Tren parlamentario

Desde temprano el Congreso de la Unión se había convertido en el eco de demandas, reclamos. Exigencias. El Ejecutivo federal estaba obligado a enviar un nuevo presupuesto. Y lo tenía que hacer pronto y en los términos que el sentido común dictaba: un gasto público que apuntalara a la economía interna del país, sea mediante la construcción de la infraestructura donde se necesite, sea mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que en conjunto dan 94% del empleo en el país.

Súbitamente aparecía a cuadro de televisión el Presidente Felipe Calderón con su mensaje aquel, que tan pronto concluyó, diputados en San Lázaro como Susana Monreal Ávila tildaron como el reconocimiento implícito de que el Gobierno no sólo no ha sabido gastar (los subejercicios que ahora le barbotan por doquier, con la consiguiente afectación a las economías diversas del país), sino reconociendo también que sus reglas de operación nunca fueron ágiles —como se los restregó desde el principio la oposición, particularmente el PRD y PRI—.

Pero, también, el reconocimiento tácito de Felipe Calderón de que a sus secretarios encargados de despachos les faltó “profesionalismo y capacidad”.
El mensaje, visto desde San Lázaro, era algo así como un mea culpa, o un acto de contrición. Aunque, obvio, sin reconocimiento o admisión de por medio. Y con sus desconfianzas y dudas sobre el propósito que motivaba a Calderón hacia sus reformas emergentes.

Felipe Calderón de pronto ha salido con que destinará 12 mil millones de pesos para el inicio de la construcción de una nueva refinería en el país.
Este hecho, por sí mismo, cimbrará los territorios donde ahora se sigue discutiendo la reforma energética, porque ahora resulta que Calderón ha salido exactamente por la puerta opuesta a la que él había insistido entrar: la construcción de una refinería pero con inversión privada, de indefectible procedencia europea y norteamericana.

Susana Monreal decía anoche: “Ha reconocido que es inviable su reforma (energética). Creo que está aceptando que su reforma energética no sirve, no va a salir, porque apostaba a inyectar capital extranjero y privado. Y ahora acepta que el Estado no puede desentenderse de esta obligación y no puede trasladar esta responsabilidad a los marcados volátiles”.

Y a Calderón, la diputada, le remachaba: “Hoy asume que el control (de la industria petrolera) debe seguir teniéndolo el Estado”.
Ya noche, 21:00 horas, el grupo parlamentario del PRD emitía un comunicado en el que preguntó a Calderón qué ha sucedido con el Fondo Nacional de Infraestructura. “¿Qué pasó? ¿Dónde estuvieron esos fondos y qué se hizo de ellos de febrero a la fecha?”, preguntó el vocero Camerino Márquez Madrid.
Hacía varias horas, por la tarde, los grupos de oposición en San Lázaro habían acordado llamar a comparecer –sin fecha fijada de por medio- al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, que hacía unas horas, por cierto, había dispuesto emitir inyecciones de dólares (de la reserva) para contener el avance del dólar, que desde la víspera ya tenía al peso sangrando del hocico con sus 12.40 al tipo de cambio.

Una propuesta fresca, que llamó la atención de inmediato, fue la que trajo a San Lázaro la gobernadora de Zacatecas Amalia García Medina: la creación de un Fondo Especial para la Atención a Migrantes. Propuso que iniciara con 7 mil millones de pesos. Le tomaron la palabra de inmediato los diputados, y se prevé que ese Fondo se colocará en la misma línea del presupuesto que planteó anoche Felipe Calderón, de quien en el pasillerío de San Lázaro anoche se decía que debería darles el crédito de su decisión al PRI –que en los días recientes tanto insistió en el fortalecimiento de la economía interna- y al mismo Andrés Manuel López Obrador.

VICENTE BELLO