Tren parlamentario

El informe presidencial

En la Cámara de Diputados, a partir de este viernes, se han comenzado a reunir los coordinadores parlamentarios para discutir la probabilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones. El tema de seguridad pública es, sin duda, el que más gravitaría; pero hay otros que también estarían formándose en la lista de pendientes urgentes, como lo es la reforma al Artículo 69 Constitucional, en su párrafo primero, relativo al informe presidencial.

Una reforma al Artículo 69 negociada y conseguida en 2006 por el PAN, PRI y PVEM, desobligó totalmente al Presidente de la República –en este caso, el hasta ahora único beneficiario, Felipe Calderón-- de entregar él, personalmente, el escrito correspondiente al Congreso de la Unión.

Pretextaban entonces priistas, panistas y pvemistas –a manera de argumentación-- que debían cambiar las condiciones de la entrega-recepción del informe de marras para que ya no siguiera siendo un espectáculo circense el encontronazo entre el titular del Ejecutivo y ese sector de la oposición que, desde 1988, se ha sentido muy agraviada por el autoritarismo de quienes han ocupado la Presidencia de la República.

Gracias a esta modificación constitucional prohijada por el PRI, PAN y PVEM, Calderón no ha regresado a San Lázaro desde que el primero de diciembre de 2006 llegó por la banda presidencial y para la juramentación por la puerta de atrás. Y esto es literal.
Cada primero de septiembre, fecha en que el Ejecutivo debe entregar el informe anual sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal, Calderón ha enviado al secretario de Gobernación con un manojo de citas, cifras y datos que en realidad no termina de dar sino un mes después, y aún parcialmente, cuando la mayoría de sus secretarios encargados de los despachos presidenciales se apersonan ante comisiones para la glosa.

El cambio constitucional aquel fue, en los hechos, una verdadera catástrofe para las funciones de contrapeso del Congreso de la Unión. Si bien el día del informe presidencial ya un sector de la sociedad mexicana veía el encuentro como un show, era entonces –en la práctica- un rasgo leve de control político directo al Presidente de la República.

Insultar a un hombre de tanta investidura y poder, o gritarle su ineptitud y falsedad, no ha sido en ninguna parte del mundo siempre bien visto, pero al final de cuentas en México gritarle eso y más a un Presidente, y en cadena nacional, no es del todo malo para la salud de una República tan necesitada de la catarsis y tan agobiada por el autoritarismo y el desfasamiento entre la clase política y los ciudadanos.

En aquella reforma, el sector de la oposición que se opuso a la reforma del Artículo 69, en los términos livianos con que se hacía, reclamaron en la tribuna, una y otra vez, que se debía aprovechar el momento de hacer una gran revisión a la relación de pesos y contrapesos de la República.

Ponerle candados y controles al Presidente sería un gran paso para el país. Permitiría avanzar al Congreso en su papel de contrapeso político y trascendería el Poder Legislativo mexicano el territorio de la farsa en el que suele desenvolverse casi siempre.

El Congreso mexicano está lleno de herencias de un sistema presidencialista que el PRI, durante siete décadas, torció a su conveniencia. Y su conveniencia siempre fue girar en torno de un Presidente de la República todopoderoso, en torno del cual siempre estuvieron subordinándose a él el resto de las instituciones. No está ociosa la frase aquella, en la actual Constitución, de que el Ejecutivo es el poder supremo de la Unión…

En 2006, evidentemente, el PRI y el PAN –y esa rémora del priismo, como siempre ha sido el PVEM-- sólo tocaron el Artículo 69 para quitarle presión a Calderón, que llegaba con la chapa de espurio e ilegítimo y ladrón traslapada en el cuero a tal grado que a casi cuatro años de su ungimiento esos estigmas todavía los trae ahí.

Este jueves, en comisiones, el PRI ha deslizado la idea de que es necesario cambiar el 69 Artículo Constitucional, para que el Presidente de la República vuelva a San Lázaro, ante el Congreso General, para entregar por escrito su informe y para que emita un discurso breve que tendría que ser acompañado, a manera de respuesta, de otro que pronuncie el que entonces presida al Congreso de la Unión.

Es la misma gata sin necesidad de revolcarla. El PRI pretende que las cosas regresen como estaban antes de 2006. Y la oposición que entonces rechazó la enmienda aquella, ahora ha vuelto a insistir en que sea una reforma que nutra verdaderamente la función de contrapeso del Congreso sobre el Ejecutivo. El PAN, matrero como entonces, calla. El riesgo está no en el hecho de que, en un periodo extraordinario, vuelva el tema a ser un proceso legislativo, sino en que otra vez las cosas cambien para quedar igual. O peor.

Y el Congreso siga patinando en su papel de simulación, sobre todo cuando se trata de someter a un Ejecutivo Federal que cada día que pasa se ve necesitado de echar mano de la fuerza para gobernar. Un ejemplo como botón de muestra: los legisladores no tienen el poder para obligar al Ejecutivo a que rinda informes reales, sobre determinados estados de la Administración Pública Federal.

Éste les informa de lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Pero habrá que ver la agenda sobre el periodo extraordinario.