (periodistas y medios de información) que se han excedido y nos dejan en indefensión”.

No era una casualidad que este individuo que ahora cobra como senador llevara la voz cantante en representación del partido en el gobierno.  Como tampoco ha sido una casualidad que  la federalización del delito contra periodistas no se haya logrado concretar en el Congreso de la Unión, porque, precisamente, en el Senado de la República, está congelada la minuta de la federalización de marras que envió la Cámara de Diputados en abril pasado. Permanece en la Comisión de Puntos Constitucionales, adonde el control lo ejerce ese sector del PRI al que pertenece Pedro Joaquín Coldwell.