Tren Parlamentario

Aquella cifra trágica, de los 16 mil niños y niñas desaparecidos de sus hogares en México cada año, ha vuelto a barbotar, siniestra, ominosa. Y detrás de ella se ha asomado un delito que, sin duda, ha rebajado todavía más a las instituciones del Estado mexicano: la trata de blancas.

En la argumentación de un Punto de Acuerdo, que recién turnó a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente la diputada de Nueva Alianza Cora Cecilia Pinedo Alonso, se ha advertido que México es el segundo país en el mundo, después de Tailandia, con más víctimas de trata de blancas. Y, de paso, ha hecho mención de las entidades mexicanas más utilizadas por quienes explotan sexualmente a mujeres, pero también a niños y niñas.
Cora Cecilia afirmó: “El municipio de Tapachula, Chiapas, es el lugar donde se realiza la mayor venta de mujeres, niñas y niños con fines de trata de blancas, y muchos de ellos son redistribuidos hacia Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y el Distrito Federal”.

La diputada incluso ha citado un estudio de la Organización Internacional End Chile Prostitution Chile Pornography anda Traffiking for Sexual Purposes, en el que se afirma que, en la ciudad de Tapachula, “son prostituidas adolescentes centroamericanas en mil 552 bares y burdeles, y otros municipios fronterizos”.

El estudio de marras, según la legisladora, refiere que “justamente la mitad de esas niñas centroamericanas, provienen de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Oscilan entre los ocho y 14 años de edad y fueron vendidas por los tratantes en 200 dólares cada una”.

La trata de blancas, se ha dicho reiteradamente en los territorios del Congreso de la Unión, es el rostro descarnado de la esclavitud del siglo XXI. Y, de 1997 a la fecha, se le han dedicado en San Lázaro y Xicoténcatl casi una docena de reformas de ley. Incluso, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Antisecuestro, que en ciernes están todavía, hacen referencias al delito de marras.

Esa batería renovada y fortalecida de leyes, dedicadas desde hace una docena de años a fortalecer la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables como son los niños, niñas y mujeres, no ha tenido sin embargo eco en su utilización por parte de las autoridades correspondientes.

Hay una resistencia casi endémica de las autoridades encargadas de combatirlo, de no enfrentar la trata de blancas como tiene que enfrentarse. Además de la complicidad manifiesta de muchas autoridades, las víctimas de este tipo de delitos tienen que padecer una cultura tremendamente distorsionada de quienes, siendo autoridades –sean policías, ministerios públicos o jueces--, actúan como si los niños, niñas y mujeres fueran seres inferiores.

No hay que ir muy lejos para confirmar cotidianamente cómo este crimen bestial se multiplica por casi todas las ciudades de la República. Verbigracia: En la Ciudad de México, a unas cuantas calles del Palacio Legislativo de San Lázaro, el negocio de los proxenetas sigue en voga en Circunvalación y Corregidora.

En medio de esa prostitución tolerada evidentemente en todas las ciudades del país, por las razones que fueran, persiste como una mala hierba la trata de blancas, que en palabras menos domingueras no significa más que la explotación sexual de mujeres, niñas y niños por la vía de la violencia física y psicológica.

En estos días de debate en torno de las leyes que tienen como propósito fortalecer el combate del Estado mexicano contra el crimen organizado --entendido éste básicamente así en referencia a narcotraficantes, secuestradores y tratantes de blancas--, la oposición ha criticado severamente la incapacidad que han demostrado casi todas las autoridades del país para hacer valer la letra de la ley.

Ahora, por ejemplo, cuando se habla tanto de construir la Ley de Seguridad Nacional y las diversas reformas que confluyen en el combate del secuestro, los opositores insisten en que hay leyes que fueron hechas para partirles el eje a todas ese bandidaje que agobia al país, y no han sido realmente utilizadas. Caso concreto de ello es la Ley de Extinción de Dominio.
Es evidente que al Gobierno de Felipe Calderón le han estado temblando las corvas para expropiar propiedades de narcotraficantes y demás ralea. Y tampoco ha hecho gran cosa el Gobierno federal para, aquí sí, reformar leyes orgánicas que eviten la duplicidad –y quiten de paso el pretexto-- de instituciones que no quieren combatir el lavado de dinero.

Entretanto, esas malas hierbas siguen creciendo.