Tren Parlamentario

La cifra despabiló a todos. Se esperaba abultada; pero no tanto. “Las ocho mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado durante 2009 representan una clara muestra de la situación imperante en el país”, soltó Raúl Plascencia Villanueva en esto que fue su primer informe mensual ante el Congreso de la Unión como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y remachaba: “Este fenómeno que lastima profundamente a la sociedad ha cobrado la vida de muchos seres humanos y ha dejado a otros debatiéndose entre la vida y la muerte”.

Esa y las otras cifras terminaron ayer convirtiéndose en la radiografía de un país convulsionado en su desarrollo humano, económico, político y social. Plascencia dijo: “La crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones e incluso el entorno global, incrementaron la actividad delictiva.

Secuestros, robos, atentados contra migrantes, abusos contra los grupos más vulnerables, así como la imposibilidad real de disponer de recursos suficientes para enfrentar los principales reclamos sociales por parte del Estado, generaron un sinnúmero de situaciones críticas en el país”.

Se esperaba un informe crudo; pero no tanto, se escuchaba decir en el pasillerío. En los hechos, describía el titular de la CNDH un país con muy serios problemas de gobernabilidad, donde la corrupción, los abusos y la impunidad barbotan con ímpetu de las instituciones mismas del Estado encargadas de enfrentar estos flagelos.

En 2009, ya decía Plascencia, las autoridades que más frecuentemente fueron señaladas como violadoras de los derechos humanos, en ese orden de aparición, son: Secretaría de la Defensa Nacional; Instituto Mexicano del Seguro Social, Procuraduría General de la República.

Y en la Federación, las autoridades que también contribuyeron con el desorden derivado de la impunidad, son: los gobernadores de los estados de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca; también el jefe de Gobierno del Distrito Federal, y, particularmente, los presidentes municipales de Acayucan, Veracruz; de Jiménez, Michoacán; de Oaxaca de Juárez; Olinalá, Guerrero, y Tijuana, Baja California. Y ha hecho mención expresa del procurador general de la República y de los secretarios del Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores; también del director general de Petróleos Mexicanos; de los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía; del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud federal y hasta del Congreso de Sinaloa.

Ha planteado, de entrada, dos reformas legales: que a todas las autoridades que no acepten las recomendaciones de la CNDH sean llamados al Congreso a “fundar y motivar sus acciones u omisiones. Y en caso de que tampoco con el Congreso quieran informar, que se les finquen responsabilidades para la omisión en respetar los derechos humanos”.

En la radiografía de la impunidad que ayer Raúl Plascencia Villanueva mostró al Poder Legislativo, sobresale lo siguiente:
“Hay una creciente discriminación” contra grupos juveniles como el de los Emos. Discriminación e intolerancia no sólo de algunos miembros de la sociedad, sino también de algunas autoridades.

Aludía, sin duda, a esos hijos del Yunque, que lo mismo aparecen en Puebla que en Querétaro o Guanajuato… Plascencia apostilló: “Autoridades que evidencian un problema de intolerancia social que requiere la atención coordinada por parte del Gobierno en sus tres órdenes”.

Habló también de cómo la CNDH fue testigo, durante 2009, “de cómo hombres, mujeres y niños emprendieron un camino hacia Estados Unidos bajo condiciones inhumanas y, generalmente, expuestos a los abusos de las autoridades de ambos lados de la frontera. O bien siendo víctimas del delito ante redes de delincuentes que amparados en la impunidad han encontrado en el tráfico de personas una forma de vida”.