Tren parlamentario

Dicen que hacía la medianoche y por una barda derruida, de atrás de las instalaciones, unos tres mil soldados comisionados en la Policía Federal Preventiva ingresaron a la mina de Cananea y dieron por concluida una huelga de tres años tan histórica como la que ocurrió en el año de 1906, el acontecimiento precursor de la Revolución Mexicana de 1910 resellado entonces también por una sordera similar a la que ha ocurrido ahora: el actual Presidente, Felipe Calderón, había sido exhortado dos veces por el Congreso de la Unión a no usar la fuerza bruta para resolver el conflicto laboral aquel. Pero éste, de plano, ensordeció.

En 1906, en lo que se conoció como la “cuna de la revolución”, la empresa que usufructuaba la mina se llamaba “Cananea Consolidated Copper Company” y su dueño no otro que William Greene, un militar estadounidense tan insolente como criminal. En estos años, incluido por supuesto el 2010, la mina ahora ha pertenecido a Germán Larrea, quien también es dueño —a través de Grupo Minero México— de las no menos emblemáticas minas de Pasta de Conchos (Coahuila), Taxco (Guerrero) y, entre otras, Sombrerete (Zacatecas).

Y un común denominador han tenido estos dos: Mientras que Greene fue protegido por el presidente Porfirio Díaz al extremo de que éste envió un grupo de soldados mexicanos para desalojarlos… matando incluso a más de una docena de trabajadores, ahora a Germán Larrea el Presidente Felipe Calderón lo ha levantado en vilo y le ha enviado a soldados vestidos de policías federales para desalojarlos a como dé lugar. Y esto incluyó gases lacrimógenos y toletazos.

Otro común denominador, que ayer en los territorios del Congreso de la Unión comenzaba a ser visto con lupa, consistió en que los obreros de comienzos del siglo XX y los de comienzos del XXI coincidieron en cuando menos dos demandas: mejores condiciones para desarrollar el trabajo y el reconocimiento de sus derechos laborales.

En los casi tres años de huelga en Cananea, Calderón —el hombre, al final de cuentas, que ha estado atrás de la defensa de Grupo México, a través del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, que ha acaballado a la Constitución— fue invariablemente denunciado en las cámaras de Diputados y de Senadores de estar actuando desde el principio como un dictador, ni más ni menos evocador de un Porfirio Díaz defensor a ultranza de los empresarios más ricos del país.
—¿Harán la denuncia en la Comisión Permanente?— un reportero preguntó a Agustín Guerrero, uno de los diputados federales del PRD que simpatizan con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador.

Y Guerrero respondió: “Sí. Ya habíamos aprobado la semana pasada un Punto de Acuerdo, por unanimidad, de diputados y senadores incluidos los del PAN, para exhortar por una solución pacífica del conflicto de Cananea. Pero, ya lo vemos, Calderón lo entendió al revés”.

Y anunciaba entonces que este miércoles, mañana, impulsarán otro Punto de Acuerdo, en el que exhortarán de nueva cuenta a Felipe Calderón a “respetar la Constitución”. Y tildaba entonces el desalojo de “impune acción totalmente ilegal de Felipe Calderón”.

Tiene que retirarse la fuerza policíaca, decía también. Y para que el conflicto se solucione, insistía, “tiene que cancelarse la concesión al Grupo México de Germán Larrea”.

Dos diputados muy prominentes por su fuerza real fuera del Congreso han emitido un posicionamiento grave: Cruz López Aguilar, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y legislador del PRI, y Francisco Hernández Juárez, diputado perredista y líder de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), condenaron el desalojo y afirmaron que a partir de ayer mismo más de 50 organizaciones sindicales, campesinas y civiles rompen relaciones con el Gobierno federal.

En medio de ellos, Genaro Arteaga, un representante del sindicato minero, decía en la conferencia: “Sabíamos que intentarían la agresión durante el mundial de futbol, pero el Gobierno se nos adelantó. Entraron por atrás, quemaron instalaciones y han golpeado y han herido a compañeros, incluidos niños y trabajadores de Estados Unidos y Canadá que se solidarizaban con nosotros. Es un acto fascista”.

En torno del desalojo de Cananea, iban y venían otros elementos de la información de este mismo hecho: Larrea, el izado dueño de Cananea, repetía cifras similares a las que, en Ciudad de México, decía Javier Lozano Alarcón: que la inversión será fuerte y que los trabajadores volverán a tener un trabajo.

Napoleón Gómez Urrutia, por la vía telefónica y desde la clandestinidad a la que se le ha obligado, arengaba a sus compañeros a no asistir a la convocatoria de la liquidación. Y éstos le han secundado. Y en Pasta de Conchos, fuerzas del Gobierno estatal han actuado en operación similar, entre la medianoche y la madrugada, desalojando la mina donde 65 mineros murieron el 19 de febrero de 2006.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue arrebatada con gran ímpetu por el conflicto minero en el Norte del país. Anoche, desde Xicoténcatl, podía mirarse con claridad cómo el país se coloca en el umbral de un conflicto de proporciones inéditas, adonde si no se rajan los priistas de la CNC, estos fierros que han arrojado los del Gobierno federal a la lumbre adquirirán tal temperatura que ya se verá si de veras es capaz Felipe Calderón de dejar el país para apersonarse el viernes próximo en Sudáfrica, como todavía, ayer al mediodía, muy oronda y muy cínica la Presidencia de la República lo confirmaba.