Tren Parlamentario

A tiro de piedra de que comience el periodo ordinario de sesiones, este primero de septiembre, es bueno recordar para qué sirve el Congreso de la Unión. Y si realmente hace su trabajo o sólo simula hacerlo.

El nombre oficial del Poder Legislativo en México es Congreso General y tiene dos funciones: servir de contrapeso político del Ejecutivo federal y construir leyes. Pero, ¿cuál de estas dos funciones es la fundamental?

Estudiosos del Derecho Parlamentario en México y resto del mundo han coincidido desde hace muchos años en afirmar que la función esencial del Poder Legislativo consiste en aplicar el control político sobre quienes ejercen el poder público. Y a la segunda, la de hacer leyes, se le ha considerado como un paso natural derivado del ejercicio de la primera función.

Este argumento se sustenta en el principio aquel que el Barón de Secondat planteó en su ensayo El Espíritu de las Leyes en 1748, cuando propuso que el poder tenía que fragmentarse para controlarse a sí mismo.

Sin un poder con facultades legales que pudiera hacer contrapeso de quienes ejercen el poder, éstos tenderían a abusar indefectiblemente, y se ponía entonces como ejemplo a la perniciosa costumbre en la historia de la Humanidad de abusar de quien no se defiende, o es lo suficientemente débil para no hacerlo.

Al equilibrio del poder se le ha dado en llamar juego del peso y el contrapeso.  Y allí se han ido muchos años, muchos esfuerzos y muchas instituciones a lo largo de la vida de la República.

Hay personas, sin embargo, que afirman que la más importante función del Congreso mexicano es la de fabricar leyes, y entienden esto como la obligatoriedad de los legisladores de atender todo lo que el Ejecutivo federal envíe a manera de iniciativas, más a manera de refrendo que de discusión con fines de modificar planas al Presidente de la República.

Tal gente suele ser, casualmente, miembros del grupo que ostenta el poder presidencial o del partido político al que pertenece el Presidente. Sucedía con los priistas cuando estaban en Los Pinos; ahora con los panistas.

Si se plantea uno que la función esencial del Congreso General es ejercer el contrapeso del Ejecutivo, entonces hay que decir que el Poder Legislativo tiene mucho trabajo que hacer para robustecer su principal labor de equilibrar el poder público.

La función de marras está, sin duda, sustentada en muchos artículos de la Constitución. Pero no hay uno solo en donde se diga explícitamente que el Poder Legislativo es el contrapeso del Ejecutivo federal.

Los legisladores, como parte de ese gran trabajo que tienen, tendrían que incluir en sus agendas legislativas un serial de reformas a la Ley Orgánica del Congreso y a la Constitución misma, mediante las cuales tendrían que retomar la preeminencia jurídica sobre el Ejecutivo federal.

Quienes se oponen a ello, regularmente gente del partido político que ostenta el poder presidencial en turno, argumentan que estamos en un sistema presidencialista y no en uno parlamentario.

Y en tanto se ponen de acuerdo o no, hay frases en la Constitución que rememoran  años de autoritarismo del siglo XIX, como en que se le da al Ejecutivo trato de “Supremo Poder Ejecutivo de la Unión”, que por cierto ahora algunos senadores como Monreal han exigido que se le suprima.

Un poder que se jacte de ser el contrapeso político, tendría que tener la fuerza jurídica necesaria para obligar a toda autoridad pública a rendir cuentas de todo cuanto se le requiriera.

Y cuando se habla de toda autoridad, se refiere uno desde el Presidente de la República hasta el más modesto servidor público de las administraciones públicas federal, estatales y municipales.

El Congreso de la Unión, para infortunio del país, no tiene las facultades jurídicas suficientes para obligar a todo servidor público a rendir cuentas. A veces da la impresión de que el desorden que actualmente agobia al país comienza con sus propias instituciones, que no son capaces de someter al imperio de la ley a sus propios hombres públicos.

Ejemplos hay de sobra, pero baste uno muy a modo con las fechas: el Presidente debería rendir cuentas pormenorizadas de lo que hizo o no durante su Gobierno en el año. No lo hará por una sencilla razón: la Constitución no se lo exige; como tampoco la Constitución ayuda gran cosa al Congreso para obligar al Ejecutivo a la rendición de cuentas que el país tanto necesita.

Así como están las leyes actualmente,  el Presidente puede decir lo que desee, o hacer lo que le convenga, sin que haya un poder de la Unión capaz de someterlo a juicio si miente o si delinque, aun deliberadamente.

Con excepción de algunos legisladores, y estos por lo regular de todos los partidos políticos, la mayoría  poco o nada han querido hacer realmente para fortalecer el Congreso de la Unión, algunos porque son tan de minoría que no pueden, y otros porque suponen que es conveniente tener un Poder Legislativo debilitado para cuando se llegue a la Presidencia de la República.

A sabiendas de lo grave que es para la República no poder ejercer un auténtico equilibrio entre los poderes, la mayoría desgraciadamente ha optado por seguir viviendo en la simulación.