Tren parlamentario

La inseguridad como común denominador

El factor de la inseguridad bajo el cual vive hoy el país se convirtió esta semana en el común denominador del relacionamiento de los poderes de la República.

El martes, la Cámara de Senadores recibió la visita de los cinco hombres más importantes del gabinete de la seguridad nacional. Dar información y argumentar en torno de la política de seguridad pública del régimen, fue la motivación fundamental de una reunión atrapada de por sí por la polémica.

Bajo la justificación de que aportarían ellos información privilegiada, los cinco del gabinete presidencial se dieron una encerrona con senadores de todos los partidos políticos. Y cuatro días después, es hora de que ninguno de los legisladores ha dado mayor información que la que decidieron aportar los senadores cupulares al término de la comparecencia, en un boletín especial.

Ese día, el que llevaba la voz cantante no era otro que Guillermo Galván, el secretario de la Defensa Nacional, quien contrario a la costumbre de sus antecesores —hombres alejados de la oratoria oficial— se le ha visto últimamente leyendo discursos con dedicatoria expresa a la clase política representada en el Congreso de la Unión.
Ese martes, en el Senado, Galván urgió a los legisladores a que, mediante reformas de leyes, otorguen más facultades legales a los militares para ampliar sus márgenes en la lucha contra el crimen organizado .

Este viernes, durante la celebración del Día del Ejército, Galván volvió a insistir en que “ante estas nuevas realidades, asimetrías y desafíos las reformas a la Ley de Seguridad Nacional se estiman impostergables”. Y añadía: “El tener definidas nuestras atribuciones, el que la comunidad las conozca y avale los procedimientos, abonará también a lograr una más estrecha relación cívico militar”.

Fueron párrafos sin desperdicio; como el siguiente: “La delincuencia es un enemigo que se mimetiza, se mueve y se escuda en el seno de la propia comunidad. Es un adversario que no respeta ley alguna y que sólo responde a un código: el del lucro y la muerte”.
Desde que habló por primera vez Galván, en enero, pidiendo más atribuciones, la oposición en las dos Cámaras respingó con fuerza y colocaron la solicitud en el casillero de las sospechas.

Nunca antes, el ejército había sido tan cuestionado dentro y fuera del país. Se le ha acusado de represor a ultranza. Incluso se le ha relacionado con aquel ejército de los años 70, cuando combatía de manera sucia a los guerrilleros, desapareciendo gente, matando, reprimiendo, robando.

Detrás de esas propuestas, han dicho opositores del PT, PRD y Convergencia, estaría la intención gubernamental de criminalizar la protesta, y entonces combatir con el ejército a la movilización social, tan provocada estos años por la manera tan inepta de ejercer el poder público por parte de Calderón.

No es gratuito que el discurso principal en fechas principales sea el que pronuncia el secretario de la Defensa. No hay cara oficial más dura en un gobierno que la del responsable de las fuerzas armadas, y, evidentemente, el acuse de recibo no sólo va para los criminales, sino también para los inconformes sociales y políticos.

Ayer, en su iniciativa de Ley Antisecuestros, el presidente Felipe Calderón ha recibido de inmediato críticas dentro y fuera del Congreso. El endurecimiento de las penas como común denominador.
No ha ido acompañada la propuesta presidencial de otras reformas que pudieran ir a tono con la supuesta estrategia cambiada en regiones como Ciudad Juárez, a donde en el discurso el presidente ha dicho que bordarán sobre un deshilachado tejido social, poniéndose a mirar hacia la estimulación deportiva, la cultura y los valores. Pero, sobre todo, a la educación, que, por cierto, ha dejado fuera de las aulas a más de siete millones de jóvenes con edades de entre los 14 y 29 años.

Coincidentemente, es el lapso de la edad de la mayoría de los individuos que se han contratado como sicarios de las diferentes pandillas del crimen organizado.

El sentido de las palabras de Galván marcan, sin duda, el rumbo por donde la actual administración pública federal pretende llevar al país, en los años que vienen, tiempos por cierto en que se bifurcarán el factor de la inseguridad con el factor de la lucha por el poder.