Tren Parlamentario

El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), desde que nació, hace dos años y medio, se convirtió en una suerte de manzana de la discordia entre población y Gobierno, porque, en los hechos, es un gravamen draconiano y muy ilustrativo de la ruindad de la política recaudatoria del actual régimen.

Sus víctimas principales no han sido, obviamente, los grandes contribuyentes, que cuentan para darle la vuelta con sus abogados fiscalistas y grandes despachos, sino los micros, pequeños y medianos. Y ha sido, desde que la Secretaría de Hacienda lo activó, una sangradera, donde el Gobierno federal recoge la sangre y la vida de miles de personas que, literalmente, han estado dejando de comer para pagar el maldecido impuesto de marras.

Ha sido, sin duda, el impuesto que en México más ha concitado reclamos a la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, a la Presidencia de Felipe Calderón. Y sus padres putativos, el PAN y el PRI, hasta el momento lo han seguido avalando.

Pues ayer, martes 12, el IETU abrió una nueva página de protagonismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que ha decidido abrir una suerte de foro –en sus audiencias públicas- para que empresarios, abogados, legisladores y hacendarios emitan sus puntos de vista en el marco de un juicio de impugnación, derivado de la promoción de unos 32 mil amparos.

Los ministros de la Corte acordaron en su sesión de este martes que, como “medida excepcional”, escucharán la opinión de aquella gente, la mayoría especialista. Y entonces se pondrán a discernir con fines de resolución.

Si fallan en favor de los 32 mil contribuyentes que se han amparado contra el IETU, alegando que es inconstitucional, entonces dicha resolución aplicará para todos en general y estaríamos siendo testigos de la anulación histórica de un impuesto a todas luces injusto e inmoral. Y si no, pues estarían avalando la política recaudatoria del Presidente Felipe Calderón.

Pero, ¿qué está en juego? Algo así como 70 mil millones de pesos, que los diputados en octubre pasado calcularon que se recaudaría por el concepto del IETU y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (los dos gravámenes bajo juicio).

Apenas, el 4 de enero actual, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia expresaba a propósito del tema: “En este periodo de sesiones, el pleno conocerá, entre otros, los asuntos siguientes: los múltiples amparos relacionados con el IETU y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo. En ambos casos, propondré al pleno (de la Corte) la celebración de audiencias públicas para que los quejosos expongan sus agravios y las autoridades responsables puedan defender la constitucionalidad de sus actuaciones”.

¿A quiénes esperan, específicamente? Ayer, en la Corte avisaban que sólo recibirán a empresarios, abogados litigantes del Secretario de Hacienda, al procurador fiscal, diputados y senadores, abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, al Colegio Nacional de Abogados de México, Asociación Nacional de Abogados de Empresa y a los representantes del Consejo Coordinador Empresarial.

Qué bueno hubiera sido que Ortiz Mayagoitia también hubiera pensado en recibir la opinión de los pequeños y medianos contribuyentes, como los repecos, verbigracia.

Pero éstos, oh suerte, no fueron considerados por el ministro, y aquellos que sí fueron invitados ya hablarán, pero en favor de ellos mismos.

Estas segregaciones del ministro provocaron sospechas, dudas, en los territorios del Congreso de la Unión, ayer mismo. Y máxime cuando el acuerdo del pleno de la Corte ha coincidido con la versión de que en el Senado y en San Lázaro, ya el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo en los alcances y límites de lo que será anunciada muy pronto como la reforma fiscal.

“Es un show, un circo; pretenden los ministros sólo legitimar las porquerías”, decía, anoche, Mario di Costanzo, el diputado federal del PT que más sabe del tema hacendario y fiscal.

E Incluso, vaticinaba: “Los ministros hacen un foro abierto para legitimar lo que todo mundo sabe que es un impuesto regresivo e inconstitucional”. El IETU, insistía Di Costanzo, “sólo servirá para desviar la atención ahora cuando, en la reforma fiscal, se vuelva a hablar de los paraísos fiscales”.
Se refería a los regímenes especiales. “Me gustaría que, además de sobre el IETU, la Corte se pronunciara también en torno de la Consolidación Fiscal, la Depreciación de Activos, los Donativos”…

Por la mañana, en San Lázaro, el líder de la bancada petista Pedro Vázquez había dicho que Francisco Rojas Gutiérrez y Josefina Vázquez Mota –los coordinadores de las bancadas del PRI y PAN, respectivamente-- ya acordaron estos días en que la reforma fiscal saldrá tan luego inicie el periodo de sesiones en febrero. Y hasta han decidido, decía el petista, que el IVA baje a una tasa generalizada de 13%, en el que incluirán a alimentos y medicinas.

Y volverán a pasar de largo, priistas y panistas, sin mirar hacia regímenes especiales como el de Consolidación Fiscal. Y refrendarán el IETU, como la gran medida draconiana que tiene a los pequeños y medianos contribuyentes virtualmente contra las cuerdas, a pesar de su inconstitucionalidad evidente.

Martes 12. Enero de 2010. Eran los primeros ecos de la reforma fiscal que viene. Y el 22 de este mes, la Corte tendrá en sus oídos al IETU.