Tren parlamentario

Las ráfagas que han matado a dos estadounidenses y un mexicano en Ciudad Juárez, este fin de semana, empujaron a México y Estados Unidos hacia territorio de lo inédito, adonde los intereses geopolítico y militar de los norteamericanos no serán, propiamente, los intereses históricos del país.

“Se hará lo necesario”, había dicho desde temprano Hillary Clinton, la secretaria de Estado de aquel país, cuando, en Juárez, ya arribaban agentes del FBI para ir, directo, a la investigación de los crímenes.
Y esa frase corta en labios de la segunda de a bordo del país más poderoso del mundo desencadenó de inmediato resquemores en el Congreso mexicano. Y no han faltado quienes, desde los patios y pasillos, vaticinen un tiempo nublado para el país, porque en la historia de los gringos no han figurado, propiamente, las intervenciones para la ayuda desinteresada.

¿Hasta dónde el Gobierno estadounidense querrá también hacer la parte que le corresponde en esta lucha contra el narcotráfico?, barbotó con ímpetu una pregunta que se aupará, sin duda, sobre la vida política y legislativa de México de las próximas semanas.

Matones profesionales, de esos que abundan en Ciudad Juárez, “cruzaron una línea –así lo decía este lunes el edil, José Reyes Ferriz-- que nunca antes se habían atrevido hacerlo”: asesinar a estadounidenses, para incorporarlos con su tableteo de muerte a la estadística de los casi 19 mil hombres y mujeres ejecutados en lo que va del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

La frase ominosa, temible, de Hillary Clinton provocó reacciones en el Senado mexicano: “No puede México estar cargando con los muertos y los norteamericanos con el consumo y la exportación de las armas”, dijo Gustavo Madero, coordinador de los senadores de Acción Nacional. Y hacía votos por que el Gobierno de Barack Obama ahora sí “tuviera un mayor compromiso, involucramiento y reconocimiento de que el combate al narcotráfico implica una cooperación bilateral”.

Tenía su peso específico la declaración de Madero, por ser el hombre de Calderón en el Senado: “No se trata de volver al pasado”, había insistido el panista, “ni de transar ni hacerse ‘tontos’, sino de revisar siempre qué cambios tácticos, qué ajustes y qué planes deben cambiarse para lograr mayor eficacia en la lucha contra ese flagelo”.

José Reyes, alcalde de Juárez, había dicho este lunes que el involucramiento directo de los Estados Unidos en la guerra contra los narcos: “Tendrá efectos de gran importancia en el combate al crimen en la franja fronteriza”.

Pero los senadores y diputados, ayer, miraban los efectos “colaterales” que tendría un intervencionismo directo de aquel país, en territorio mexicano, ya sea a través de sus agentes o incluso con el envío de tropas.
El presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete, opinó: “Estoy enormemente preocupado. Hoy en la mañana vi los detalles de lo de Juárez; estamos llegando al límite, y el hecho de que lo que pasa en Juárez genere la indignación de un presidente de Estados Unidos, le agrega un elemento extra a la gravedad”.

Navarrete hizo entonces una de las declaraciones más importantes que él ha hecho en su periodo de líder senatorial: “Lo que está claro es que en Ciudad Juárez hay una responsabilidad municipal, estatal y federal. Y yo espero que también el Gobierno norteamericano con la indignación que tiene llegue a comprender la gravedad de que nuestro país esté infestado de armas norteamericanas”.

Y apostillaba: “Los asesinos que atentaron contra jóvenes en Juárez y que alcanzaron incluso a familiares del personal del Consulado (norteamericano), utilizaron armas norteamericanas, que se venden impunemente en el lado estadounidense y que pasan tranquilamente por la frontera. Dramáticamente, el presidente Obama ha visto ahora las consecuencias de no haber parado la venta de armas y las consecuencias de que en México la impunidad no haya podido ser combatida”.

No hace mucho, por cierto (2009), voces de los poderes Ejecutivo y Legislativo mexicanos urgieron al Gobierno de Obama a que combatiera con decisión el contrabando de armas en su país. Y, para ello, tendría que hacer algo para que las armerías que pululan del lado gringo de la frontera ya no vendieran armas a cuanto individuo se las comprara, a sabiendas de que ese río de armas van a parar a manos del crimen organizado en México.

Entonces el Gobierno y Congreso estadounidenses argumentaron que la compra de armas en ese país es legal, porque lo permite la ley. Una ley, a todas luces, justificada en la defensa de la oferta y la demanda.

De ahí la pregunta aquella que barbotó con un gran ímpetu ayer, en el Senado mexicano. Habrá que ver si los estadounidenses optan por enviar agentes a territorio mexicano, antes que combatir el feroz consumo (más de 30 millones de gringos le tupen, con singular alegría, a la cocaína, mariguana y anexas) y restringir la venta de su siempre floreciente industria de las armas.

Si sólo se empeñan en hacer lo primero, estarían justificando el vaticinio aquel de que comenzarán a responder sólo a intereses geopolíticos.